Hoy, 30 de octubre de 2019, la alianza de organizaciones por los derechos humanos conformada la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la organización Surkuna, la Fundación Idea Dignidad y la organización Amazon Frontlines presentaron el Informe de verificación sobre DDHH durante el paro nacional y levantamiento indígena del 3 al 13 de octubre de 2019 en el Ecuador.
Esta Alianza surge ante la necesidad de monitorear y documentar posibles violaciones a derechos humanos a raíz del inicio del paro nacional de transportistas que inició el 3 de octubre y la declaratoria de estado de excepción, que constituyen el contexto en el que
se enmarca el trabajo hasta la presentación de este informe de 105 hojas. Asumimos el trabajo como colectivo, fundamentado en un análisis crítico que se basa en los principios de interculturalidad, cooperación, reciprocidad, complementariedad, rigurosidad y transparencia.
Informe completo: aquí
– Personas detenidas
El Ministerio de Gobierno, en rueda de prensa informó de la detención de 1.330 personas, incluidas 57 personas de otras nacionalidades distintas a la ecuatoriana. La Defensoría del Pueblo informó que hasta la madrugada del 14 de octubre se registraban 1192 detenidos. En ambos casos, se ha afirmado oficialmente que casi la totalidad recuperaron la libertad de manera inmediata y sin cargos, lo que develaría un proceso aleatorio y arbitrario de detenciones.
La Alianza, por su parte, recibió entre el 3 y 13 de octubre reportes de 81 procesos penales iniciados en las provincias de Azuay (1 proceso – 1%), Guayas (9 – 11%), Pastaza (8 – 10%), Pichincha (60 – 74%), Sucumbíos (2 – 2%) y Tungurahua (1 – 1%) y verificó la información en el sistema público de la Función Judicial.26 Este reporte de cuenta de un total de 449 personas privadas de la libertad en supuesto delito flagrante.
De acuerdo a nuestro reporte, un total de 320 personas fueron liberadas de manera inmediata en las audiencias de calificación de flagrancia, es decir, el 71% respecto del total de personas detenidas. De ellas, 247 personas salieron inmediatamente sin que se les formulara cargos por delito penal, lo que representa el 55% del total; otras 73 personas fueron liberadas sin sentencia penal después de acordar procesos de conciliación en las audiencias (16%) debieron pedir disculpas a miembros de la Policía Nacional por supuestos insultos o heridas leves, considerados en contravenciones menores.
J.J.Z. S., hombre de 21 años, estudiante, caminaba por el sector con su novia y su sobrino menor de edad en el momento de la detención. Puntualiza que la hora de la detención arbitraria fue a las 17h30, fue traslado al UPC Mena 2, lugar en el que permaneció hasta las 21h00. En su testimonio relata tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención:
«Llegué a las 5 de la tarde y estaba con mi novia y botaron bombas y empecé a correr. Yo estaba cerca de mi casa y tomaron a quienes encontraron. […] Llegamos, nos bajaron y nos pusieron a hacer ejercicios (patitos, lagartijas), cargar el uno al otro, correr, todo sucedió en un patio del retén. Nos preguntaron ¿Mayor de edad o menor de edad? Nos iban separando, en total éramos 9. 5 mayores de edad detenidos y los otros 4 menores de edad, una chica. […] Nos hincaron a todos, nos amarraron y en el centro nos botaron una bomba (lacrimógena) y el que se caía ahí le caían a patazos o a toletazos.
Los menores de edad lloraban y se revolcaban en el piso y el que no hacía [el ejercicio] toletazo, patazo e incluso estaban con una tabla. Eran como 15 policías, 4 mujeres, todos salieron a reírse, se burlaban ahí… Me detuvo Arévalo, me fijé en el nombre que tenía.
