La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito (CACMQ) y el ciudadano afroquiteño Carlos Joel Méndez Cribán presentaron oficialmente, este miércoles 24 de junio de 2026 el Protocolo Institucional para la Prevención y Actuación frente a Casos de Racismo y Discriminación Étnico-Racial cometidos por Agentes de Control Metropolitano de Quito.
El protocolo surge del cumplimiento de una sentencia judicial que reconoció la vulneración de derechos cometida contra Méndez Cribán y dispuso medidas de no repetición. Para INREDH, ese fallo es un precedente nacional en la protección de los derechos de los pueblos afrodescendientes al haber abierto la puerta a un mecanismo institucional con enfoque étnico-racial dentro del control metropolitano de Quito.
Mirella Tonato Chica, coordinadora ejecutiva de INREDH, abrió las intervenciones situando el acto más allá del documento. «El protocolo que hoy se lanza establece principios que nos enorgullece ver reconocidos institucionalmente: la no discriminación étnico-racial, la interculturalidad y plurinacionalidad, la no revictimización, la confidencialidad, la corresponsabilidad institucional», señaló.
Tonato detalló que desde INREDH aportaron observaciones técnicas y revisaron el protocolo a la luz de los estándares internacionales, sin perder de vista que «ningún instrumento vale nada si no sirve para proteger a personas reales en situaciones reales». Definió a Quito como una ciudad plurinacional que merece instituciones a su altura y destacó que la ciudad cuente ahora con un mecanismo de denuncia, protección y reparación frente a actos de discriminación cometidos por agentes del orden.
Desde la institución a la que apunta el protocolo, Edwin Minaya, abogado del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, explicó que se trata de un documento oficial orientado a prevenir, identificar y atender cualquier acto de discriminación, fundamentado en los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Minaya recordó que el instrumento responde al cumplimiento de la sentencia y forma parte de las medidas de no repetición dispuestas tras el hecho.
A continuación, el Agente Francisco Paredes, parte de la comisión que trabajó en la construcción del protocolo dentro del CACMQ, presentó la ruta de construcción del instrumento: la incorporación de aportes de especialistas en derechos humanos y de casos reales, junto con la participación de organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos y nacionalidades, hasta su validación técnica y ética, y su aprobación mediante resolución administrativa interna.
En esa misma línea, Jacques Ramírez, Secretario de Inclusión de Quito, continuó las intervenciones llamando a un trabajo articulado entre instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía frente a las distintas formas de violencia y discriminación. Sostuvo que la construcción de una sociedad libre de violencia exige no solo marcos normativos adecuados, sino voluntad institucional, capacitación permanente y un compromiso real con la igualdad, y expresó la expectativa de que los compromisos asumidos se traduzcan en acciones efectivas para los grupos históricamente excluidos.
La lectura de fondo desde la defensa de derechos humanos la aportó Diana León, coordinadora jurídica de INREDH mencionó que: «El camino hacia la promoción, protección y exigibilidad de los derechos humanos no es posible si no reconocemos las realidades y estructuras sociales que han permitido la persistencia de prácticas de discriminación y violencia institucional», afirmó, antes de advertir que el instrumento no puede quedarse en el papel: «esperamos que este protocolo no sea entendido como un simple documento administrativo o una formalidad institucional. Por el contrario, debe convertirse en una herramienta práctica que oriente el trabajo cotidiano de quienes ejercen funciones públicas, especialmente en aquellos espacios donde existe contacto directo con la ciudadanía» sumando la importancia que el trabajo del equipo jurídico de Amanda Mosquera y Andrea Toapanta ha sido fundamental en la obtención de justicia para el caso de Carlos Méndez y este implica el compromiso por la defensa y promoción de derechos humanos en el Ecuador para personas afrodescendientes.
Finalmente, el acto terminó con la voz de Carlos Joel Méndez Cribán quien recordó por qué decidió no callar. «Soy afroquiteño. Nací, crecí y formo parte de esta ciudad, de su historia y de su diversidad y esto no debe ser motivo de sospecha, exclusión o discriminación, sino una expresión legítima de la riqueza cultural y humana que construye nuestra sociedad». Subrayó que no recorrió este camino solo y que el acompañamiento de organizaciones como INREDH fue clave para que su voz llegara más lejos. «Mi voz fue escuchada, pero lo más importante es que este proceso abre el camino para que otras voces también sean escuchadas», expresó, con un agradecimiento a su familia y a quienes sostuvieron el proceso.
La jornada concluyó con el recorrido por la exposición «Piel cimarrona: rostros de libertad y resistencia», que visibiliza las memorias, luchas y procesos de resistencia de personas y colectivos afrodescendientes frente al racismo y otras formas de violencia estructural.
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