MAAE dispuso ejecutar control de cumplimiento de la compañía hidroeléctrica Hidrotambo S.A., que ha afectado a 140 comunidades y la naturaleza durante 17 años

Comunidades de la cuenca del río Dulcepamba, provenientes del cantón Chillanes, provincia de Bolívar, llegaron ayer a Guayaquil para reunirse con Marcelo Mata, ministro de Ambiente y Agua. La reunión inició con la presentación de personas delegadas de las comunidades, les siguieron representantes de organizaciones de derechos humanos y finalmente los funcionarios del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE).
Uno de los compromisos asumidos por el ministro fue el notificar a las comunidades con el informe técnico de control de cumplimiento de obligaciones de la hidroeléctrica Hidrotambo S.A. que está en posesión del MAAE y sentar la razón de ejecútese de la resolución del recurso extraordinario de revisión. Ambos compromisos se realizarán en el plazo de un día.
Para Yasmin Calva, abogada de las comunidades, la razón de ejecútese permite que se dé cumplimiento obligatorio a las condiciones establecidas en la resolución del recurso extraordinario de revisión. Aclara que esta razón de ejecución debe indicar que corre a partir de octubre de 2019, pues no debe caer sobre las comunidades la irresponsabilidad y omisión de las y los funcionarios que incluso pueden ser sancionados con responsabilidades civiles, penales y administrativas.
La abogada indica que el informe de control de cumplimiento, en elaboración por el ARCA desde finales del 2020, “constituye una prueba fehaciente del incumplimiento de esta empresa y daría paso para que el MAAE, en aras de garantizar sus propias resoluciones, inicie de forma inmediata la reversión de la autorización de aprovechamiento de las aguas del río Dulcepamba, uno de los pedidos constantes de las comunidades.
Además, Isabel Tamariz, directora zonal 5 Guayas del MAAE, se comprometió a formar un equipo técnico y jurídico para tramitar más de 150 solicitudes de autorización de uso de agua, represadas alrededor de 6 años, y a las cuales, mayoritariamente, Hidrotambo presentó oposición legal. Con estas autorizaciones, se permitiría el uso de agua para consumo humano, abrevadero de animales y riego para la soberanía alimentaria de más de 2500 personas que actualmente no cuentan con sus derechos al agua regularizados. La funcionaria resaltó que a pesar del probable e inminente futuro cambio de las autoridades del Ministerio, el equipo técnico continuará con los compromisos asumidos.
El ministro Mata, quien funge en el cargo desde hace una semana, manifestó la intención de remover de sus cargos a las personas que se habían dedicado a entorpecer los procesos concernientes a las autorizaciones de agua. Añadió, además, que los trámites deben hacerse en el marco de la justicia, en un tiempo prudente y respetando los derechos humanos.
Las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba han demostrado la falta de voluntad de Hidrotambo S.A. para cumplir con la resolución. A esto se suma la omisión de las autoridades, cuyo accionar vulnera derechos de la naturaleza, el derecho al mantenimiento de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos del río Dulcepamba, los derechos humanos de las comunidades que habitan en las zonas aledañas, siendo la comunidad San Pablo de Amalí, una  de las que más riesgo presenta.
Moises Nina, Procurador Común de las 450 personas de la cuenca afectada que presentaron el recurso extraordinario de revisión comentó que “para que drene más agua a la base de la cuenca donde está la hidroeléctrica, se oponen a nuestros pedidos de usar el agua desde las vertientes, se oponen a nuestros derechos». A lo que la analista ambiental, Rachel Conrad, agregó que «para poder operar con mayor caudal en época seca, Hidrotambo deja esencialmente seco al tramo del río en San Pablo de Amalí, algo que ha impactado la vida acuática.”
“Esta empresa nos dejó solo desastres para nuestra comunidad; debido a la alteración del río, mi casa se fue completamente, hasta que me quedé sin zapatos. Pedimos a su autoridad que nos dé solución», expresó Janeth Guapulema de la comunidad San Pablo de Amalí.
Finalmente, las comunidades indican que estarán vigilantes de que el Ministerio del Ambiente y Agua cumpla con sus compromisos y adopte las medidas necesarias para que garanticen el respeto y la reparación de nuestros derechos y los de la naturaleza del río Dulcepamba.
 
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