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Policu00eda antimotines golpea a periodistas del El comercio y agencia API al momento de realizar la cobertura de las protestas sociales. Foto: @SofiaRamirez_E
Frente a la protesta social que están protagonizando diversos grupos sociales, como reacción a las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, manifiesta lo siguiente
- El Derecho a la resistencia está consagrado en la Constitución del Ecuador, por tanto, las protestas que están en marcha contra las medidas económicas anunciadas por el gobierno están en el marco de la constitucionalidad que rige para el Estado ecuatoriano.
- La protesta social debe enmarcarse en los preceptos de la “no violencia activa”, es decir, producirse sin afectaciones a las personas, sean estas civiles o de los cuerpos armados o de control social, incluyendo a las representaciones de los medios de comunicación, quienes deben cumplir con su labor en un escenario que garantice su integridad.
- Conocemos que varias de las acciones de protesta social no violentas han sido criminalizadas en el Ecuador, como es el caso de la paralización de los servicios públicos o el cierre de vías de comunicación, entre otras acciones. Si bien el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece sanciones para esos actos, tornándolos ilegales, ello no quita legitimidad a los mismos. Las personas que hacen parte de estas acciones de protesta social deben comprender que corren el riesgo de ser procesadas penalmente, pero ello no reduce la legitimidad de sus actos. INREDH, históricamente se ha alineado con la protesta social y, consecuentes con ello y en la medida de nuestras capacidades, brindaremos asesoría legal a quienes sean procesados por acciones de protesta social en el marco de la no violencia activa.
- La política gubernamental no puede ser impuesta a la fuerza; más aún si son políticas que golpean a los sectores más vulnerables de la población y están en contradicción con la obligación del Estado de velar por el cumplimiento de los derechos sociales y económicos de estos sectores. La acción represiva del Estado debe ser reemplazada por una política de diálogo y consensos, que no solo sea una socialización de medidas ya asumidas en beneficio de los mismos sectores económicos pudientes y en aras de una política económica que beneficia a prestamistas y banqueros internacionales.
- Instamos a los responsables de la línea editorial de los medios de comunicación masivos a recoger todas las voces y expresiones de los sectores sociales, y no solo dar paso en la planificación de sus entrevistas a representantes de sectores que se van a beneficiar con las medidas económicas anunciadas. La parcialidad en la línea editorial de los medios de comunicación masivos puede provocar el rechazo de los sectores sociales de base que, llevados por la frustración, pueden atentar contra la integridad de los periodistas de estos medios que están cubriendo en la calle los hechos y recogiendo el mayor número de testimonios posible. Su labor debe ser garantizada también por las fuerzas del orden. En este sentido, rechazamos las agresiones a comunicadores sociales, tantos de los manifestantes, como de la fuerza pública.
- Habíamos advertido con anterioridad que la liberalización de la violencia policial en contra de supuestos delincuentes solo era una práctica permitida por el gobierno que luego sería aplicada a la protesta social. Las primeras imágenes de la jornada de protesta de hoy que muestras a personas golpeadas por la Policía, incluyendo periodistas, parecen darnos la razón. Recordamos que, en situaciones como la presente, el principio del “uso proporcional de la fuerza” se torna indispensable.
- Finalmente, recalcamos que las fuerzas militares tienen como función la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y no deben ser utilizadas en el control de la protesta social.
Consejo Directivo de INREDH