Tienen nombre: deshumanización por anonimato en la muerte carcelaria

El 11 de enero de 2022, el SNAI informó sobre el “fallecimiento” de tres internos en el Centro de Privación de Libertad No. 2 en Esmeraldas. El comunicado indica, una vez más y con las mismas expresiones de un discurso dentro de lo políticamente correcto, que están “trabajando junto a Fiscalía para esclarecer las circunstancias de dichas muertes”. Hoy, esas palabras ya no tienen sentido.
Nuevamente, el Estado ecuatoriano utiliza eufemismos: no fallecieron tres internos en la cárcel de Esmeraldas; tres personas fueron asesinadas, y estas les siguen a las otras 324 asesinadas durante el 2021 en prisiones ecuatorianas, sólo en masacres, sin contar otras muertes violentas.
La Alianza contra las Prisiones recibe con tristeza e indignación esta nueva noticia de violencia carcelaria. Nos solidarizamos con los familiares de las personas privadas de libertad asesinadas bajo custodia estatal, y seguimos demandando que se reconozcan estos asesinatos como pérdidas de vidas humanas, de personas con familias, con nombre y apellido. Nos dolemos de estas muertes que denigran a la sociedad entera, como una forma brutal de minimización de la dignidad humana, por la cual el Estado ha relegado a las personas privadas de libertad a ciudadanos de segunda clase.
La banalización de la muerte de prisioneros en el país debe ser entendida como una disociación entre la violencia y la dimensión humana de miles de personas en privación de libertad. Ante la violencia, no vemos que cada asesinato es una vida, lo leemos como un número.
Nos aterra la forma en que el Estado ecuatoriano cuenta cadáveres sin pudor, sin nombres, sin historia y sin relación con el mundo, ocultando bajo las cifras el abandono, el trato deliberadamente cruel y negligencia hacia las personas presas y sus familias. 
Las masacres carcelarias son expresión del genocidio de hombres racializados empobrecidos. Bajo la explicación repetitiva del enfrentamiento entre bandas, el Estado se declara irresponsable a pesar de que sus acciones, como los traslados de una prisión a otra, agudizan las tensiones dentro de los centros penitenciarios. 
En días pasados, hemos comunicado en nuestras redes la preocupación sobre los resultados de una serie de acciones a las que hemos sido convocadas por el Estado, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, sin llegar a acciones o resultados concretos. Entendemos estos nuevos crímenes como un efecto relacionado con las decisiones gubernamentales de no actuar en defensa de las personas presas, de dejar hacer a los agentes de estado y mafiosos interesados en el incremento de la violencia armada en las prisiones, y de no construir procesos con las personas privadas de libertad, sus familias y la sociedad en general. 
Como organizaciones de la sociedad civil, exigimos al gobierno ecuatoriano poner en conocimiento público las identidades de quienes han muerto en la cárcel. ¿Por qué el Estado ecuatoriano se niega a publicar los nombres de las personas asesinadas? 
Si queremos restituir la paz en las prisiones y en la sociedad debemos reconocer la humanidad de las personas privadas de libertad, sus nombres y vínculos. Dar un lugar a sus historias permitiría encontrar las formas más humanas de restituir algo a sus familiares. La vida de las personas privadas de libertad es responsabilidad estatal. 
Nos condolemos. Demandamos saber sus nombres y reconocer estos duelos. No aceptamos una sociedad de cuerpos desechables. 
 
Alianza Contra las Prisiones
12 de enero de 2022