La ausencia del Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana es una afrenta a los derechos humanos de las mujeres

Luis Ernesto Vargas, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo que la ausencia del Estado ecuatoriano en la audiencia temática sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador, es una afrenta. “No sé si el Estado no acudió por miedo a las denuncias o porque irrespeta a la CIDH. La Constitución está de vacaciones en Ecuador”. Esto, en el marco del período de sesiones extraordinarias, número 167 de la CIDH que se desarrolló hoy, 28 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá.

Igual criterio, tuvo la comisionada Margarette May Macaulay, quien además es Relatora de los Derechos de las Mujeres para el sistema interamericano; y Esmeralda Arosemena, relatora para Ecuador, quienes lamentaron que el estado ecuatoriano continúe sin asistir a este espacio de diálogo internacional.

 “Los testimonios que han sido narrados me rompen el corazón – dice  la presidenta de la Comisión-. La ausencia del Estado el día hoy también provoca la misma sensación”.

Los comisionados escucharon durante 30 minutos los relatos de las víctimas y organizaciones de mujeres y derechos humanos, que narraron como las mujeres en Ecuador son estigmatizadas, crimanalizadas y discriminadas cuando acceden al sistema de justicia ecuatoriano.

La primera en intervenir fue Estefanía Chávez, de la Coalición Nacional de Mujeres y de la Fundación Surkuna, que aseguró que en Ecuador existe una violencia estructural contra las mujeres  en temas de desapariciones, aborto, clínicas de deshomosexualización, femicidios, violencia sexual contra niñas, adolescentes y personas trans.

Ver informe presentado a la CIDH

También, señaló que en Ecuador, un cuarto de  la población ha sido víctima de violencia sexual y que nada más el 10.8% consigue interponer una denuncia por miedo a recibir una amenaza o porque no se les crea.

La falta de estadísticas sistematizadas y unificadas también fue otro de los problemas expuestos ante la Comisión. Así lo expresó Gabriela Flores, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), quien además precisó que existen obstáculos institucionales, normativos y procesales que afectan a las mujeres cuando éstas buscan justicia ante sus casos.

“En Ecuador existen 70 Fiscalías especializadas de género, pero éste número es insuficiente dado que existe una gran cantidad denuncias. Al respecto, hay fiscales de género que tienen a su cargo cerca de 5 mil expedientes”.

Esto se profundiza, cuando los operadores de justicia culpabilizan a la víctima por lo sucedido. Cayetana Salao, de Taller Comunicación Mujer, al respecto contó sobre el caso de una niña de 13 años víctima de abuso sexual quien fue interrogada por una perito psicóloga que la hizo preguntas revictimizantes como “qué tan profunda había sido la penetración cuando la niña fue violada y si al agresor  eyaculó dentro”.

Así mismo, expresó cómo los estereotipos y prejuicios de género en contra de la población LGBTI no solo permiten la existencia de las “clínicas de deshomosexualización”, sino que además tales vulneraciones jamás han sido atendidas por parte del Sistema de Justicia. “El mensaje que nos envía el Estado con su comportamiento es que las víctimas no importamos y somos culpables de lo que nos pasa”, dijo Salao.

Otras de las temáticas expuestas fue la situación de mujeres criminalizadas por aborto y parto. Ana Vera, de la Fundación Surkuna, señaló que existen 301 casos de mujeres judializadas por aborto, la mayoría de ellas jóvenes empobrecidas y pertenecientes a sectores tradicionalmente excluidos.

También, en la audiencia, las voces de las víctimas y sus familiares se escucharon. Mediante, un video se mostró el testimonio de la madre de una mujer criminalizada injustamente, que había sido engañada y drogada antes de ser obligada a abortar.

Además, Alix Ardila, madre de Carolina Garzón desaparecida el 28 de abril de 2012, en la ciudad de Quito dijo a los comisionados que hoy se cumple 2130 días de ausencia, dolor e incertidumbre ante la desaparición de su hija. Solicitó que requieran al Estado ecuatoriano que garantice el acceso a justicia a una investigación seria y efectiva para Carolina y todas las mujeres desaparecidas.

Así mismo, Purita Pelayo, mujer trans y ex dirigente del colectivo Coccinelle en Ecuador, relató que las mujeres trans fueron torturadas, desaparecidas y asesinadas cuando lucharon por la despenalización de la homosexualidad. Además, denunció que la Comisión de la Verdad de Ecuador que investigó graves violaciones de derechos humanos desde 1984 al 2007 no registró un solo caso de mujeres trans violentadas por agentes estatales. “El silencio e impunidad ante estos crímenes han servido para que esta violencia siga sucediendo en la actualidad –dijo Pelayo. “Cuando el Estado calla, está dando un mensaje a la sociedad para que esta conducta de violencia se siga manteniendo” añadió.

Finalmente, Mayra Tirira, prima de Johanna Cifuentes Rubio, quien fue asesinada el 13 de febrero de 2006,  a la edad de 19 años, dijo que a partir del asesinato de su prima, su vida cambió. Ahora ella defiende los derechos humanos y fue la encargada de emitir las peticiones a la CIDH. Como parte del petitorio la abogada Mayra Tirira, solicitó:

•          Frente a la falta de información: Generar e implementar un sistema público, integrado, completo, actualizado y de manera permanente, de información que recoja las vulneraciones que se producen en todo el territorio ecuatoriano en contra de las mujeres, especificando todas las condiciones de vulnerabilidad, que permita el monitoreo de la situación y progreso en la realización de los derechos de las mujeres, para la generación de políticas públicas adecuadas y eficaces.     

