Un articulo del periódico El País del 17 de diciembre 2022 sobre la crisis política en Perú “Tejiendo el abismo en Perú” dice en forma acertada: “Estamos en el abismo y la clase política no parece darse cuenta. El Congreso sigue enfrascado en sus discursos altisonantes, en sus negocios bajo la mesa, en cómo sacarle el jugo a su tiempo en el poder”. Y Pedro Castillo ha sido una piedra en el zapato. Una amenaza que el Estado caiga en las manos de “los indios”, de “los terrucos” como en Bolivia.
Es así que lo que en Bolivia no se logró, en Perú la oligarquía peruana blancoide quiere tratar de llevar a cabo, impedir que la población de origen, campesina, autóctona, indígena ocupe espacios del Estado que beneficiaban a intereses de una pequeña oligarquía peruana. Como en Bolivia en 2019, las fuerzas del orden han instruido una represión violenta, sin piedad, en contra de una población que protestaba contra el retorno al poder de las capas tradicionales, pudientes de la sociedad peruana.
El 16 de diciembre 2022 (ATB Digital), la Misión en Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su “seria preocupación por el incremento de la violencia en Perú”, lamentando la muerte de 15 personas. En este sentido, el alto Comisionado llamó a implementar estándares de las Naciones Unidas sobre protesta pacífica en pos de proteger los derechos humanos y prevenir más violencia. De igual forma, la misión internacional instó a respetar la Observación general número 37 del 2020 relativa al derecho de reunión pacífica en la que se afirma que “la falta de respeto y garantía del derecho de reunión pacífica suele ser un indicio de represión”. Por su parte, la Dirección Regional de Salud del departamento peruano de Ayacucho cifró en 18 la cifra de fallecidos en las protestas tras la destitución del presidente Pedro Castillo.
Hasta ahora cuantas muertes habrá sufrido la sociedad civil, cuantos heridos y no hay duda que debe haber muchas personas torturadas. En ese sentido lamentamos que la Comisión IDH no haya visitado las cárceles donde se encuentran los detenidos, las victimas de la represión policial/militar.
En consecuencia:
- Expresamos nuestra preocupación y solidaridad por la grave situación que atraviesan nuestros hermanos, hermanas, hermanes de la República Peruana.
- Invocamos a las autoridades peruanas a tomar las decisiones correspondientes para propiciar condiciones que permitan el arribo a un diálogo que abra el camino a la búsqueda de soluciones, para lo cual se deberá empezar levantando el estado de emergencia, la investigación de las condiciones en las que más de 30 personas han perdido la vida; el cese de la represión y la persecución política a quienes están haciendo ejercicio de su pleno derecho a la protesta.
- Los diálogos solo podrán dar frutos si se realizan libres de la tutela de las armas. La democracia solo será real si es para todos, todas y todes, sin distingos ni exclusiones, con plenas garantías del respeto de la vida y derechos humanos, civiles y políticos, así como de las instituciones y organizaciones sociales.
- Exhortamos tener viva la memoria del periodo de violencia armada vivida en los años 80’ y 90’, donde la población civil desarmada fue víctima del actuar de las fuerzas del orden y de los alzados en armas; heridas y traumas psicosociales que aún laceran los corazones de las familias peruanas.
- Exigimos que las organizaciones nacionales e internacionales puedan visitar las personas privadas de libertad en los centros donde se encuentran detenidos acusados de sedición y terrorismo.
- Exigimos que se respete las garantías de un debido proceso, respetando el principio de la presunción de inocencia.
En el momento que estamos por lanzar el pronunciamiento, la represión en contra la población desarmada que sigue siendo víctima de “Fuerzas del Orden” que ostensiblemente han recibido la bendición por no respetar los Derechos Humanos, causando muertes, heridos, torturados.
Suscriben:
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia
Centro de atención Psicosocial CAPS, Perú́
Veredas Psicosociales A.C., México
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos CINTRAS, Chile
Centro de Atención Psicosocial CAPS, Colombia
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial EATIP, Argentina
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial ECAP, Guatemala
El Rebozo, Cuidado de la vida y los territorios, México
Red para la Infancia y la Familia REDINFA, Perú́
Aluna Acompañamiento Psicosocial, México
Instituto AMMA Psique e Negritude, Brasil
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, Ecuador
Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal ITEI, Bolivia.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG, Guatemala
Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia PRIVA, Ecuador
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, México
Instituto Zé Claudio e Maria, Brasil
Liga Guatemalteca de Higiene Mental, Guatemala
PSINERGIA, Bolivia
Dora Lucía Lancheros Perico, Colombia
Floridalma N. Pérez González, México
Alejandra Gonzales Marín, México
Andrés Gautier, Bolivia
Emma B. Bravo, Bolivia
Olatz Retegi, Bolivia
Mariela Castellanos, Bolivia
Poli, Isijara, Bolivia
Marinella Ramírez, Colombia
Edilberto Álvarez, Paraguay
Ángela Reyes, Guatemala
Lorena Pérez Osorio, Chile
Rosa Lia Chauca, Perú
Clemencia Correa, México
Stefania Graso, México
Rodrigo Morales, México
Carolina Morales Arias, Colombia
Blanca Merino Vásquez, Perú
Cristian Cemeño, Guatemala
Karin de Fries, Guatemala
Cecilia Saavedra, Bolivia
Jorge Cantoral, Bolivia
Mónica Miraval Berrospi , Perú
Silvia Fernández Cervantes, Bolivia
Marynés Salazar Gutiérrez, Bolivia