Habitantes de las Urbanizaciu00f3n Miduvi exigen su derecho al agua. Foto: archivo/ Inredh
El gerente de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP), Carlos Ignacio Molina Ormaza; la alcaldesa del cantón San Vicente de la provincia de Manabí, Gema Rossana Cevallos; y Ney Christian Menéndez Moreira, procurador síndico de San Vicente; impugnaron la sentencia escrita del Tribunal de Garantías Penales de Sucre que aceptó la acción de protección a favor de la Urbanización de Miduvi-Canoa que denunció que se violenta su derecho al agua y a otros derechos.
Mediante una notificación escrita emitida ayer, 20 de agosto de 2020, el Tribunal informó que se concedió el recurso de apelación a las partes y que éste será conocido conocidos por una de las Salas de la Corte Provincial de Justicia de Manabí.
El pasado 13 de agosto de 2020, el Tribunal de Garantías Penales de Sucre emitió la sentencia escrita que determinó que se ha vulnerado el derecho fundamental al agua de los accionantes y los habitantes de la Urbanización Miduvi, reasentamiento Canoa, y por ende el derecho a la alimentación, integridad personal, vida digna, igualdad y no discriminación de sus habitantes.
Además, enfatizó que se “puso en alto riesgo el derecho a la salud; incurriendo en una omisión, al no haber efectuado ninguna gestión oportuna o esfuerzo relevante tendiente a suministrar a la Urbanización de agua potable, en calidad y cantidad suficientes, es decir, no han brindado las condiciones mínimas de dignidad a sus habitantes; más aún, considerando que nos encontramos atravesando una pandemia global, entre cuyas medidas de prevención básicas determinadas por los organismos de salud, está la higiene y lavado permanente de manos”.
Frente a ello, emitió cuatro medidas de reparación:
– La Empresa Municipal Mancomunada de Agua Potable (EMMAP-EP) y el GAD Municipal del cantón San Vicente dote de forma inmediata el servicio de agua potable y se respete el cronograma de aprovisionamiento de agua entre los días jueves desde las 07h00 hasta lunes 07h00.
– La medida de no repetición, en caso de producirse daños en las tuberías o líneas de conducción, las dos instituciones demandadas, tomarán medidas necesarias y proveerán del servicio de agua sin costo alguno.
– Se dispone que las dos entidades a través del Ministerio de Salud Pública gestionen la visita de una brigada médica especialista en Dermatología para dar asistencia médica a los problemas de salud cutáneos.
– Durante un mes, ambas instituciones deberán pedir disculpas públicas en su portal web por la vulneración de los derechos constitucionales y socializar a los habitantes de la Urbanización Canoa Miduvi, sobre políticas púbicas y proyectos para mejorar el servicio del líquido vital.
Para Pamela Chiriboga, era previsible que las instituciones accionadas apelaran la acción de protección. Sin embargo, el recurso de apelación no suspende los efectos de la sentencia cuando quien apela es la parte demandada. Por lo que las obligaciones de dotación de agua, según el calendario, las disculpas públicas, las brigadas médicas siguen siendo una obligación, hasta ahora, incumplida por parte de la Emmap-ep y el Gad de San Vicente. Los derechos de los habitantes de Miduvi siguen siendo vulnerados por este incumplimiento, que incluso podría causar la destitución de funcionarios públicos encargados.
Contacto de prensa:
Comunicación Inredh – 099 205 8210