Archivo INREDH
De los 66 centros de Privación de libertad que existen en el país, solo en 35 se han impartido charlas sobre derechos humanos como medida de reparación emitidas por la sentencia de Habeas Corpus a favor de las personas privadas de la libertad, que fueron víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos ocurridos el pasado 31 de mayo de 2016, en el pabellón de Mediana Seguridad Social “JC”, del Centro de Rehabilitación Social Turi-Cuenca. Así lo conoció ayer, 4 de diciembre de 2019, el juez José Peralta Parra que instaló la tercera audiencia de verificación de cumplimiento de las siete medidas de reparación emitidas el 30 de junio de 2016.
La audiencia inició a las 09:30, en el Complejo Judicial Cuenca, con la intervención de David Ayala, defensor público y abogado de las personas privadas de la libertad, que expresó su preocupación por la inasistencia de los accionados: Ministerio del Interior, actual Ministerio de Gobierno; y el Ministerio de Justicia, cuyas competencias las tiene actualmente el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI). Además, cuestionó la ausencia de la Defensoría del Pueblo encargada del cumplimiento de la sentencia.
Ayala centró su intervención sobre el sistema de capacitaciones en derechos humanos en los centros penitenciarios y su enfoque. Enfatizó que «sólo se dictaron charlas de derechos humanos en 35 de los 70 centros de rehabilitación social del país lo que muestra que se cumplió parcialmente la disposición del juez» y que esta falta de cumplimiento se profundiza por que no existe información clara sobre las charlas. ¿En qué pabellones de seguridad de los CRS se dictaron? ¿Cómo se eligieron a los privados para ser capacitados? ¿Qué tipo de materiales se utilizan en esas charlas? ¿Cuál fue el enfoque de estas charlas?, fueron algunos de sus cuestionamientos.
El defensor público solicitó al juez que en cumplimiento del artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, el magistrado puede evaluar el cumplimiento de las medidas de reparación y de creerlo conveniente, incluso podría modificarlas; esto a raíz de las recomendaciones nacidas en los informes de las capacitaciones, en los cuáles se proponía que éstas se amplíen a toda la población penitenciaria y que se incluya a las y los servidores públicos como los guías penitenciarios y Policía Nacional.
Pamela Chiriboga y Josué Lara, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), fueron los segundos en tomar la palabra y cuestionar el sistema de capacitación en los centros penitenciarios. Chiriboga explicó al juez que de una población penitenciaria de 40.096 personas sólo se brindaron charlas de derechos humanos a 4.449 privados de la libertad, es decir a un 11% del total.
También denunció que el contenido impartido debe tener un enfoque de interculturalidad, especialmente si está orientado a grupos indígenas cuya lengua principal es el quichua como sucede en las cárceles de Loja, Cañar y Sucumbíos, donde llegan personas que en su mayoría no hablan español como lengua principal. Además, cuestionaron que el personal de la Policía Nacional brinda las charlas de derechos humanos cuando ellos también deberían ser capacitados en esa materia, ya que fueron miembros de esta institución quienes vulneraron los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Al momento, según Chiriboga, las charlas dadas en las cárceles duraron una hora y media, una hora y hasta 40 minutos según lo registra los mismos informes de las capacitaciones dadas en Archidona, Puyo, Femenino de Esmeraldas, Azuay, Cañar y otras. Contrario a la directriz nacional de este proceso de capacitaciones, la cual decía que las capacitaciones tenían que duran 3 horas.
Tras la intervención de la parte accionante, el juez escuchó a uno de los dos representantes del Estado que asistieron a la audiencia. El representante del Ministerio de Salud dijo que esta entidad ya cumplió con las atenciones de salud correspondientes en el caso Turi con el apoyo zonal del centro de Salud N. 2.
La última intervención fue de Nelson Ordoñez Naranjo, en representación de la directora del CRS Turi, María Belén Cabrera, que mencionó que las charlas sobre derechos humanos impartidas a las personas privadas de la libertad tenían contenido digital y que incluían algunas fotografías basado en el “Manual de derechos humanos en contexto penitenciario” como se mencionaba en un oficio del 28/07/2017.
Ordoñez precisó que los policías que brindaron las charlas fueron capacitados en una unidad de capacitadores y aseguró que estas fueron impartidas en todos los centros de rehabilitación, pero “no se tienen todos los registros de asistencia” porque este procedimiento se asimila a una clase de educación sexual y no que necesariamente se lleva el registro del 100% de asistentes.
Frente a esto, David Ayala expresó que “aunque se mencione que las charlas de derechos humanos se brindaron en todos los centros de rehabilitación social no se menciona que se ha realizado a todas las personas de esos centros”. Luego citó varios informes entregados por los CRS donde se muestra en la regional de Guayas, sólo 60 internos de un total de 2.000 recibieron las charlas; algo similar paso en la Regional de Latacunga, sólo 224 personas recibieron las charlas y en el Turi únicamente 326 privadas de la libertad. Finalmente, enfatizó que no se busca que la sentencia dictaminada por el juez Carlos Julio Guzmán Muñoz se modifique, pero sí que se cumplan correctamente con las medidas de reparación integral.
Luego de todas estas intervenciones, el juez José Peralta resolvió convocar a otra audiencia de cumplimiento, pero bajo prevenciones de ley a las instituciones implicadas que no asistan con el fin de establecer una hoja de ruta clara para el cumplimiento de la medida, que incluso permita la articulación con organizaciones de la sociedad civil y la presencia de la Defensoría del Pueblo.
Dato:
Otras de las medidas cumplida fue las disculpas públicas, el tratamiento psicológico a los privados que sufrieron el evento de tortura y el traslado de los internos a otras cárceles.