Este 1 de marzo de 2021, las familias de los cuatro jóvenes mexicanos que fueron asesinados hace 13 años en el bombardeo en Angostura, Sucumbíos, se concentraron en los exteriores del Consulado de Colombia en México para continuar con la exigencia de justicia y de judicialización a los responsables.
Además de las familias, al plantón convocado desde las 12:30 asistieron amigas/os, organizaciones de derechos humanos como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddhh) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y colectivos sociales como Marabunta y Niña Araña de Oaxaca, entre otros.
Para esta conmemoración, la Asociación de Familiares de Víctimas de Sucumbíos hizo público un pronunciamiento, donde evidencian “la criminalización de la cual fueron víctimas los estudiantes mexicanos junto con la persecución de Lucía Morett, única sobreviviente mexicana del ataque, constituyéndose en sí procesos contundentes de violaciones a los derechos humanos”.
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Asimismo, Álvaro González, padre de Juan González del Castillo, explicó dentro de su intervención que ante la falta de respuesta de los Estados mexicano, colombiano y ecuatoriano, “hemos recurrido a una primera instancia internacional como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” y de ser necesario buscarán justicia en otras instancias internacionales.
La petición fue presentada el 25 de marzo del 2014 por los familiares de los estudiantes asesinados Verónica Velázquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Avilés, con el apoyo de Inredh en Ecuador y por Limeddhh en México por la vulneración al derecho a la vida, a la integridad personal y la tutela judicial efectiva.
En ese sentido, Luisa Villacís, la asesora legal de Inredh, comenta que la CIDH decidió acumular las fases de admisibilidad y fondo en relación al Estado ecuatoriano y mexicano, debido a la falta de repuesta por parte de estos Estados. De esta manera, la CIDH decidió activar medidas para reducir el atraso procesal. Mientras que en el caso de Colombia aún estamos en etapa de admisibilidad.
En relación a los Estados de México y Colombia, la demanda se encuentra en fase de admisibilidad. El Estado colombiano ha respondido a la fase de admisibilidad, mientras que el Estado de México no ha presentado la información requerida por la CIDH para la fase de admisibilidad. La Comisión publicó reiteraciones llamado a cumplir con la información requerida ante los Estados ecuatoriano y mexicano.
Para Adrián Ramírez, presidente de la Limeddhh, una de las pruebas que evidencia la falta de proporcionalidad en el accionar del Estado colombiano es que «atacaron un campamento en la madrugada, cuando toda la gente estaba durmiendo y donde se encontraban personas civiles, como los jóvenes universitarios».
Sin embargo, “desde las organizaciones de derechos humanos seguiremos exigiendo justicia hasta poder identificar a los responsables, los cuales deberá ser judicializados, y hasta que se garanticen medidas de reparación integral a los familiares, entre ellas, medidas de no repetición, ya que esta pesadilla no debe ser una constante en ninguna familia”, concluye Villacís.
Sobre el caso
El 1 de marzo de 2008 se ejecutó la operación FENIX que tenía como objetivo la detención de Édgar Devia, alias Raúl Reyes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ese día, el operativo comenzó alrededor de las 00h20 del 01 de marzo con un bombardeo aéreo con misiles de alto poder. El ataque lo realizaron miembros del Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional de ese mismo país que arremetieron contra el campamento de las FARC, localizado en el sector de Angostura, ubicado en el cantón Putumayo, provincia Sucumbíos.
Tras el bombardeo, entre las 00h25 y las 03h30, tropas colombianas desembarcaron en el lugar. Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles se encontraban en el campamento, horas después sus cuerpos fueron encontrados con disparos a quemarropa. Solo, Lucía Morett, estudiante mexicana, junto a dos mujeres más sobre vieron al ataque.
Los cuatro estudiantes se encontraban en lugar para estudiar los grupos sociales insurgentes, tema de investigación de su tesis de posgrado. Del bombardeo sobrevivieron tres mujeres: Doris Torres, de 21 años, Martha Pérez, de 24 años, ambas de nacionalidad colombiana; y Lucía Morett, de México.
Pronunciamiento CIDH aqui