El martes 24 de enero de 2023 se realizó la inspección técnica, dentro del periodo de prueba en el proceso de Reversión en la sede administrativa No. 4542-2022, a la autorización de aprovechamiento de aguas concedida a la empresa hidroeléctrica Hidrotambo S.A.
El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) inició este proceso de oficio en agosto de 2022, luego de varias insistencias realizadas por representantes de las 140 comunidades afectadas que cohabitan en la cuenca del río Dulcepamba.
Los tres técnicos que realizaron la inspección constataron los graves incumplimientos de las obligaciones enumeradas en la Resolución Administrativa No. 2018-008, que fue emitida en octubre 2019, y la inobservancia a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamientos de Agua (LORHUyAA) por parte de la empresa hidroeléctrica. Así, se verificó: (1) la obstrucción total del caudal ecológico, (2) la falta de rediseño y reconstrucción de las obras de captación, conducción y regulación de caudales que debe incluir la devolución del río a su cauce original y medidas de protección ante las erosiones e inundaciones provocadas por la central hidroeléctrica, y (3) la inexistencia de una estación hidrométrica que permita monitorear los caudales del río Dulcepamba.
Los tres procuradores comunes que representan a más de 700 agricultores campesinos e indígenas afectados, Moisés Nina, Diego Hernández y Ovidio Sacán, asistieron a la inspección. Ellos explicaron a los técnicos ministeriales en dónde se encontraba el cauce original del río, y cómo Hidrotambo lo desvió aproximadamente 120 metros hacia la comunidad de San Pablo de Amalí, poniendo a la comunidad y la vía principal en grave peligro de socavación e inundación, y provocando graves daños durante los últimos 8 años. También explicaron que el río solía estar lleno de peces y otras especies acuáticas, pero desde que Hidrotambo ha secado el caudal ecológico durante la época seca, la vida acuática prácticamente ha desaparecido.
«Si a Hidrotambo se le revierte la autorización de aguas y se le obliga a devolver el río a su cauce original, la vida acuática puede recuperarse y mi comunidad no tendrá que vivir con el temor constante de ser socavada e inundada otra vez cada temporada de lluvias», pronunció Diego Hernández, morador de la comunidad de San Pablo de Amalí y procurador común de las comunidades afectadas.
Benito Ribadeneira, delegado provincial de Bolívar por parte de la Defensoría del Pueblo, también asistió a la inspección y emitirá un informe de lo que observó y escuchó de los voceros comunitarios sobre los graves incumplimientos de la empresa hidroeléctrica, quien ha provocado graves vulneraciones de los derechos humanos y de la naturaleza.
Esperamos que el informe que realicen los técnicos del MAATE y la Perita delegada dentro del proceso administrativo No. 4542-2022 sea entregado en el tiempo establecido (8 días) y que sea un informe objetivo, imparcial y fáctico que recoja los graves incumplimientos de parte de la empresa hidroeléctrica identificados en la inspección. Seguiremos observando y acompañando este proceso para que la investigación continúe y se obtenga la garantía de reparación integral a las miles de personas afectadas por casi 20 años.
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