Foto: Twitter; Paola Andrade. @paolyandrade
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) expresa su preocupación por los actos violentos y el despliegue de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la provincia del Carchi, que se mantiene en protestas sociales desde hace cinco días.
En el marco de estas protestas resulta importante recordar al Estado ecuatoriano que las personas manifestantes tienen derecho a expresarse libremente, lo que implica emitir sus opiniones de crítica frente a las políticas y autoridades, así como el derecho a reunirse pacíficamente con la finalidad de hacer oír sus demandas y malestares en el uso legítimo de su derecho constitucional a la resistencia.
Por estos motivos, el Estado debe garantizar estos derechos y no usar cualquier medio violento o ilegítimo que coarte la libertad de estas personas. En el caso de producirse enfrentamientos es deber de las autoridades policiales que consideren siempre los estándares del uso progresivo de la fuerza, con la finalidad de evitar lesiones a la integridad y vida de las y los manifestantes.
Vale señalar también al Gobierno del Ecuador, que el Estado es responsable por las actuaciones de sus agentes de seguridad por cualquier atentado a la vida e integridad, detenciones arbitrarias y/o ilegales, entre otras vulneraciones de derechos que pudieren cometer.
También nos preocupa que nuevamente se utilice el poder punitivo para iniciar procesos de criminalización de la protesta social en contra de estudiantes, dirigentes y defensores de derechos. Según el prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, quince personas fueron detenidas entre el miércoles y el jueves por «desórdenes públicos», entre ellas una menor edad, y que al menos seis de ellas fueron liberadas.
Respecto, al despliegue de las Fuerzas Armadas, el Gobierno Central debe recordar que, de acuerdo con los estándares internacionales en temas de derechos humanos y seguridad, el uso de las fuerzas policiales es exclusivo para controlar problemas relacionados con la seguridad interior de un país, así como disturbios, enfrentamientos o protestas. Así el uso de agentes militares debe estar reservado únicamente para asuntos que puedan comprometer la soberanía nacional sobre amenazas de orden exterior.
Como organización de derechos humanos estamos alerta, que en los puntos de coexistencia de los manifestantes no se produzcan enfrentamientos por parte de las fuerzas públicas que den pie a la vulneración de derechos. Consideramos que las vías cerradas, en varios puntos como Mascarrilla, El Juncal, Piquiucho no deben ser puntos en los que las fuerzas del orden y los ciudadanos entren en conflictos.
Llamamos al diálogo pacífico en el que se den soluciones efectivas para el pueblo carchense. Exhortamos al Gobierno a escuchar a los ciudadanos para que los procesos de manifestaciones acaben lo más pronto posible y no se llegue a conflictos insolubles.