Hoy, el Comité de Familiares y Amigos de las y los Presos Políticos «Los Hijos e Hijas de Mayo» realizó una rueda de prensa para denunciar violencia sexual, tortura, restricciones de comunicación, aislamiento y vulneraciones al debido proceso contra personas privadas de libertad en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Patricio Almeida, abogado de Omar Campoverde, señaló que «la persona que públicamente denunció tortura y violencia sexual no es la única víctima», indicando que los testimonios conocidos representarían solo una parte de las agresiones que estarían ocurriendo dentro del centro penitenciario. Denunció además que actualmente no se permite el acceso regular de abogados ni las visitas de familiares, situación que impide documentar adecuadamente las violaciones de derechos humanos y dificulta la presentación de denuncias formales.
Diego Guarderas, abogado del Movimiento Guevarista, denunció que existirían intentos de obligar a internos a mantener relaciones sexuales entre ellos con el objetivo de obtener confesiones o declaraciones, afirmando que «es imposible que un Estado capaz de cometer actos criminales sea el garante de nuestra seguridad».
Ana Morales, del Comité de Familiares por una Vida Digna, afirmó: «Es mentira que la Cárcel del Encuentro iba a ser de máxima seguridad únicamente para criminales o GDOs. Ahí también hay presos políticos y personas LGBTI que están siendo vulneradas». Según los testimonios recogidos por el Comité, en la cárcel no hay acceso regular al agua, los privados de libertad se bañan apenas una vez al mes y durante las madrugadas se escuchan gritos constantes exigiendo agua y denunciando torturas.
Las organizaciones hicieron un llamado urgente al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para que actúe y denuncie los hechos señalados, reclamando independencia institucional frente a las autoridades gubernamentales.
Finalmente, el Comité convocó a un plantón para el próximo 2 de junio a las 09:30 frente al SNAI, con el objetivo de exigir respuestas sobre la situación en todas las cárceles del país y denunciar las restricciones a visitas de familiares y abogados.