Se espera que la audiencia de juzgamiento dure un mes aproximadamente. Foto: archivo Inredh
Este martes 18 de septiembre de 2018, inició a la audiencia de juzgamiento para conocer y resolver la situación jurídica de los 42 agentes de la Policía Nacional procesados por el delito de tortura ocurrido en el Centro de Rehabilitación Social Turi.
La audiencia que se tenía previsto iniciar a las 08:30, en la sala del Complejo Judicial de Azuay, se retrasó debido a que varios de los testigos y procesados no portaban sus documentos de identificación y porque no se encontraba listo el equipo de la video conferencia. Además, de la aglomeración de los familiares de los agentes del Estado que querían ingresar a la sala donde se desarrollaba la diligencia.
Luego de tres horas de espera, el Tribunal de Garantías Penales de Azuay conformado por Luis Flores, juez ponente; Patricia Inga y Pedro Ordóñez instalaron la audiencia en contra de los 42 agentes policiales que participaron en el operativo del 31 de mayo de 2016, donde más de 200 personas privadas de la libertad del Pabellón de Mediana Seguridad JC, del CRS Turi fueron pateados, golpeados y obligados a desnudarse para realizar ejercicios físicos.
Para la Fiscalía lo sucedido aquel 31 de mayo claramente es un delito de tortura, así como lo señala el numeral 2, del artículo 151 de la Constitución del Ecuador. Sus argumentos se basan en las versiones de los internos que señalan que durante el operativo recibieron descargas eléctricas y fueron obligados a desnudarse mientras los golpeaban con el tolete.
La otra evidencia es el juego de video de seguridad del centro carcelario que registró como los miembros de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) torturaron a las personas privadas de la libertad aquel 31 de mayo.
Con este alegato coincidió David Ayala, defensor público y abogado de las 25 víctimas, que solicitó a los jueces analizar las pruebas para que verifiquen que sí hubo tortura el 31 de mayo y así sentar un precedente para que esto no vuelva a ocurrir en otros centros penitenciarios.
Por su parte, los 10 abogados de los 42 acusados dijeron que sus defendidos únicamente cumplían su trabajo realizando una requisa de rutina para incautar objetos prohibidos; sin embargo, se vieron obligados a utilizar la fuerza para neutralizar a varios de los internos debido al amotinamiento producido en los interiores del pabellón.
A la audiencia también asistieron los representantes de la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional y el Ministerio de Justicia en calidad de observadores, aseguraron.
Se prevé que mañana, 19 de septiembre de 2018, a las 09:00, se reanude la audiencia de juzgamiento para la presentación de testigos y pruebas.