[…] Los que estábamos golpeados, con sangre, la mayoría, les hicieron lavarse la cara, secarse la ropa, les hicieron botar la ropa para que cuando lleguemos no se den cuenta que estábamos golpeados. Nos dijeron que no digamos nada, que nos sometamos al silencio porque así salimos más rápido porque nos darían 5 días de cárcel. Nosotros no dijimos nada en los chequeos médicos, por eso nos volvieron hacer porque las heridas no salieron en el primer chequeo».
Personas privadas de libertad, malos tratos y riesgo de desaparición forzada
En Guayaquil. C.D.C.S, estudiante de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil salió de su domicilio ubicado en el Cantón Durán para unirse a las manifestaciones en el centro de la ciudad el día 09 de octubre del 2019. Fue agredido por 3 policías que lo habían seguido e ingresaron hasta un edificio donde estaba con otro joven, también agredido. Producto de un golpe de tolete le rompieron 3 dientes y un hueso del rostro por lo que se tuvo que someter a una cirugía.
«Eran tres policías altos, todos encapuchados y sin motivo alguno empezaron a golpear al joven sentado. Inmediatamente su cara quedo hinchada y desfigurada por todos los golpes que le dieron. El joven empezó a convulsionar de tantos golpes y uno de ellos dijo ya déjalo. Como la otra persona estaba en ese estado, vieron hacia mí y me golpearon, lo que hice fue cubrir mi cara con mis brazos mientras ellos me golpeaban con sus toletes.
De hecho los golpes que recibí por mi cuerpo y en mi cabeza no sé si son de toletes o con los puños ya que así me golpearon. Al ver que yo no caía al piso, me dieron con el tolete entre mis brazos y golpearon mi boca lo que produce que se rompan mis labios y me sacan los dientes. Empecé a botar sangre al ver ellos esto dijeron “ya déjalo” y se fueron. Yo quedé con la otra persona agredida tirados en el piso en shock.
Personas heridas
Organismos oficiales han revelado preocupantes cifras sobre el número de personas atendidas, sin contar a quienes fueron atendidos por las brigadas de salud activas en lugares de protestas y los puestos de salud que funcionaban en las zonas humanitarias de paz, trabajo voluntario y organizado desde la sociedad civil.
Ahora bien, la cifra de personas heridas varía entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Gobierno33, ambas instituciones estatales y la Cruz Roja.34 Según la Institución Nacional de Derechos Humanos entre el 3 y el 13 de octubre registró un total de 1.340 personas heridas, sin contar funcionarios de la fuerza pública; mientras que la Ministra de Gobierno informó la cifra de 1.507, de los cuales 435 serían policías y el resto sociedad civil. Por su parte, la Cruz Roja Ecuatoriana informó que realizó un total de 747 atenciones.
La alianza regista testimonios de personas heridas en su rostro, espalda, cráneo, mandíbula, clavícula y costillas. Además, se registra 113 agresiones a periodistas y según fuentes oficiales, 4 funcionarios de la Policía Nacional habrían perdido uno de sus ojos y otros 2 con quemaduras en el cuerpo.
F.I.E.M, un hombre adulto que salió a hacer un trámite por el sector de la maternidad, en Quito, el sábado, 12 de octubre, horas antes del toque de queda anunciado ese día. Una abogada de la Alianza recibió el siguiente testimonio que da cuenta de un disparo de escopeta con perdigones por parte de la Policía a muy corta distancia contra esta persona.
