La mañana del martes 10 de junio de 2025 se llevó a cabo la audiencia por el caso Defensores contra la Policía Nacional en la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes.
La audiencia fue convocada tras la detención ilegal y arbitraria de dos defensores de derechos humanos: Jafet G. y Miguel Ángel P. Durante el proceso se presentaron los argumentos de las partes y se expusieron los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2024, durante una manifestación social convocada por varias organizaciones y sindicatos en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa.
El caso fue llevado ante el juzgado debido a diversas acciones y omisiones que habrían vulnerado derechos fundamentales, entre ellas:
- Detención ilegal y arbitraria por parte de miembros de la Policía Nacional.
- Tratos crueles, inhumanos y degradantes durante la custodia.
- Revisión, recolección y archivo indebido del contenido de los teléfonos móviles.
- Criminalización y obstaculización de la labor de defensores de derechos humanos por parte de la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno y el Estado ecuatoriano.
Durante la audiencia, la parte accionada argumentó que los defensores no estuvieron detenidos formalmente, sino que fueron llevados al Distrito de Policía Manuela Sáenz para verificar su edad y condición legal, y que, al comprobarse que pertenecían a INREDH, habrían sido liberados. Negaron haber ejercido violencia, señalando supuestamente que los policías reciben capacitación en derechos humanos y que actuaron debido a la presunta actitud violenta de los manifestantes.
Sin embargo, las pruebas documentales, audiovisuales y testimoniales practicadas hasta el momento contradicen estas alegaciones.
La defensa del Estado también sostuvo que los defensores no debieron interferir en la labor policial y que su traslado al Centro de Salud No. 1 del Centro Histórico habría sido para constatar su estado de salud.
En otra fase de la audiencia se presentaron 13 anexos probatorios, entre ellos material audiovisual, incluidos los de prensa, donde se observa claramente la detención de Miguel P. y Jafet G. por parte de miembros policiales, a pesar de que portaban identificaciones visibles: casco y chaleco celeste con logos institucionales.
Un audio presentado reveló cómo a un abogado de los defensores se le negó el ingreso al Centro de Salud. En cuanto a los informes médicos, la defensa de INREDH presentó historiales que muestran agresiones y certifican una incapacidad de tres días, acompañados de evidencia fotográfica. El Estado objetó estos documentos, calificándolos de poco útiles por haberse elaborado días después del evento. La jueza señaló que valorará especialmente los certificados emitidos el día del suceso.
Posteriormente, se desarrollaron las pruebas testimoniales bajo juramento. Tres personas rindieron testimonio sobre los hechos y confirmaron los actos de violencia cometidos.
La audiencia fue suspendida antes de que las víctimas pudieran dar su testimonio. La jueza indicó que la reanudación de la misma se notificará próximamente y que podría llevarse a cabo de forma virtual.
La abogada Amanda Mosquera, asesora legal de INREDH, sostiene que del juicio se espera, en primer lugar, que la Acción de Protección interpuesta por Jafet G. y Miguel Ángel P. sea aceptada por la autoridad competente. Según Mosquera, es fundamental que se reconozca la existencia de una vulneración de derechos, particularmente de aquellos consagrados en los artículos 66 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador.
En ese sentido, plantea que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el fallo debe contemplar medidas de reparación integral que restablezcan los derechos afectados y eviten la repetición de estos hechos en el futuro.
Respecto a la reanudación de la audiencia, Mosquera considera que existen varias expectativas clave. Entre ellas, destaca la necesidad de que la diligencia se realice de manera presencial, de modo que ambos defensores, Jafet G. y Miguel Ángel P., puedan rendir su declaración de parte directamente ante la jueza. Esto, según la abogada, garantiza un ejercicio pleno del derecho a la defensa y del principio de inmediación procesal.
Asimismo, enfatiza la importancia de que se fije una nueva fecha con prontitud, evitando demoras que puedan comprometer el derecho a una tutela judicial efectiva. Señala que el proceso debe avanzar con celeridad y que lo ideal sería que se resuelva en la misma audiencia reanudada, sin que se generen nuevas suspensiones innecesarias.
Finalmente, Mosquera espera que el juicio culmine con una sentencia firme que siente un precedente claro en torno a la protección reforzada que deben recibir las personas defensoras de derechos humanos. Esta protección, explica, está respaldada por estándares internacionales, como los establecidos en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y resulta especialmente relevante en contextos de protesta social. En tales escenarios, añade, el rol de los defensores ha sido reconocido como esencial para el fortalecimiento de la democracia y la justicia. Por ello, el Estado tiene una obligación reforzada de garantizar su seguridad, evitar represalias o actos de criminalización, y promover un entorno en el que puedan ejercer su labor sin temor ni obstáculos.
Contexto del caso
El 21 de noviembre del 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Quito una manifestación convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la cual se unieron diversas organizaciones sociales en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa.
En la avenida 10 de agosto a la altura de la intersección con la calle General Pedro Briceño, miembros de la Policía Nacional bloquearon el paso de los manifestantes con vallas metálicas. En ese momento la protesta empezó a registrar focos de violencia ajenos a los organizadores y en medio del caos dos miembros de la policía infiltrados de civiles derribaron brutalmente a un adolescente que portaba su uniforme de colegio y con la ayuda de otros uniformados arrastraron al estudiante por la calle del Banco Central, el hecho quedó registrado por las cámaras de varios medios del país.
Ante la situación, Miguel P. como veedor de derechos se acercó a grabar la detención y pedir al adolescente que grite su nombre. Fue entonces que uno de los policías lo sujetó del brazo y lo arrastró detrás del cerco policial donde lo inmovilizaron y golpearon. Simultáneamente, otro miembro de Inredh, Jafet G., que presenciaba la detención violenta de su compañero, se acercó para identificarse como defensor de derechos, pues quería asistir a Miguel.
Los policías, ignorando que ambos portaban cascos e identificaciones, y pese a que Miguel y Jafet les comunicaban que eran miembros de Inredh, los aprehendieron y llevaron en una patrulla al Distrito de Policía Manuela Sáenz, lugar donde fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y solo después de retenerlos durante 7 horas, decidieron dejarlos en libertad a la madrugada del día siguiente, sin haberlos llevado en ningún momento ante una autoridad judicial.