Ayer jueves 13 de noviembre del 2025, se realizó la audiencia por el caso de Carlos Méndez en el Complejo Judicial Norte de Quito.
El juez constitucional, reinstaló la audiencia de acción de protección presentada por Carlos Méndez víctima de violencia institucional y perfilamiento racial en contra del Distrito Metropolitano de Quito y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, en el que se declaró la vulneración de derechos constitucionales a la igualdad y no discriminación, integridad personal y el derecho colectivo de reparación en contra de todas las formas de racismo.
Colectivos , académicos y profesionales afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos, como Ilex de Colombia, acompañaron la audiencia de forma virtual para presentar argumentos técnicos para que el juez tome una decisión fundada en el caso de Carlos Méndez.
La audiencia inició con la intervención de los abogados de los accionados, quienes utilizaron argumentos prejuicios y sesgados al afirmar que “en el Distrito Metropolitano de Quito hay afros trabajando y que por ende no puede existir racismo institucional”, lo que evidenció nuevamente la inexistente comprensión de la problemática del racismo en el espacio público y el tratamiento de los casos en las mismas administraciones públicas con las víctimas. La abogada del Municipio afirmó que ya se había cumplido con la reparación integral mediante disculpas públicas, apoyo psicosocial y una orientación para que Carlos Méndez pueda estudiar. Sin embargo, esta información fue debatida en audiencia dando como resultado que las actuaciones alegadas por el municipio nunca habían contado con la participación de Carlos Méndez, así como que los ofrecimientos del alcalde de Quito por medios locales fueron palabras y no acciones reales.
Durante la diligencia se presentaron tres pruebas: audiovisual, documental y una declaración de parte de la víctima.
Las abogadas de Inredh, Diana León, Amanda Mosquera y Andrea Toapanta, recalcaron ante el juez la grave agresión sistemática y racista sufrida a Carlos Méndez, enfatizando que se trató de un acto deliberado de discriminación y vulneración a sus derechos constitucionales.
Asimismo, la defensa solicitó que las instituciones públicas implementen protocolos y políticas públicas de inclusión con enfoque étnico-racial e intercultural, a fin de prevenir que hechos como este no se repitan.
La decisión del juez de aceptar parcialmente la Acción de Protección en el caso de Carlos Méndez constituye un precedente relevante, pero no es suficiente en la lucha contra el racismo Institucional en Ecuador. Al ordenar una reparación de carácter constitucional, la sentencia reconoce la responsabilidad municipal en los actos de discriminación y agresión cometida por agentes de control del distrito metropolitano de Quito. Además, dispone la elaboración e incorporación de un manual de intervención con enfoque étnico-racial, junto con la implementación de capacitaciones en derechos humanos para el personal del Cuerpo de Agentes de Control del Distrito Metropolitano de Quito.
Sin embargo, también evidencia que aún queda un largo camino por recorrer para desmontar por completo las estructuras racistas. El perfilamiento racial y el racismo institucional son problemas que nos conciernen a toda la sociedad. Para Carlos Méndez exigir justicia, no ha sido nada fácil sobrellevar este caso y espera que el perfilamiento racial no se repita en contra de más personas afroecuatorianas.