*Por María Laura Bayá Peñaloza
Impulsada por el boom de la transición a energías “verdes”, la industria global ha intensificado la demanda de minerales críticos como el cobre, litio, cobalto y níquel, mientras que las comunidades que se oponen a estos proyectos enfrentan procesos de criminalización por defender su territorio y el medio ambiente. Al mismo tiempo, las empresas transnacionales invierten sumas millonarias en la explotación de nuevos territorios, persuadiendo a los Gobiernos de la región con la promesa de desarrollo, sin medir el costo de transformar ecosistemas ricos en biodiversidad en zonas de sacrificio.
Sin tener un término en aquel momento, Galeano describió cómo se convierte una riqueza en zona de sacrificio para saciar la ambición extranjera, al describir el caso del cerro rico de Potosí. «Potosí, la ciudad de la plata, se convirtió en un símbolo del esplendor y la miseria: la riqueza del Cerro Rico sirvió para engalanar Europa mientras sus trabajadores morían en la oscuridad de las minas.»1 Hoy en día la plata decayó, pero el modelo colonial extractivista se expandió. El caso del cerro rico de Potosí es el mejor ejemplo que podemos citar para describir la transformación de un territorio con riqueza en zona de sacrificio a lo largo de la historia.
Para abordar el concepto en la actualidad, una zona de sacrificio es aquella zona rica en recursos, donde se prioriza la ganancia económica por sobre los derechos humanos y de la naturaleza, generándose devastación ambiental; esto es, contaminación, deforestación, destrucción de ecosistemas y de formas de vida.2 Como en el caso del cerro Rico de Potosí, las prácticas extractivas han trascendido y se fortalecieron en la actualidad, donde los protagonistas siguen siendo coloniales, pero bajo una figura corporativa que amenaza territorios abundantes en recursos y siguen una especie de patrón para la conquista extractiva de estos territorios.
Modus Operandi hacia las zonas de sacrificio
Nadie habla de la otra cara del “desarrollo”, cuando el verdadero desarrollo y ganancias económicas salen de nuestros países del sur hacia el norte global, dejando migajas a nuestros pueblos y heridas gigantescas en los territorios, sin mencionar las secuelas para las generaciones futuras. En la actualidad, podemos apreciar el caso del cerro de Pasco en Perú una de las zonas de sacrificio más grandes de Latinoamérica, que después de décadas de explotación, la población vive contaminada y empobrecida.
En un informe del año 2022, el relator especial de la ONU para el disfrute de un medio ambiente sano, sostuvo que las mineras a cielo abierto forman parte de las instalaciones contaminantes y peligrosas, al grado de ponerlas en la misma categoría que de un vertedero de desechos tóxicos por los fuertes impactos que conlleva. No solamente sobre la salud, sino sobre la calidad de vida, medio ambiente y el compromiso hacia otros derechos humanos. Las relaveras (donde se almacenan los desechos tóxicos mineros), terminan siendo instaladas sobre fuentes hídricas que desembocan en cuencas hidrográficas (ver mapa 1 del caso de Curipamba-El Domo en Las Naves), o como el caso de Brumadinho en Brasil (2019) por el colapso de un dique, terminan en accidentes completamente irreparables, por más que estén contemplados como posibles riesgos en los estudios previos. Riesgos de esta magnitud, deberían descartar cualquier tipo de explotación en territorios donde existe la presencia de un ecosistema, plantaciones agrícolas y comunidades. Puesto que, la responsabilidad monetaria no alcanza a cubrir los daños ocasionados y la responsabilidad civil no es suficiente para responder los años de regeneración de la naturaleza, las muertes y los desplazados a causa de estos “accidentes” mineros.
