Este miércoles 22 de julio de 2020, a las 11:45, se instalará el pleno de la Asamblea Nacional para analizar la solicitud de amnistía para 20 autoridades indígenas procesadas por administrar justicia indígena en San Pedro de Cañar. La sesión se instalará de forma virtual.
Las 20 autoridades indígenas han sido criminalizadas desde el 2015 por administrar justicia indígena en la comunidad de San Pedro de Cañar, en la sierra sur del Ecuador. Algunas autoridades fueron sentenciadas a cinco años de privación de libertad, pena que se encuentran cumpliendo en el Centro de Rehabilitación Social CRS – Turi en la ciudad de Cuenca y en el Centro de Detención de Personas Adultas en Conflicto con la Ley de Cañar.
El pasado 8 de julio con 9 votos a favor la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó un informe favorable para la solicitud de amnistía de las 20 autoridades indígenas procesadas: Luis Eduardo Calle Calle; Manuel María Calle Calle; María Asenciona Tamay Murudumbay; Digna María Sarmiento Chuqui; Luis Manuel Morocho Sanango; Sergio Roberto Paucar Huerta; Galo Alejandro Mateus Rodríguez; María Aurora Romero Romero; Manuel Jesús Romero Romero; Blanca Teresa Tenezaca Romero; María Alegría Tenelema Romero; Héctor Patricio Tamay Tamay; Luis Rigoberto Chimborazo Sarmiento; Zoila María Espinoza Campoverde; María Baleriana Tenesaca Romero; Víctor Aurelio Espinoza Espinoza; Ángel Belisario Calle Calle; José Sarmiento Jiménez; María Josefina Sotamba Padilla; y Luis Eduardo Calle Espinoza. Las últimas cuatro personas se encuentran detenidas en la cárcel de Turi y Cañar.
En su informe de 53 hojas, la Comisión concluyó que:
- Existen elementos que evidencian que las autoridades indígenas de San Pedro del Cañar fueron judicializadas bajo los tipos penales de secuestro, secuestro extorsivo y daño a bien ajeno por aplicación de la justicia indígena.
- Los líderes indígenas y los miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar enfrentaron sistemáticas denuncias por el ejercicio del derecho colectivo.
- La judicialización y criminalización en contra de líderes y miembros de la comunidad responde a una lógica de poder, caracterizada por elementos políticos, sociales y culturales en un contexto de descolonización y transición hacia la plena vigencia del Estado Plurinacional e intercultural. Es decir, los delitos por los que se imputaron a las autoridades y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar son delitos conexos con hechos de naturaleza política.
- En todos los hechos analizados se advierten motivaciones extra individuales y colectivas. Los líderes y los miembros de la comunidad actuaron en procura de precautelar bienes jurídicos relevantes para su comunidad.
- En los procesos iniciados en contra de los líderes y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar se inobservó los derechos colectivos reconocidos en los artículos 57, numerales 9 y 10; así como, 171 de la Constitución de la República. Se desconoció, también, los compromisos internacionales adquiridos por el estado ecuatoriano en el marco del Convenio 169 de la OIT.
- Procede la amnistía en favor de los líderes y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar por su carácter político y al tratarse de delitos no excluidos en el marco constitucional y legal ecuatoriano.
- La amnistía en favor de los líderes y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar, constituye una forma de reparación histórica y reconocimiento del derecho a la verdad y justicia.
Este informe será analizado este miércoles en el pleno de la Asamblea Nacional que deberá aprobar o negar el pedido de amnistía. Para dar paso a la solicitud de amnistías se necesita la votación favorable de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, es decir, de 92 asambleístas.
Para Luisa Villacís, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), las y los legisladores tienen la oportunidad de conocer cómo a través de la justicia ordinaria se ha criminalizado y deslegitimado a las autoridades indígenas que ejercían el derecho de administrar justicia bajo su derecho propio, así como de pronunciarse de una manera favorable que permita evidenciar y materializar el estado plurinacional y multicultural que reza la Constitución. Es importante además acotar que tenemos compromisos internacionales en la defensa y garantía de los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas.
Contexto:
Desde la década de los 70, el Consejo de Justicia Indígena de los altos del Cañar integrada por siete organizaciones y 15 comunidades administraban justicia indígena en su territorio. Han resuelto casos de violencia intrafamiliar, conflictos de tierra y cuatrerismo. Esto generó que se inicien procesos de judicialización en su contra bajo delitos de secuestro extorsivo, secuestro y daño a la propiedad ajena.
La criminalización de autoridades indígenas en Ecuador preocupa a organismos internacionales. En el 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante su relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Antonia Urrejola Noguera, mostró su preocupación sobre los procesos judiciales en contra de las 20 autoridades indígenas de Cañar.
También ese año, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la (ONU), Victoria Tauli-Corpuz, visitó al Ecuador y dijo: “La criminalización de autoridades indígenas por ejercer sus funciones (…) refleja la falta de comprensión en el sistema de justicia ordinaria sobre las prácticas y procesos legítimos del sistema de justicia indígena”
Además, que “la falta de avances en la aplicación del pluralismo jurídico unida a la criminalización está generando preocupantes procesos de represión, conflicto, e incluso extorsión, como se denunció en San Pedro del Cañar”.
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