Medidas cautelares buscan parar intimidaciones y desalojos contra comuneros de Tundayme

Gabriela Flores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), y Francis Andrade Navarrete, asesora legal de la Red Eclesial Panamazónica, en representación de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador  (Cascomi) solicitaron ayer, 18 de julio de 2018, en el Complejo Judicial Norte, una medida cautelar a favor de las comunidades campesinas e indígenas de Tundayme, provincia Zamora Chinchipe, lugar donde opera el proyecto minero Mirador ejecutado por Ecuacorriente S. A. (ECSA). Ver documento: aquí


El objetivo: que se ordene a las instituciones demandadas y a la empresa ECSA abstener de realizar acciones intimidatorias en contra de los miembros de la comunidad Cascomi y se ordene a las instituciones demandadas y a la empresa ECSA suspender ejecución de desalojos en la zona, en contra de la comunidad.    
Esta situación de amenaza y hostigamiento, ocurre luego que el pasado 6 de junio de 2018, el juez resolviera en audiencia de protección por el caso Tundayme solicitar un peritaje antropológico de lugar para constatar la presencia de los habitantes y las consecuencias sociales del proyecto minero.
A pesar de estar en trámite la acción de protección por los desalojos cometido por la empresa minera en contra de las comunidades indígenas y campesinas de Tundayme,, la empresa y las autoridades estatales están intimidando y amenazando a los habitantes de la comunidad con un posible desalojo.
El día viernes 29 de junio, alrededor de las 10:00, cuatro personas representantes de la Secretaría de la Gestión de la Política y un guardia de la empresa minera ECSA, se acercaron a la casa de la señora Rosa Elvira Sánchez Segarra, mujer de 62 años de edad y miembro de la comunidad Cascomi, para anunciarle que tenía que desalojar su casa en razón del proceso de servidumbre minera que recaía sobre ella. Frente a ello, la señora Rosa Elvira manifestó que ella no participó en proceso alguno de servidumbre minera y que ella no saldría hasta que le proporcionen otro lugar en donde vivir.
La situación se repitió, el viernes 6 de julio con un nuevo acercamiento donde se alegó que esas tierras “ahora pertenecen a la empresa ECSA” a causa de la servidumbre minera impuesta. Le advirtieron que el día 16 de julio volvería para desalojarla definitivamente
Bajo las mismas circunstancias se encuentra Mariano Mashendo, hombre shuar de 62 años, hijo de Rosario Wari quien también ha sido advertida para que desaloje sus tierras. En el mes de febrero y marzo, un agente de relaciones comunitarias de la empresa Jorge Miño y guardias de la empresa manifestaron a Mariano que saque a su madre, mujer anciana shuar, de sus territorios.
La situación se empeora con la muerte de Rosario, símbolo de resistencia del pueblo shuar.  Ahora las advertencias de desalojo como forma de insinuaciones y hostigamientos son reiteradas tomando en cuenta el fallecimiento de Rosario en junio pasado.

Para frenar estos actos de hostigamiento y amenaza, la comunidad también solicitó al juez en la medida cautelar “garantizar  la correcta e imparcial ejecución del peritaje antropológico ordenado por usted y que actualmente se encuentra en ejecución en la zona;  evitar nuevas vulneraciones a los derechos de los miembros de la comunidad de las mismas características que aquellas que son objeto principal de la acción de protección planteada; y garantizar las posibilidades de ejecución de la sentencia que resolverá la presente acción de protección.