Históricamente, el Estado es quien otorga los permisos de explotación y al mismo tiempo es quien debe fiscalizar lo extraído, como lo veremos más adelante en el contexto de Las Naves. Lo preocupante, es que existen precedentes en el Estado ecuatoriano donde la justicia carece de un factor de cumplimiento hacia las empresas extranjeras cuando ocasionan daños inminentes sobre el ambiente y el territorio, como el caso de Chevron Texaco. En ese contexto, se forman las alianzas político-privadas que abren la cancha con un árbitro (Estado) que ya tiene definido al ganador del partido (empresas extractivas), sin ninguna compensación para el perdedor (naturaleza, sociedad civil, pueblos indígenas) por los daños ocasionados.
Para cumplir con sus proyectos, se recurre a estrategias de división social, polarizaciones, cooptación de líderes, propagando así un quiebre del tejido social, entre soñadores (aquellos que caen en el discurso progresista y desarrollista minero) y los opositores, que usualmente son identificados para después ser criminalizados y silenciados. Se utiliza el constante discurso del desarrollo tecnológico y energético, como la única solución para hacer efectiva la transición energética y dejar de depender de los combustibles fósiles. Posteriormente, son las mismas comunidades a las que dividen, quienes terminan llevando a estas empresas a juicio para responder por los impactos causados. Sin embargo, el sistema administrativo y judicial es ineficaz y termina por ser aliado de las empresas.
Lo alarmante, en el caso de las Naves, es que cada vez más sectores en la región corren el riesgo de ser catalogados como zonas de sacrificio. Lo que ocurre en este territorio, es el mismo modus operandi minero que por años ha seguido la misma fórmula de intervención.
¿Qué pasa en Las Naves, provincia de Bolívar?
En Ecuador el impacto de la minería a cielo abierto ha crecido, teniendo una fuerte inversión extranjera como la de Adventus Mining y Salazar Resources, representantes de Curimining S.A que tiene concesionado casi el 80% del territorio de Las Naves. Curimining S.A. recibió 7 concesiones para la exploración y la explotación de minerales entre los años de 2003 y 2006, que cubren un total de 14.812,48 hectáreas de superficie de la parte subtropical, noroccidental 2 de la provincia en los cantones Las Naves, Echandía y Guaranda.
Recientemente, en agosto del 2024 el Ministero de Energía y Minas dio luz verde a la construcción del proyecto Curipamba-El Domo, cambiando la fase de exploración a explotación. El proyecto tiene una vida útil de diez años, con una posible continuación por 5 años más y una producción diaria de 1800 toneladas por día.
Se presenta como un proyecto minero “sostenible con el medio ambiente”, pero hasta qué punto podemos calificar una minería a cielo abierto que atraviesa dos cauces de cuerpos de agua del río Naves Chico y El Silencio (ver mapa 1), manteniendo una sensibilidad alta de los usos de recursos hídricos, califica con 0 de sensibilidad cambios en el uso de suelo, el turismo y las actividades productivas dentro su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y vendrá a ocupar el tercer lugar de mega minera después del Mirador y Fruta del Norte.
Entonces me pregunto, ¿Qué de sostenible tiene la persecución y criminalización de defensores de la naturaleza que se oponen al proyecto el Domo? Cuando claramente no hubo una consulta previa, libre e informada.
El caso de este megaproyecto es lamentable para los defensores, quienes son cada vez más reprimidos y criminalizados por el Estado ecuatoriano que actúa como juez y parte. Los defensores piden aclaraciones sobre la consulta ambiental y se resisten a aceptar la fase de explotación en Las Naves. De acuerdo con la acción de protección interpuesta por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), se identifican una serie de negligencias del MAATE al momento de efectuar la consulta ambiental, que comprometieron los derechos humanos de las y los campesinos en Las Naves.
