El 18 de julio de 2022, presenciamos nuevamente eventos de extrema violencia en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Santo Domingo, una cárcel que, desde hace un año se encuentra en un proceso masivo y violento de traslado de mujeres privadas de libertad hacia esta prisión sin condiciones mínimas de habitabilidad. Así mismo, desde hace unos meses se han generado traslados por “seguridad” desde distintas cárceles regionales, al CPL de Santo Domingo que, vale recalcar, es una de las cárceles con mayor hacinamiento en el país. Esto ha provocado zozobra para las familias de las personas privadas de libertad, debido a la desinformación e incertidumbre sobre el destino final de sus seres queridos. Parte del procedimiento de seguridad de la autoridad penitenciaria para traslados es la prohibición de la divulgación de información sobre el traslado de la persona.
El 9 de mayo de 2022, el CPL de Santo Domingo ya fue el escenario de una masacre que dejó como saldo 44 muertes violentas. Este lunes 18 de julio, fueron brutalmente asesinadas alrededor de 12 personas. Entre las masacres de mayo y julio han pasado 3 meses durante los cuales la ausencia de acciones del gobierno ecuatoriano deja ver su indolencia, inoperancia y renuencia a dar respuestas.
El gobierno no ha respondido claramente a las propuestas de diálogo
Vale repasar algunos procesos que se han desarrollado en los últimos meses. En primer lugar, desde junio, una serie de videos han circulado en redes sociales y medios formales, dando cuenta de la apertura al diálogo de las organizaciones que tienen el control de las cárceles. Estas han señalado su disposición a bajar las armas y dialogar con el estado ecuatoriano, sin embargo, desde el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República no ha existido una respuesta clara a esta propuesta pública. Por otra parte, a partir de la implementación de la política pública entregada por la Secretaría de Derechos Humanos no se han producido cambios sustanciales en la administración penitenciaria. En tercer lugar, habiéndose producido una serie de eventos formales como: La Conferencia de Consenso Penitenciario, el reclutamiento de 1400 nuevos guías penitenciarios, la promesa de inversión de 24,7 millones de dólares para la aplicación de programa estatal, la realidad sobre el hacinamiento y la violencia no solo no cambia, sino que sigue agravándose.
En el caso del CPL Santo Domingo, desde mayo no se concretaba la atención médica de los heridos de la penúltima masacre; en su lugar, el hacinamiento y los traslados, como dinámica desencadenante de la violencia, se siguieron repitiendo hasta llegar a las consecuencias del 18 de julio. Continúa la inacción del Estado ecuatoriano, la indolencia en las declaraciones públicas y la deshumanización de las personas privadas de libertad y sus familias. Muestra evidente de ello fueron las declaraciones del Ministro del Interior, quien se refirió a las personas asesinadas como “piezas humanas”. Ahora, frente a la sexta masacre penitenciaria en este período de gobierno, ¿qué nos queda como sociedad civil? Aunque ya hemos emitido múltiples pronunciamientos y comunicados con propuestas para acercarnos al alivio de la crisis carcelaria, no podemos dejar de impulsar la denuncia permanente de la injusticia, exigir la reparación integral para los familiares de las víctimas e insistir en que el gobierno ecuatoriano dé respuestas a las necesidades de las personas privadas de libertad desde el diálogo directo con ellos y ellas, con sus familias y con las organizaciones de la sociedad civil. Sin dignidad no hay paz.
Conoce nuestras propuestas:
Pronunciamiento de la Alianza Contra las Prisiones después de la masacre carcelaria en Santo Domingo el 18 de Julio
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