Presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado asegura que analizarán de forma célere la solicitud de amnistía para autoridades indígenas de Cañar

 
Este miércoles 29 de abril de 2020, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional instaló la sesión número 071, en esta reunión se permitió a una comitiva de INREDH presentar los argumentos técnicos jurídicos de los pedidos de amnistías de los líderes indígenas de San Pedro de Cañar criminalizados por ejercer la justicia indígena.

 
La comisión general recibió a Luis Saavedra, coordinador ejecutivo, y Luisa Villacís, asesora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh); además de Gloria Sarmiento, esposa de José Sarmiento uno de los líderes indígenas criminalizados. La intervención de Inredh comenzó con la participación de Luis Saavedra quién mencionó varios puntos importantes para entender el contexto del caso de San Pedro del Cañar.
Saavedra enfatizó en que el pedido de amnistía es visto “como una amenaza de la justicia indígena” entendido por los rumores que dicen que se va pedir amnistía para secuestradores. Saavedra dijo, que los pedidos de amnistía son para taitas y mamas indígenas que conservan la capacidad de resolver conflictos con base a sus propias costumbres y tradiciones, señaló que la justicia de San Pedro es ancestral y se la practica desde que la población tiene memoria. 
Acto seguido, describió el contexto histórico del Consejo de Justicia Indígena del Alto Cañar que ha resuelto casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual, estafas y cuatrerismo. “Todos estos casos fueron resueltos, las personas juzgadas fueron purificadas y no volvieron a cometer estos delitos – dice Saavedra-.Sin embargo el contexto cambia a raíz del surgimiento de la pandilla Sombras Negras” Para afrontar el problema de la pandilla, las comunidades formaron un Consorcio de Justicia Indígena, nombre que se adoptó siguiendo otras formas de organización de gobiernos seccionales, como por ejemplo el consorcio de gobiernos provinciales o juntas parroquiales. Sin embargo, las críticas llegaron y los acusaron de privatizar la justicia.
Pese a esto, la capacidad del Consejo de Justicia Indígena de Cañar iba en aumento. Se convocaba a asambleas con el fin de resolver conflictos que lograron que, incluso el gobernador de Cañar, Juán Cárdenas, reconociera el sistema de justicia indígena, al llevar al líder de la pandilla Sombras Negras ante las autoridades indígenas para su juzgamiento.
No obstante, empieza la criminalización de las autoridades indígenas cuando se presentaron denuncias por secuestro ante la justicia ordinaria, interpuestas por personas ya juzgadas en el sistema de justicia indígena por el cometimiento de delitos.  Estas denuncias tuvieron más peso cuando se suscitó un error logístico de las autoridades indígenas de San Pedro, el cual terminó en un altercado público entre miembros del Consejo de Justicia, dos abogados de Cañar y parte de su población. 
Las denuncias por secuestro extorsivo con apoyo jurídico de los abogados que protagonizaron el altercado conllevaron a la instauración de una red extorsiva que pretendía mediante pagos económicos abandonar los procesos levantados contra las autoridades. Así no solo se criminalizó la justicia indígena, sino que se extorsionó  a las 23 autoridades indígenas de San Pedro y a sus familias.  “Es por ello que la amnistía que solicita por Fundación INREDH no es para personas que han cometido actos delictivos –dice Saavedra-  más bien es para reparar el daño que han sufrido las familias, los jueces y la comunidad de San Pedro por administrar su justicia”.
Para Luisa Villacís, abogada de Inredh que expuso los argumentos técnicos jurídicos que demuestran que se ha cometido una vulneración a los derechos de la población de Cañar, el dictamen de la Corte Constitucional emitido el 4 de septiembre del 2019 ratifica que la intromisión estatal en los sistemas de justicia de los pueblos y nacionalidades es ilegítimo porque implica una afectación directa contra los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades.
Villacís exhortó a la Comisión de Justicia a abrir el debate con otras voces que trabajan el tema como Verónica Yuquilema quien tiene amplios trabajos y análisis jurídicos sobre la justicia indígena y sus prácticas.  
También en la reunión con la Comisión de Justicia, participó Gloria Sarmiento que relató la detención de su esposo José Sarmiento, uno de los líderes indígenas criminalizados, y que ahora se encuentra privado de libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Turi.
José Sarmiento fue detenido en el 2015 durante la administración del gobierno anterior, pese a que Sarmiento cumplía con las visitas semanales a Fiscalía por la denuncia por secuestro extorsivo.
“Es una persona de tercera edad, su ausencia ha representado problemas para la familia y la comunidad –dice Gloria Sarmiento-. Mi hija dejó de  estudiar por falta de sustento económico y los problemas sociales retornaron a las comunidades como el vandalismo y la violencia”. Así, Sarmiento terminó su exposición pidiendo la amnistía para todos los líderes indígenas puesto que considera que solo así la comunidad y las familias podrán regresar a su cotidianidad.
Tras escuchar los criterios técnicos y el testimonio, los asambleístas intervinieron.
El primero en tomar la palabra fue José Serrano, asambleísta por Alianza País y ex Ministro del Interior del anterior gobierno, que explicó que lo ocurrido en San Pedro no corresponde a hecho delictivos cometidos por la comunidad y si es producto de una persecución y criminalización de la justicia indígena. Propuso, además que se visite el CRS Turi y a la comunidad para conocer de cerca lo que ha vivido la población de San Pedro.
Por otro lado, Elio Peña asambleísta por Pachakutik, concordó con la abogada Villacís en que los pedidos de amnistía no fueron rechazados, fueron archivados por lo tanto pueden ser analizados. Propuso que se analice caso por caso y que se obtenga toda la información pertinente. Además, recordó que el caso de las autoridades de San Pedro de Cañar lleva más de dos años en conocimiento de la Asamblea Nacional y la Comisión de Justicia.
La última intervención fue Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y asambleísta por Estados Unidos y Canadá de Alianza País, que mencionó que los diversos mecanismos de justicia deben ser respetados, haciendo alusión a la justicia indígena. En el caso de San Pedro del Cañar y las solicitudes de amnistías a los líderes indígenas serán analizadas por la comisión de una manera responsable y con celeridad. Además, pidió a la organización mantener los canales de comunicación y brindar la información y documentación que será requerida.
Tras dos años de la presentación de la solicitud de amnistía, esta reunión constituyó el primer paso para la resarcir los daños ocasionados a la comunidad por la criminalización de sus líderes y lideresas indígenas quienes han sido denunciados extorsionados e incluso sancionados privándoles de la libertad.