Este martes 22 de julio de 2025, a las 17h30, se realizará de forma telemática la audiencia en la que se dictará la resolución en la Acción de Protección presentada contra la Policía Nacional por la detención ilegal y arbitraria de los defensores de derechos humanos Miguel P. y Jafet G., durante una movilización social en Quito.
La diligencia, que inicialmente estaba prevista para la mañana, fue reprogramada por disposición judicial en aplicación de los principios de celeridad y tutela judicial efectiva, debido a una reorganización interna en los turnos de flagrancia. La audiencia se desarrollará por videoconferencia mediante la plataforma Zoom.
Esta diligencia marcará un momento clave en el Caso Defensores, que busca justicia frente a las vulneraciones a los derechos de Miguel P. y Jafet G., consecuencia de su detención ilegal y arbitraria llevada a cabo el 21 de noviembre de 2024. Ambos fueron privados de su libertad de forma ilegal y arbitraria por varias horas, pese a contar con cascos e identificaciones que acreditaban su rol en tareas de observación y veeduría durante la protesta. Además, denunciaron que durante su detención fueron víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte de agentes de la Policía Nacional.
La Acción de Protección fue presentada el 31 de marzo en el Complejo Judicial Norte de Quito con el acompañamiento del equipo jurídico de Inredh. La audiencia de sustanciación se desarrolló el 10 y 30 de junio, donde los defensores pudieron rendir su testimonio frente a la jueza de garantías constitucionales. Por su parte, el Estado sostuvo que el accionar policial se enmarcó dentro de la legalidad.
Se espera que la resolución reconozca la vulneración de derechos y disponga medidas de reparación integral, garantías de no repetición y protección efectiva para quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos.
Contexto
El 21 de noviembre del 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Quito una manifestación convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la cual se unieron diversas organizaciones sociales en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa.
En la avenida 10 de agosto a la altura de la intersección con la calle General Pedro Briceño, miembros de la Policía Nacional bloquearon el paso de los manifestantes con vallas metálicas. En ese momento la protesta empezó a registrar focos de violencia ajenos a los organizadores y en medio del caos dos miembros de la policía infiltrados de civiles derribaron brutalmente a un adolescente que portaba su uniforme de colegio y con la ayuda de otros uniformados arrastraron al estudiante por la calle del Banco Central, el hecho quedó registrado por las cámaras de varios medios del país.
Ante la situación, Miguel P. como veedor de derechos se acercó a grabar la detención y pedir al adolescente que grite su nombre. Fue entonces que uno de los policías lo sujetó del brazo y lo arrastró detrás del cerco policial donde lo inmovilizaron y golpearon. Simultáneamente, otro miembro de Inredh, Jafet G., que presenciaba la detención violenta de su compañero, se acercó para identificarse como defensor de derechos, pues quería asistir a Miguel.
Los policías, ignorando que ambos portaban cascos e identificaciones, y pese a que Miguel y Jafet les comunicaban que eran miembros de Inredh, los aprehendieron y llevaron en una patrulla al Distrito de Policía Manuela Sáenz, lugar donde fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y solo después de retenerlos durante aproximadamente 6 horas, decidieron dejarlos en libertad a la madrugada del día siguiente, sin haberlos llevado en ningún momento ante una autoridad judicial.
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