A partir de las 10:00 de este miércoles 14 de junio del 2023, en la Unidad Judicial de Guayaquil, se instalará la audiencia de acción de protección con medidas cautelares presentada por familiares de personas privadas de libertad y varias organizaciones de derechos humanos, que busca la declaración de la vulneración de derechos constitucionales, resultado de las 14 masacres carcelarias ocurridas desde el 2019 hasta el 2022, en las que más de 600 personas fallecieron.
Estas medidas constitucionales, presentadas por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-GYE), el Comité de Familiares por Justicia y la Red Internacional de Mujeres Familiares de personas privadas de libertad, pretenden que el Estado y sus instituciones reconozcan su responsabilidad en las masacres carcelarias y que exista una reparación integral para las familias de las personas privadas de libertad.
En el escrito de 75 hojas se señala que el Estado es responsable por promover el encarcelamiento como política pública, mas no la reinserción social; por no evitar, bajo todos los medios, los hechos de violencia suscitados en los centros carcelarios, y por incumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Dentro de este proceso, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentará un amicus curiae (tercera persona interesada) con el objetivo de aportar con criterios técnicos jurídicos a la luz de los derechos humanos, así como facilitar y contribuir en la resolución de este proceso constitucional, en el que se encuentran en juego derechos fundamentales.
En ese sentido, “este amicus curiae resalta la relación que existe entre las masacres carcelarias y las ejecuciones extrajudiciales, ya que se puede identificar que los homicidios ocurrieron bajo el consentimiento u omisión de servidores públicos como policías y la institución encargada de la atención integral SNAI, evidenciando una falta de acción adecuada por parte del Estado para prevenir estos eventos”, explica Vivian Santander, asesora legal de Inredh.
Por su parte, las familias afectadas solicitan, a través de esta acción constitucional, que “la o el presidente de la República del Ecuador, en compañía con todo su gabinete ministerial sin excepción, a través de una rueda de prensa difundida en cadena nacional en vivo, emita las disculpas públicas a todas y todos los ecuatorianos por permitir que se desarrollen masacres en los centros penitenciarios, en especial a las familias de las personas en prisión que fueron asesinadas”.
Asimismo, que se coloque una placa en cada centro penitenciario; que se implemente una Comisión por la Verdad y Justicia que detalle las graves violaciones a derechos humanos que han sufrido las familias; que se construya un programa para que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) ofrezcan atención psicológica gratuita, integral y sostenible a cada familiar, entre otras.
“La crisis penitenciaria en Ecuador ha ocasionado que los familiares de las personas privadas de libertad vivan tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde no solo se han realizado revisiones íntimas, extorsiones, y grandes desembolsos económicos para la manutención de familiares en prisión, sino también tortura psicológica y el dolor de perder a un ser querido, sin tener respuesta alguna del Estado. Por eso, es la primera vez en la historia que de forma colectiva familiares reclaman justicia ante mecanismos judiciales por hechos ocurridos dentro de las cárceles”, destaca el CDH-GYE, organización que acompaña a las familias afectadas, dentro de su comunicado.