Yo salí de mi casa a hacer una diligencia, el sábado, 12 de octubre, a eso de las 12h30 más o menos. Tenía que ir por el sector de la Maternidad, una sobrinita de mi esposa que es menor de edad está embarazada. […] Caminábamos nosotros. […] [Los chicos] te daban escudos, pedazos de latas, para que sostengas, para que no te golpeen. Así que yo cogí un escudo e iba tapándome. Cuando ya pasamos la Maternidad, más o menos, por la parada de buses que hay por ahí, volvieron a atacar no sé de dónde. Y a un chico que estaba caminando a mi derecha lo golpearon, le impactaron con algo, no sé si fue una bomba, un disparo […]. Era un chico jovencito. Tendría sus 17 o 18 años. Empezaron a gritar que le ayuden. Cogí el escudo que yo tenía, lo cobijé, le tapaba, porque no sabía si iba a venir otro impacto, me tapaba yo y le tapaba a él. Estábamos justo en la puerta de emergencia del Hospital Eugenio Espejo y gritábamos desesperadamente que nos abran y la puerta estaba puesta candado. […] Entonces le dije al chico acuéstate y pásate por debajo de la puerta, él empezó a arrastrarse, él se agarraba duro la herida y no podía moverse, pero sí se pasó, ahí le cogieron los paramédicos, hasta ahí le vi. Yo seguí tapándome […], y ya les vi a los policías allá, había esos conos naranjas que saben poner […] todos hecho una especie de barricada. Yo […] alzo la cabeza así, ya les vi y sentí el disparo en la cara, simplemente me pegaron, me pegaron un escopetazo. Yo sentí inmediatamente negro […] y me mareé.
[…]. Recuerdo que me agaché, yo sabía que ahí estaba la puerta por dónde le hice meterse al muchacho. Entonces yo gateé hasta tocar la puerta y empecé a pasarme por debajo […] Después ya me hicieron los exámenes, yo entré en una especie de limbo, no sentía nada, absolutamente nada, ni dolor, nada. De ahí cuando me enteré que había sido realmente un disparo, fue cuando el doctor me dijo que tuve suerte, porque en esa operación me habían sacado alrededor de 30 perdigones de mí cara. Digo ¿en serio?, sí dice, te voy sacando 30, tú tienes más de 50 perdigones en la cara todavía. Dice a ti te pegaron a quemarropa porque te pegaron en un punto exacto y no se abrieron los perdigones. […] Yo me siento bastante afectado como persona. El rumbo de mi vida no cambió, pero se retrasó bastante.
Por otra parte, es relevante informar que la organización Fundamedios mantuvo actualizado el registro de agresiones a periodistas durante estos días de protestas. De la información publicada al 13 de octubre se informa que se registraron 113 agresiones en las que se vieron involucrados 135 periodistas. Según su reporte, un total de 38 agresiones provinieron de la fuerza pública y el Estado (35%) mientras que 52 habrían sido ejecutadas por manifestantes (47%). Y de acuerdo al tipo de agresión, se informa que 61 fueron agresiones físicas, 12 agresiones verbales, 8 detenciones, 11 impedimentos de cobertura y 4 corresponden a daños de equipos.
Así, el 8 de octubre, el diario El Universo informó que un grupo periodístico de su medio de comunicación fue agredido por miembros de la Policía Nacional cuando realizaban la cobertura del paro nacional, en la avenida nueve de Octubre, de la ciudad de Guayaquil.
El hecho ocurrió cuando un grupo de policías se enfrentaba con manifestantes que pugnaban por avanzar por la avenida. Dos policías que circulaban por la calle Boyacá interceptaron al periodista Peter Tavra y al reportero gráfico Ronald Cedeño y sin explicaciones embistieron al fotógrafo con la motocicleta provocándole golpes en sus piernas. El agente no atendió a las explicaciones de los periodistas que se identificaron como prensa mientras eran agredidos, e incluso uno de los gendarmes se bajó de la motocicleta a amedrentar al equipo con su tolete e insultos.
También la Alianza recibió el reporte de A.R.A, fotógrafo documentalista, que fue impactado por un perdigón en su mano derecha (dedo medio) y tres en sus piernas (estos últimos rompieron el pantalón, pero no ingresaron al cuerpo) cuando realizaba la cobertura del paro nacional. Fue atendido por los voluntarios que asistían a los heridos en contexto de protesta social. Está agresión se registró el 11 de octubre de 2019, en la Av. 6 de diciembre y Tarqui, a la subida de la Asamblea Nacional.
