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Sin verdad no hay justicia informe final de la comision de la verdad

Por Super User
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Estela Garzón – CEDHU

24/06/2010

«Sin Verdad no hay Justicia»

Informe final de la Comisión de la Verdad

 


Doscientas sesenta y nueve privaciones ilegales de la libertad, trescientos sesenta y cinco procesos de tortura, ochenta y seis hechos de violencia sexual, diecisiete desapariciones forzadas, veintiséis atentados contra el derecho a la vida y sesenta y ocho ejecuciones extrajudiciales en contra de un total de cuatrocientas cincuenta y seis víctimas, son las cifras que se desprende de más de seiscientos testimonios recabados por la CV para el periodo 1984-2008.  Estos testimonios han sido agrupados en ciento dieciocho casos.


 
De las cuatrocientas cincuenta y seis víctimas, el 68% corresponde al gobierno de León Febres Cordero (1984-1988).  En sus relatos se evidencia la concepción autoritaria del poder que también tuvieron aquellos elementos policiales y militares al hacer caso omiso del ordenamiento jurídico. Estos aspectos permiten distinguir elementos de una política de Estado represiva en la que “los hechos están interrelacionados y son parte de una cadena de violencia estatal”.

En las páginas del Informe Final “Sin Verdad no hay Justicia” que, el 7 de junio de 2010,  la Comisión de la Verdad entregó al Presidente de la República, Rafael Correa, de manos de hijos u otros familiares de víctimas de la represión, está presente el derecho de las víctimas a relatar su historia y a ser escuchadas desde su dolor y sufrimiento. 
La memoria arranca de lo vivido, arranca de la experiencia. Los ciento dieciocho casos, contienen dolorosos e intensos relatos de personas que lograron sobrevivir a la tortura, persecución, encarcelamiento en condiciones infrahumanas, a las que fueron sometidas como medios de investigación amedrentamiento y castigo. En cada nombre se identifica un caso único, una vida, una familia, un proyecto de vida truncado.  Desde su dolor, Pedro Restrepo  y otros familiares de víctimas de desaparición forzada, reclaman la verdad para saber dónde, cómo murieron sus seres queridos y qué hicieron con sus restos. 
La memoria del sufrimiento tiene una gran fuerza política
Convertir estas memorias en principios de acción para el presente y sobre todo para garantizar un futuro distinto, requiere identificar estructuras del terror y del encubrimiento del crimen en las que actuaron los presuntos responsables de los hechos allí narrados.   
En este empeño la Comisión de la Verdad corrobora el contenido de los testimonios con los de documentos reservados tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas, los mismos que fueron desclasificados.   Este es uno de los fundamentales aportes de su  trabajo pues permite, por una parte confirmar que tales hechos se produjeron efectivamente y, por otra, establecer indicios  de responsabilidad de agentes del Estado que participaron en estas graves violaciones a los derechos humanos.
Así, en el Informe Final se evidencia la existencia y composición de tenebrosos organismos represivos del Estado, como el SIC-10 de la Policía Nacional, grupo clandestino que por más de dos décadas había sido negado. Algunos de sus integrantes han sido favorecidos con ascensos y han ocupado los más altos cargos en la Policía Nacional.  También se revela aquellos lugares secretos de detención y de tortura con características infrahumanas, de organismos especiales de inteligencia militar que participaron en la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos.  Entre otros se destaca el Batallón de Inteligencia Militar/Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), en Conocoto, al surorie
nte de Quito. Es relevante analizar como esta clase de  centros de tortura fueron creados de acuerdo a la “planificación de celdas” del Manual de entrenamiento de la CIA, 1983.
El  espíritu de cuerpo de la Policía Nacional y los “pactos del silencio” para encubrir casos tan graves como la desaparición de los hermanos Restrepo también se grafica en uno de los documentos desclasificados de la UIES.  Así como las cadenas de mando  de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de León Febres Cordero.           
Combatir la impunidad
Este ha sido un esfuerzo constante de los defensores de los derechos humanos.    Por tanto el Informe de la Comisión de la Verdad, que preside la Hna.  Elsie Monge, ha desatado una sostenida campaña por parte de los agentes estatales más mencionados en atentados contra la vida y la integridad personal. Apelando al espíritu de cuerpo, quienes violaron la ley y los derechos humanos, intentan desmerecer el trabajo de la CV, descalificar a las víctimas y a los organismos que realizan investigaciones en el campo de los derechos humanos.   
Una vez más los presuntos perpetradores demuestran que nunca han tenido voluntad alguna de ver autocríticamente su actuación en hechos violatorios a los derechos humanos. Es más, justifican esos hechos apelando a la supuesta necesidad de imponer políticas de “mano dura”, tanto en el pasado como en el presente.
Finalmente, el último capítulo de “Sin verdad no hay Justicia” contiene 155 recomendaciones, con la definición de autoridades específicas que deben implementarlas.  
Luego de la entrega del Informe Final, la CV en días pasados presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Víctimas.  Esta  propuesta tiene dos ejes fundamentales que son las medidas de reparación  y las medidas para impulsar la judicialización de  graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de  2008, vistas como medidas suplementarias a los esfuerzos de la búsqueda de la verdad realizados a través de la Comisión.  
En la actualidad, es imperioso tomar conciencia de la dimensión social que tienen los crímenes que afectan la dignidad y seguridad del ser humano, ampliamente recogidos en el Informe y respaldar este proceso de Verdad, Justicia, Reparación y Rectificación por el que se tiene que transitar  para que los prácticas atroces que causan tanto dolor y sufrimiento, se destierren de nuestro país y podamos resolver también sus secuelas.
La posibilidad de que la verdad pudiera proyectarse en justicia,  tiene también un sentido educativo para las nuevas generaciones.  La juventud no es ajena a la coyuntura ni a los sucesos anteriores ocurridos. El compromiso por el nunca más será renovado por las nuevas generaciones.

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