La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable y el Municipio de San Vicente de Manabí han presentado disculpas públicas hacia la Urbanización Canoa-Miduvi tal y como se dispuso en la sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Penales del cantón Sucre.
“…disculpas públicas a los habitantes de la parroquia San Andrés de Canoa del cantón San Vicente, por la vulneración de derechos, al no haber cumplido con el abastecimiento regular de agua potable, a través de la empresa pública mancomunada municipal de agua potable EMMAP-EP. Empresa encargada de prestación del servicio en mención”.
Han pasado más de 30 días desde la audiencia donde se analizó y se aceptó la acción de protección presentada por los habitantes de Miduvi, quienes se han visto privados de la dotación de agua potable desde hace varios años. El Tribunal determinó la vulneración al derecho al agua y por conexidad los derechos a la alimentación, integridad personal, salud, vida digna e igualdad y no discriminación. Es por esto que, emitió cuatro medidas de reparación integral, las cuales no se han cumplido a cabalidad, excepto de las disculpas públicas.
La cuarta medida que habla acerca de las disculpas, dispone que las dos entidades “ofrezcan sus disculpas públicas a los habitantes del reasentamiento Canoa y/o Urbanización Miduvi por la vulneración de los derechos constitucionales”.
El 21 de agosto se pudo visualizar las disculpas en ambas páginas de las entidades. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón San Vicente enfatizó en los proyectos y convenios que ha realizado para la dotación de agua en las parroquias. Además, relató acerca del sistema regional de agua potable “La Estancilla” que tiene como fecha de finalización el 12 de mayo de 2021. Mientras que hasta la fecha, la urbanización Miduvi aún no tiene la dotación de agua potable de acuerdo con los horarios establecidos.
Es importante recordar, que debido a las falencias de estas dos entidades, varios habitantes de la urbanización han desarrollado problemas de salud cutáneos, vulnerando así su derecho a la salud y vida digna.
Para Pamela Chiriboga Arroyo, asesora legal de Inredh, si bien las disculpas públicas representan un paso importante del cumplimiento de la sentencia , resultan ser insuficientes y tardías. Las 105 familias de Miduvi aún no tienen agua, existe población en condición de vulnerabilidad y no cuentan con los recursos económicos para acceder a agua de calidad que sirva para el consumo. Mientras esta situación precaria continúe, los derechos constitucionales de estas familias siguen siendo vulnerados, siendo la responsabilidad de estas dos entidades mencionadas encontrar una solución a esta problemática.
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