Propuestas para la Ley de Comunicación

TRES PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA PARA LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN

Las organizaciones, instituciones, colectivos, comunidades, académicos y personas abajo firmantes, conscientes de que la Constitución aprobada por la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas reconoce el Derecho a la Comunicación para el desarrollo de Buen Vivir, y tomando en cuenta que la aprobación de la pregunta 9 de la Consulta Popular implica el cumplimiento del mandato popular de aprobar una Ley Orgánica de Comunicación por parte de la Asamblea Nacional, hacemos tres propuestas concretas que juzgamos indispensables para que esta sea verdaderamente democrática.

Las propuestas parten del respeto irrestricto a la libertad de expresión, garantizado por la Constitución del Ecuador, dentro de un marco de responsabilidad social.

1. REDISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

Dado que la Constitución garantiza igualdad de condiciones en el uso de lasfrecuencias para medios públicos, privados y comunitarios (artículo 16.3 y 17.1), el espectro radioeléctrico deberá redistribuirse de forma tripartita entre estos diferentes medios (33%, 33% y 33%).
Esto se deberá alcanzar de forma progresiva, sin afectar a las concesiones obtenidas legalmente, mediante la reversión y redistribución equitativa de las frecuencias en manos del poder financiero, de grupos monopólicos y las obtenidas ilegalmente, según los informes de la Contraloría y la Auditoría de Frecuencias realizada en 2009.
La asignación equitativa de frecuencias se refiere también a las bandas libres de redes inalámbricas y a las nuevas señales digitales. En un canal analógico actual de televisión se podrán transmitir hasta cinco señales independientes de televisión digital. Así pues, para democratizar el espectro, cada una de estas señales deberá concesionarse de manera independiente entre los sectores público, privado y comunitario.

2. ACCESO UNIVERSAL A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dado que la Constitución garantiza el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en su artículo 16.2 (telefonía móvil, internet con banda ancha y otras), la Ley Orgánica de Comunicación y la Ley de Telecomunicaciones deberá aclarar cómo se logrará esta universalización.
Proponemos que este derecho se defina como un servicio público. El Estado lo garantizará de forma progresiva, a través de políticas públicas de conectividad, telecomunicaciones y procesos de alfabetización digital, hasta alcanzar en un quinquenio a toda la población ecuatoriana. Las operadoras deberán ofrecer tarifas con costos bajos para que los sectores excluidos o más vulnerables puedan ejercer su libertad de expresión y otros derechos humanos, y participar en la vida pública a través de estas tecnologías y de todas sus formas.
Parte fundamental en el acceso a las tecnologías de información y comunicación es la promoción del uso de estándares abiertos como el software libre, así como de las licencias creative commons y copyleft que permiten la cultura libre y la reproducción del conocimiento.

3. CONSEJO DE REGULACIÓN

Dado que en el artículo 313 de la Constitución se define que el espectro radioeléctrico es un sector estratégico del Estado, la distribución equitativa de frecuencias deberá ser una atribución indelegable del Consejo de Regulación.

Por esta razón, vemos conveniente que en este Consejo haya representación del poder ejecutivo y del legislativo. Sin embargo, la mayoría de los integrantes del Consejo serán representantes de la ciudadanía y de la academia, no vinculados a las funciones del Estado y elegidos por su competencia y méritos.

La conformación del Consejo podría quedar así: un integrante postulado por el Ejecutivo, un integrante postulado por la Asamblea Nacional, un integrante postulado por el Consejo de Igualdad, un integrante postulado por las facultades o escuelas de comunicación social, y tres representantes de la ciudadanía.
La regulación de los medios debe pensarse de manera integral, como un sistema que comprenda el Consejo, la autorregulación de cada medio con mecanismos transparentes, los observatorios ciudadanos y una Defensoría del Público.

El Consejo y el sistema de regulación abarcará a todos los medios, públicos, privados y comunitarios. Estas tres propuestas deberían consta
r en la Ley Orgánica de Comunicación y también, explícitamente, en la Ley de Telecomunicaciones, para que no se den contradicciones entre ambas normativas.

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 ALAI, Agencia Latinoamericana de Información
 ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
 APC – Programa de Políticas de TIC
 CIESPAL, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina
 CEFOCINE y sus oficinas en Guayaquil, Quito, Santa Elena, Santo Domingo,
Manabí y Cuenca
 Charles Escobar (Universidad de Israel)
 ConLinux.net (Tecnologías de Información y Comunicación con Software Libre)
 CORAPE, Coordinadora de Radios Populares del Ecuador y sus 34 emisoras
afiliadas
 El CHURO Comunicación
 Fernando Ortiz (Universidad de Cuenca)
 Foro Ecuatoriano Permanente de Organizaciones por y con los niñas, niños y
dolescentes
 Francisco Ordóñez
 Fundación CHULPICINE
 Fundación Ecuatoriana EQUIDAD
 Fundación REDES
 Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH
 F&B SISTEMAS, Soluciones en Software Libre, Gina Brito Barcenes y Pedro
ranco Alvarado.
 Galo Medina
 Giovanna Tipán
 Hernán Reyes (Universidad Andina)
 Jaime Cornejo, Periodista Profesional
 Jorge Luis Tinitana Gavilanes
 Lilia Lemos Játiva
 Luis Dávila Loor
 Luis Túpac-Yupanqui Tamayo
 Marco Navas-Alvear
 Mauro Cerbino (Flacso)
 Mi País Latina, Revista
 Pablo Romero Guayasamín, PADH-UASB
 PRODH, Colectivo Pro Derechos Humanos
 RADIALISTAS Apasionadas y Apasionados y su red continental.
 Rafael Carriel Jordán
 Red Joven de ALER
 Romel Jurado Vargas
 Santiago Andrade, Blender Ecuador
 SEICOM, Sociedad Ecuatoriana de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación
 SIGNIS, Asociación Católica de Comunicación
 WACC, Asociación Mundial de Comunicadores Cristianos
 Wambra Radio, Radio Joven Comunitaria de Quito
 Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH