En esta reunión virtual convocada por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional para este viernes 16 de julio de 2021, representantes de organizaciones de la sociedad civil participaron en el análisis de la situación actual del sistema penitenciario.
Esta comisión tiene como competencia analizar los instrumentos internacionales, asuntos e iniciativas legislativas relacionadas con la política en materia de defensa, integración regional y seguridad integral del Estado.
En ese sentido, y a raíz de los hechos suscitados en los Centros de Rehabilitación Social del país, como la masacre de 79 personas privadas de libertad ocurrida el 23 de febrero o los hechos violentos del 12 de junio y 13 de junio del presente año, las y los asambleístas de esta Comisión buscan propuestas y resoluciones en respuesta a esta problemática.
Entre los puntos propuestos se incluye la participación de las organizaciones de la sociedad civil que puedan exponer su diagnóstico, evaluación y recomendaciones de normativa, política pública y temas que ameritan fiscalización por parte de la Asamblea Nacional.
A la comparecencia que duró alrededor de tres horas, se invitó a la Alianza contra las Prisiones, la Fundación Dignidad, la Fundación de Derechos Humanos INCCADI y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), organizaciones sociales relacionadas con la problemática.
Desde estas organizaciones se dieron a conocer algunos parámetros fundamentales para enfrentar la situación dentro de las prisiones, como el fortalecimiento de la coordinación y cooperación interinstitucional; la reducción de la sobrepoblación carcelaria y del hacinamiento; el fortalecimiento de las capacidades de servidoras y servidores públicos del sistema nacional de rehabilitación; el mejoramiento de la infraestructura y el acceso a servicios básicos; el respeto de garantías básicas al interior de los centros de privación de libertad; y el aseguramiento de recursos y presupuesto.
En la misma línea, representantes de la Fundación Dignidad y Alianza Contra las Prisiones, entre ellos Vianca Gavilanez, expusieron las precarias condiciones en las que vive actualmente la población, como el hacinamiento que asciende al 30% en el país, y enfatizaron la necesidad urgente de construir un mejor sistema carcelario.
“Es urgente poner en práctica las distintas normativas internacionales y reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de libertad, como las Reglas Mandela, de Bangkok y de Tokio, para procurar el buen funcionamiento de la estructura carcelaria”, enfatizó Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de Inredh.
Existe una declaración de Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario, gracias a la acción de protección con medidas cautelares a favor de las PPL presentada por el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE), que obliga a la Asamblea a crear o reformar el ordenamiento jurídico y una serie de medidas de reparación integral.
En cuanto al encarcelamiento de mujeres, Lisset Coba, manifestó ante la Comisión la necesidad de reflexionar desde una perspectiva de género las consecuencias del encarcelamiento de mujeres. “Criminalizar a una mujer es criminalizar a toda una familia, es momento de pensar en la posibilidad de una justicia restaurativa”.
Asimismo, se pudo escuchar a familiares de personas privadas de libertad, mismos que además de exponer su preocupación por el bienestar de sus seres queridos, resaltaron la existencia de vulneraciones a sus propios derechos y la falta de un enfoque humanitario y sensible con esta población.
Al final de la sesión, Ramiro Narváez, presidente de la comisión, presentó una moción para que la subcomisión responsable de la fiscalización de la crisis carcelaria elabore un proyecto de resolución. En este escrito se solicitará la designación del delegado del Presidente de la República al Organismo Técnico, así como a tomar las acciones pertinentes al poder ejecutivo para solucionar la crisis carcelaria.
Dentro de la moción también se planteó definir las atribuciones y funciones de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
Adicionalmente, el legislador propuso que se elabore un Plan de Intervención Urgente y se asigne el presupuesto necesario para enfrentar la crisis del Sistema de Rehabilitación Social.
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