Seis organizaciones sociales y derechos humanos solicitan reunión con el nuevo fiscal general del Estado

La falta de efectiva y oportuna judicialización de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad; el uso indebido del derecho penal en contra de defensoras y defensores de derechos humanos para dificultar su trabajo y acallar sus denuncias; la impunidad en graves violaciones a los derechos de las mujeres y de personas LGBTI; la ausencia de una política sostenida de investigación en casos de personas desaparecidas, y; la  violencia que enfrentan las personas sometidas a medidas cautelares de privación de libertad dentro de los procesos penales son temas de preocupación de las organizaciones de sociedad civil, y sobre las cuáles el Fiscal General del Estado, Doctor Carlos Baca Mancheno, debe asumir una política integral de respeto y garantía a los derechos humanos.

Por esto, el día de hoy,  16 de mayo de 2017, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC), el Comité de Víctimas y Familiares de Delitos de Lesa humanidad y Graves violaciones de Derechos Humanos, la Escuela Mujeres de Frente y el Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos (SURKUNA) han solicitado al  Fiscal General del Estado recientemente posesionado una reunión de trabajo dentro de los próximos ocho días con el fin de presentar información sistematizada y completa sobre la situación de derechos humanos en relación con la política pública penal en Ecuador.

Así mismo, solicitamos que, como resultado de esta reunión de trabajo, la Fiscalía explicite las acciones que tomará para garantizar la debida diligencia y la realización de adecuadas, exhaustivas y oportunas investigaciones en estos casos; para mejorar el programa de protección no solo para las víctimas de delitos sino para todos los intervinientes en el proceso penal tomando en cuenta las necesidades particulares de cada caso (enfoque diferencial); para establecer un sistema de protección eficiente que impida el hostigamiento y amenazadas que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos en el Ecuador; y sobre todo para prevenir y evitar que la política penal sea usada para perseguir y criminalizar a defensores de derechos humanos y a mujeres que ejercen derechos sexuales y reproductivos.

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