Dentro de estas negligencias se destacan: un acceso a la información viciada, puesto que los “puntos fijos de información en Naves Urbano” se encontraban constantemente resguardados por la fuerza pública, como una forma de intimidación, hubo un quiebre del principio de buena fe, dando paso a arrestos y criminalización sobre quienes se oponían y manifestaban su inconformidad. También se destaca una exclusión de la participación pública, solamente se tomó en cuenta a las 7 comunidades del área de influencia directa: Naves Chico, Jerusalén, Esperanza Alta y Baja, Panecillo, Selva Alegre y Unión del Congreso. Sin embargo, de acuerdo con sus informes técnicos consta una participación de 428 personas y en las Asambleas Consultivas solamente participaron 318. Asimismo, se detalla que únicamente hubieron 13 días de consulta, en el que fue imposible debatir los asuntos técnicos sobre la relavera, fuentes hídricas, ruido, entre otros. Por consiguiente, ¿cómo es que se aprobó una consulta ante una inconsistencia de la participación de las comunidades del área de influencia directa?
Finalmente, se destaca una falta muy grave del MAATE, que aprobó el EIA con una delimitación del área de influencia indirecta basada en la delimitación territorial y delegando la consulta ambiental a una compañía privada, cuando es su deber constitucional efectuarla. En el siguiente mapa de una investigación independiente (en colaboración para INREDH) podemos apreciar un mapa, en el que se muestra a otras comunidades afectadas en un radio de 15km, evidenciando el verdadero impacto fuera de la delimitación territorial de Las Naves, que no fue analizada por el EIA de Curimining S.A, ni observada por el MAATE.
Tras de este proceso negligente y vulnerador de los derechos de la comunidad y la naturaleza, se destacan un montón de faltas y un abuso de la institucionalidad del MAATE para otorgar una licencia ambiental y validar una consulta ambiental, que vulnera los derechos de los campesinos. Teniendo en cuenta que Las Naves cuenta con una población de 7012 personas, de las cuales 5028 pertenecen al área rural y sustentan la vida directamente de los cauces de agua del Domo (donde se ubica la relavera de Curimining S.A). Se trata de una vulneración consecutiva de sus derechos que parte desde una ausencia de la consulta ambiental hasta un riesgo de sufrir afectaciones sobre los derechos al agua, el territorio, la salud, sin mencionar la constante vulneración al debido proceso, derecho a la defensa de su territorio, y sobre todo el derecho a la resistencia de los seis defensores que se encuentran enfrentando una sentencia sin pruebas conclusas.
Con todo lo mencionado, es evidente que nos encontremos en una situación de indefensión de los derechos colectivos, los del medio ambiente y la naturaleza. El caso de Curipamba-El Domo, no es más que el reflejo de la injerencia empresarial sobre el Estado, cuyos intereses económicos siempre primarán por sobre los de las comunidades ecuatorianas y su buen vivir. Debemos empezar a cuestionar cada vez que escuchamos de transiciones energéticas, energías verdes, sostenibilidad… y entender, de donde vienen cada uno de estos proyectos, a quienes benefician y sobre todo ¿será que realmente responden a una transición justa?
BIBLIOGRAFÍA
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Notas al pie de página
1 Las venas abiertas de América Latina, Siglo Veintiuno, 1971. Esplendores del Potosí: el ciclo de la plata, p. 29
2 Bravo, E. (2021). Comunidades v. no más zonas de sacrificio (p. 6). Acción Ecológica. https://www.accionecologica.org/wp-content/uploads/COMUNIDADES-V_NO-MAS-ZONAS-DE-SACRIFICIOS-21.pdf
María Laura Bayá
Abogada boliviana ambientalista que se encuentra en Ecuador finalizando su tesis de maestría en Cambio Climático y desarrollo territorial sostenible, entre la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Padova (Italia) dentro el programa Erasmus Mundus. Durante su trayecto por Ecuador, desde 2024 se involucró en el estudio de megaproyectos y su impacto sobre los derechos humanos, en especial sobre el medio ambiente, naturaleza y derechos colectivos, como el caso del río Dulcepamba. Actualmente, se encuentra colaborando con INREDH como voluntaria en el equipo de fortalecimiento.