Luego de nueve horas de deliberación del Tribunal de Garantía Penales de Pichincha, la jueza ponente, Fanny Altamirano ratificó la inocencia de 6 personas de las 9 procesadas. La defensa técnica de las tres restantes que se les declaró culpables apelarán a esta resolución.
Nelly Y., Juan Carlos B., Silverio C., Ernesto F., Cristian C. y Alexis M. fueron declarados inocentes debido a la falta de pruebas en su contra, mencionó la jueza ponente, en la noche de hoy mientras explicaba su resolución. Dictó la revocación inmediata de las tres personas que se encuentran con prisión preventiva y, asimismo, anuló las medidas alternativas a la prisión de preventiva para Ernesto F. y Alexis M.
Para la jueza Altamirano, los elementos presentados por la Fiscalía permitieron identificar a Omar C. como autor directo del delito de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados y le estableció una pena de 16 años. De la misma manera, fijó la pena de 13 años al dirigente indígena Carlos C. en calidad de coautor. Y para Gabriela G. dispuso la pena de 5 años en calidad de cómplice.
Sus defensas técnicas apelarán a esta decisión y enfatizaron que esta interpretación de los elementos presentados no es la correcta. Se prevé que en tres días laborables se notifique la sentencia escrita.
La audiencia de juicio
La diligencia que se desarrolló desde hace cinco días finalizó hoy, viernes 14 de abril de 2023, con los alegatos de la defensa técnica de los dirigentes indígenas. Sus abogados resaltaron que no se respetaron los derechos colectivos de Carlos C. y Silverio C., y que se los juzgó con base en interpretaciones de los agentes investigadores.
Durante la etapa de juicio se escucharon los alegatos de apertura de las partes procesales, se practicaron las pruebas periciales, testimoniales, documentales y posteriormente se dio paso a los alegatos de cierre. Por parte de la defensa técnica de los siete integrantes del movimiento Guevarista y de los dos dirigentes indígenas se presentaron dos pruebas testimoniales y dos periciales.
Con estos elementos, se detalló la trayectoria de los activistas y dirigentes indígenas en su trabajo con las comunidades. En el caso de Ernesto Flores, docente y vocero del movimiento Guevarista, se conoció el apoyo que daba a las comunidades indígenas, especialmente al colegio Jatari Unancha, donde ha colaborado desde hace 20 años.
En uno de sus alegatos, la abogada defensora de Flores y asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Rosa Bolaños, argumentó que estos testimonios desvirtúan uno de los seguimientos realizados por Fiscalía; puesto que, en la fecha de uno de los seguimientos, el docente universitario brindó apoyo al colegio por unos despidos masivos, según el testimonio.
Además, la defensa presentó una pericia sobre Psicología Popular, con la cual se describió la metodología de trabajo de Ernesto con las comunidades, como respuesta a la supuesta actividad ilegal de captación de la que se le acusaba. Incluso la perito señaló que Ernesto es un exponente en el país en la rama de la Psicología Popular.
Por otra parte, se presentó una pericia que analizaba al movimiento Guevarista. Este estudio buscaba identificar si dicho movimiento era una organización criminal o no. La persona experta concluyó que este movimiento es social y político, que trata de responder a necesidades de los sectores sociales. Adicionalmente, presentaron documentos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI) que evidenciaban la inexistencia del tipo penal de fines de explotación y beneficio.
“Todos los elementos probatorios evacuados por Fiscalía en estos días de audiencia contienen un patrón alarmante, dado que los testimonios son contradictorios y los informes de seguimientos de vigilancia son referenciales, que consisten en una interpretación subjetiva de los agentes policiales de investigación en este caso”, explicó Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh.
Para la jurista Bolaños no se llegó a materializar el nexo causal de los hechos con la prueba presentada por Fiscalía. “Incluso, durante la diligencia, la jueza ponente llamó la atención a la agente fiscal por la falta de elementos de convicción y de relevancia penal necesarias en esta etapa de juzgamiento”.
Injerencia gubernamental e internacional
En este caso, se ha visto la injerencia de las autoridades estatales con el ataque discursivo en contra del movimiento. Por ejemplo, tras las protestas de octubre de 2021, la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, acusó en cadena nacional que actos de carácter vandálicos y de violencia fueron protagonizados por integrantes del Movimiento Guevarista y que, además, algunos de ellos fueron detenidos.
Asimismo, el Comité de Familiares de las/os hijos de Mayo denunciaron la intromisión de la Embajada de EE.UU. en la audiencia. El 11 de abril, mientras se desarrollaba el tercer día de audiencia, llegaron tres funcionarios de esta embajada junto al fiscal subrogante José Reynaldo Córdoba. Y en la tarde de este viernes, también denunciaron la presencia de posibles funcionarios de la embajada de EEUU en la sala contigua.
Contexto:
Este proceso inició el 19 de mayo de 2022, con la detención de las nueve personas procesadas, sin embargo, estuvo en etapa de investigación desde agosto de 2021. El caso llevaba en etapa de juicio desde noviembre de 2022 y finalmente el Tribunal emitió una resolución la tarde del 14 de abril de 2023.
Al inicio, todas las personas vinculadas a este caso fueron puestas bajo la medida de prisión preventiva, sin embargo, tres recibieron libertad condicional con medidas alternativas como es el caso de Ernesto Flores.
Y para el 10 de noviembre de 2022, la jueza Ana Cristina Guerrón llamó a juicio a las nueve personas procesadas por el delito de delincuencia organizada, trata de personas y reclutamiento para grupos armados irregulares.
En este proceso penal se denunció que desde el inicio del caso existieron irregularidades que afectaron el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, además de la arbitrariedad de la Fiscalía General del Estado al criminalizar a movimientos sociales de izquierda y a la protesta.
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