Muertes violentas en contexto de protesta social y represión estatal
Otro de los hechos de mayor gravedad durante estos once días de protesta son las muertes violentas registradas. La vulneración de los derechos de las personas durante las manifestaciones desvirtúa los motivos de un estado de excepción y refuerza la denuncia sobre el uso desproporcionado y arbitraria de la fuerza pública.
La Alianza ha realizado un levantamiento de información que permita rememorar no solo el contexto en que se produjeron, sino también detalles de sobre la vida de estas personas para, de esta forma, comprender que detrás de las cifras, que siguen siendo poco transparentes, existen también hechos que pudiesen determinar la responsabilidad estatal en varias de estas muertes.
Adicional a los miles de personas privadas de libertad y heridas, el estado de excepción y el desproporcionado e indiscriminado despliegue de la fuerza pública del que se ha dado cuenta en este informe también es el contexto en que, según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, diez muertes habrían ocurrido entre el 6 y el 18 de octubre, de las cuales hemos podido recabar información adicional de las siguientes personas:
- Raúl Chilpe (único nombre y apellido reportados)
- Silvia Marlene Mera Navarrete
- Marco Humberto Oto Rivera
- José Daniel Chaluisa Cusco
- Segundo Inocencio Tucumbi Vega
- Abelardo Vega Caizaguano
- Edison Eduardo Mosquera Amagua
- Gabriel Antonio Angulo Bone
Durante las protestas desarrolladas del 03 al 13 de octubre, preocupa que el acceso a la información sobre estos hechos fue altamente restringido y, posterior a la jornada de movilizaciones, los datos presentados públicamente siguen siendo poco precisos y a la vez preocupantes. Por ejemplo, la cantidad de heridos y fallecidos, que, como se dijo anteriormente, no concuerdan entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Gobierno.
Uso indebido del derecho penal y riesgo de criminalización
Otro tema relevante sobre el que la Alianza quiere llamar la atención es respecto al uso indebido del derecho penal y el inicio de un posible proceso de criminalización de la protesta social anclado a la construcción de un supuesto enemigo interno para legitimar no solo la represión policial, sino el inicio de nuevos procesos penales sea por parte del Estado o por parte de actores privados.
Finalmente, si bien es cierto que se han registrado algunos actos de violencia durante las protestas –saqueos, daños a la propiedad, algunas agresiones físicas, incluidos los hechos en la Contraloría General del Estado y en el canal de comunicación Teleamazonas, todos bajo investigación penal–, la Alianza ha verificado que la mayoría de las y los manifestantes, a nivel nacional, realizaron acciones pacíficas de protesta.
Además, se expresa una preocupación respecto a que los casos referidos anteriormente pretendan ser el argumento para legitimar el hecho de que la fuerza pública haya sido desplegada de manera desproporcionada y desmedida contra todas y todos los manifestantes y haya provocado violaciones a derechos que no pueden ser restringidos durante un estado de excepción, entre ellos, la vida, la integridad y la libertad personal en conexión con otros derechos.
Este informe se encarga de señalar las graves vulneraciones de derechos cometidas, principalmente, por agentes estatales dentro del marco de los 11 días de paro nacional, resulta también necesario mencionar que como Alianza no queremos deslindar de responsabilidad a las demás personas particulares que pudieron cometer actos que hayan afectado a otras personas particulares.
A la par, el Estado, en el ejercicio de sus potestades debe investigar, juzgar y sancionar, siempre respetando las garantías del debido proceso para cualquiera de las partes, así como la interculturalidad y plurinacionalidad en el ejercicio de la justicia, sobre cualquier vulneración de derechos humanos que se haya cometido dentro de este marco. En tal sentido, este informe no intenta desconocer responsabilidades de agentes particulares, pero sí pretende hacer un énfasis sobre las vulneraciones cometidas por el Estado, el cual tiene obligaciones constitucionales e internacionales específicas que deben ser claramente respetadas para el respeto y garantía de los derechos de todas las personas.