El 18 de febrero de 2026, organizaciones sociales, colectivos ambientales y defensores de derechos humanos se concentraron en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito, para respaldar al colectivo YASunidos en la audiencia convocada por una denuncia del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionada con la presentación de informes económicos de campaña en el marco de la Consulta Popular por el Yasuní.
El caso se origina a partir de una denuncia presentada por el CNE contra integrantes del colectivo YASunidos, a quienes se les acusa de no haber presentado informes de cuentas de campaña, conforme lo establece el Código de la Democracia. Sin embargo, desde la organización sostienen que los informes fueron entregados dentro de los plazos correspondientes y que, posteriormente, se presentaron subsanaciones solicitadas por el propio organismo electoral.
Pese a ello, el CNE solicita la sanción máxima: una multa de 70 Salarios Básicos Unificados y la suspensión de derechos políticos por cuatro años para varios de sus integrantes, medida que el colectivo calificó como claramente desproporcionada frente a supuestas faltas de carácter no sustancial.
La activista Alejandra Santillana fue categórica: «El gobierno se ha dedicado a perseguir a las organizaciones sociales. Es una ofensiva total. Si el presidente cree que vamos a frenar la lucha, no es así. Seguiremos adelante defendiendo los derechos de la naturaleza.» Por su parte, Romelio Guamán, expresidente de la Coordinadora Nacional Campesina, expresó su solidaridad: «El pueblo ecuatoriano está cansado. La consulta popular está hoy amenazada.»
YASunidos denunció que este proceso constituye un acto de persecución política contra un colectivo ciudadano que impulsó la histórica Consulta Popular del 20 de agosto de 2023, que permitió a la ciudadanía decidir sobre la explotación petrolera en el bloque 43-ITT del Yasuní, y que hoy enfrenta represalias mientras ese mandato popular sigue sin cumplirse.
Al cierre de esta nota, la resolución del TCE se encuentra pendiente. Desde YASunidos exigen que el Tribunal actúe con justicia y apego a los principios democráticos, y reafirman su compromiso: defender el Yasuní es defender la democracia.
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