Frente a la vulneración de derechos humanos cometidos en contra de las y los campesinoas que trabajan en la empresa Furukawa, el Comité de Solidaridad con las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., conformado por la Coordinadora Nacional Campesina – CNC, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu); junto con miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y Acción Ecológica; y varias organizaciones campesinas y afroecuatorianas, realizaremos una misión de verificación de derechos humanos en el lugar donde viven las víctimas de la empresa, el día jueves 15 de agosto de 2019, a las 09:00.
El objetivo es la verificación de la situación actual de las víctimas de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. y dar seguimiento a las recomendaciones defensoriales publicadas por la Defensoría del Pueblo; para levantar alertas a nivel nacional e internacional sobre la latente vulneración de derechos humanos y el riesgo constante en el que viven las decenas de familias.
En el transcurso de estas últimas semanas la empresa ha procedido a la demolición de los campamentos donde vivían los trabajadores y sus familias, con el objetivo de desaparecer evidencia. Lo más grave son las denuncias de desalojos forzosos ejecutados por grupos de delegados de la empresa, irrumpen durante la noche en las viviendas de las familias asentadas en las haciendas y las trasladan hasta otras ciudades, donde son abandonados a su suerte sin ningún conocimiento de las autoridades. Todavía no existe justicia para los trabajadores y las trabajadoras de abacá.
El tiempo de espera revictimiza y aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y sus familias e incrementa la desesperación por obtener ingresos y sobrevivir materialmente. Mientras tanto la empresa gana tiempo para manipular el caso en ausencia de las autoridades públicas.
En abril se permitió la apertura de la empresa después de permanecer clausurada por dos meses tiempo en el que no se realizó ninguna medida de reparación de derechos por parte del Estado. Actualmente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Gobierno se encuentran avalando el pago de “compensaciones” de la empresa a los trabajadores, con el objetivo de alcanzar la firma de cláusulas que pretenden la renuncia de derechos humanos y laborales. Las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo no han sido consideradas, tal como se ha hecho evidente en las dos comparecencias ante la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Al contrario, en los últimos meses sucedieron una serie de acontecimientos que se acumulan a los actos irregulares permitidos a la empresa Furukawa y que suponen revictimización y nuevas violaciones a los derechos humanos.
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