•          Para evitar la impunidad: que la CIDH exhorte al Estado, a que éste garantice que los casos de violencia sexual, femicidio, violencia contra las mujeres, internamiento forzado de mujeres lesbianas y personas trans en clínicas de deshomosexualización, mujeres desaparecidas, sean investigados y sancionados diligentemente, con enfoque de género, conforme a los estándares internacionales que en la materia existen para acabar con la impunidad en que se encuentran y reparar a sus víctimas y familiares. Para ello, asigne los recursos necesarios para brindar servicios de justicia especializados con el fin de atender estos casos en todos los cantones y, en particular, en las zonas rurales y remotas.

•          Con el fin de erradicar la estigmatización y estereotipos: Capacite y evalúe de forma periódica y permanente a los operadores de justicia a nivel nacional en materia de género e interseccionalidad.

•          Para evitar la criminalización: Implemente la Guía Práctica Clínica de Aborto Terapéutico que permita el acceso al aborto legal, al menos, en las causales legalmente establecidas, así como investigar y sancionar las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos informadas en esta audiencia de que son víctimas las mujeres judicializadas por aborto y parto en el país, y adoptar las medidas necesarias para evitar que se den nuevos casos.

•          Recomiende al Estado, que se realicen las adecuaciones necesarias para la despenalización del aborto.

Y de manera especial, para esta Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

•          Gestione activamente con el Estado ecuatoriano la posibilidad de realizar una visita in loco para que observe de primera mano las violaciones a los derechos humanos indicadas durante esta audiencia.

•          Exprese en su comunicado de prensa final de este periodo de sesiones su preocupación por la falta de acceso a la justicia que sufren las mujeres en el Ecuador.

Lo que dijo la CIDH

Tras escuchar los testimonios, las comisionadas solicitaron que se amplié  información sobre una de las víctimas de violencia sexual que había resultado embarazada producto de  violaciones sistemáticas. En tal sentido, Mayra Tiriria, de la Fundación Surkuna, explicó que la niña sobre quien la Comisión pidió información, no recibió atención médica del Estado para recibir un aborto legal. Además, ella señaló que existen obstáculos procesales que han impedido sancionar a los responsables dentro del caso señalado.

También, la Comisión pidió que se amplié información sobre la existencia de normativa para el tratamiento de desapariciones involuntarias en Ecuador. Ante esto, Gabriela Flores, de Inredh, dijo que existen iniciativas legales, pero que estás son insuficientes. Además, enfatizó en que los procedimientos administrativos que existen para los casos de desaprisiones no respetan los estándares plantados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sobre el tema de niñez, la Comisión pidió que se aclare si en Ecuador existe y funciona algún mecanismo que garantice los derechos de la niñez. Las representantes de Inredh y Surkuna señalaron que no existe un sistema especializado para el tratamiento de este tipo de casos.  Al respecto informaron que la creación de un Consejo Intergeneracional ha provocado que los temas de niñez y adolescencia sean pasados como desapercibidos y a eso se suma que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos no han podido garantizar los derechos de las víctimas de violencia sexual en Ecuador.

Un análisis desde la academia

Una vez que concluyó la audiencia en Bogotá, en Cumbayá, se instaló el panel “Derechos Humanos de las Mujeres en Ecuador” en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. En el panel participaron mujeres de la academia y organizaciones de derechos humanos.

Verónica Vera, de la Fundación Surkuna, inicio las intervenciones; ella señaló que los datos sobre mujeres criminalizadas por aborto obtenidos mediante solicitudes de información presentadas ante la Fiscalía, Consejo de la Judicatura y Defensoría Pública,  no coinciden entre sí y que además, varias organizaciones amigas, han realizado las mismas peticiones obteniendo datos completamente diferentes.

Vera, dijo que de los 301 casos de mujeres judicializadas por abortar solamente han recibido información de 44. También resaltó que el 100% de esos 44 casos, corresponde a mujeres menores de 20 años que fueron denunciadas en hospitales públicos cuando los médicos irrespetaron el secreto profesional.

Por su parte, Daniela Salazar, vicedecana del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, condenó la ausencia del Estado ante la Comisión y afirmó que las audiencias temáticas son una herramienta que utiliza la Comisión para cumplir con su mandato. Dijo además que “es muy difícil formular recomendaciones adecuadas” si la Comisión no escucha al Estado. También señaló: “no son sólo cifras, es una situación estructural”, refiriéndose a las duras estadísticas  presentadas sobre la violencia contra las mujeres en cuando al acceso de justicia.

Johana Villegas, directora del Consultorio Gratuito de la USFQ, aseguró que el acceso a la justicia “es un derecho humano que tenemos todas las personas independientemente de nuestra condición económica, social, cultural, migratoria, de nuestra identidad de género y  orientación sexual”. Además, comentó que en las instancias de protección de derechos es necesaria una capacitación y especialidad de las autoridades judiciales respecto a los grupos de atención prioritaria.

También, resaltó la importancia de las audiencias temáticas, ya que estas permiten a las organizaciones de la sociedad civil, trabajar en conjunto sobre temáticas que deben estar en la palestra pública.

Por su parte, Mónica Vera de INREDH, expresó su satisfacción de ver una coalición de organizaciones reunidas para defender los derechos de las mujeres en Ecuador. También aseguró que un verdadero diálogo entre el Estado y la sociedad civil ayudaría a la construcción de políticas públicas que beneficien a los diferentes grupos sociales.

La jurista invitó a la sociedad civil a solicitar ante la OEA, un pronunciamiento sobre la falta de asistencia de Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.