Hoy, martes 25 de noviembre de 2025, diversas organizaciones de la sociedad civil realizaron una rueda de prensa sobre la presentación de la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la Ley Orgánica de Transparencia Social, publicada el 28 de agosto de 2025. Señalaron que esta normativa vulnera derechos fundamentales, especialmente la libertad de asociación, y que impone restricciones desproporcionadas al funcionamiento de organizaciones sociales, fundaciones y entidades sin fines de lucro.
La demanda fue presentada por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Acción Ecológica, Fundación Brethren y Unida (FBU), Cabildo Cívico de Quito, Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos “MCCH”, Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), Fundación Heifer Ecuador y Comité Ecuménico de Proyectos (CEP), Centro de Derechos Económicos y Sociales (CEDES), INREDH, Alianza Basura Cero Ecuador, Sinchi Sacha, organizaciones que trabajan por décadas apoyando a cientos de miles de familias.
El encuentro inició con las palabras de Luis Hinojosa, representante del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), quien afirmó que, pese a que las organizaciones realizan un trabajo complementario al del Estado, las restricciones persisten y, con la nueva Ley de Transparencia, se vuelven aún más punitivas.
Hinojosa destacó que muchas de estas organizaciones trabajan en áreas donde el Estado no logra cubrir las necesidades de la población: educación, salud, ambiente, vivienda, economía popular y solidaria, derechos de la naturaleza, derechos comunitarios y otros. Resaltó que la mayoría de ellas son pequeñas, funcionan con aportes voluntarios y manejan presupuestos reducidos, por lo que resulta absurdo presumir que operan con fines de lavado de activos.
Además, esta ley se impugna tanto por vicios de forma como de fondo. La expedición del Reglamento General a la Ley de Transparencia Social, el 27 de octubre del 2025, confirma los riesgos denunciados en la demanda. El Reglamento evidencia la violación a derechos constitucionales. Así se observa en disposiciones como la prohibición a las organizaciones sociales de controlar desde la ciudadanía los proyectos mineros «legalmente autorizados» bajo la amenaza de suspender su personería jurídica por cuatro años. Con lo cual se demuestra el uso de la normativa para controlar y silenciar a la sociedad civil.
Por su parte, Esperanza Martínez, vocera de Acción Ecológica, subrayó la importancia del rol histórico de las organizaciones sociales en la defensa de derechos, especialmente cuando los Estados fallan en su labor. Advirtió que la nueva ley impediría el ejercicio de estas funciones, pues criminalizaría y censuraría a las organizaciones, debilitando gravemente la democracia.
Además, señaló que el discurso del supuesto “riesgo de lavado de activos” se utiliza de manera arbitraria y sin criterios claros, lo que podría convertir en “sospechosas” a organizaciones que participan en la protesta social, como la CONAIE, sindicatos u organismos de derechos humanos.
A su vez, el constitucionalista Agustín Grijalva explicó que esta Ley viola de manera directa los artículos 76 y 96 de la Constitución ecuatoriana, recientemente ratificada. Añadió que la Ley establece regulaciones desproporcionadas, innecesarias y repetitivas, que no solo afectan el derecho de asociación, sino también los derechos de miles de beneficiarios, muchos de ellos pertenecientes a grupos vulnerables, como niños, personas mayores, personas con discapacidad o comunidades rurales.
Durante la presentación, los voceros recordaron también que existen estándares internacionales que reconocen y protegen el rol de las personas defensoras de derechos humanos y la defensa del ambiente, así como nuevos desarrollos que vinculan los derechos indígenas y los derechos de la naturaleza.
Finalmente, las organizaciones exigieron que la Corte Constitucional declare inconstitucional la Ley Orgánica de Transparencia Social y ordene su archivo definitivo. Alertaron que detrás de esta normativa existe un intento de eliminar organizaciones sociales, limitar el debate público y perseguir la protesta en el país.
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