*Por Nicoll Espinoza y Carla Criollo Hoy recibimos el 8 de marzo, día internacional de la mujer, entre desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas, entre el miedo y la rabia de las que quedamos, y, sobre todo, recibimos este día con nuestra declaratoria de lucha y búsqueda de justicia para todas las víctimas de la violencia de género y sus familias. Atravesadas por la cuestionable declaración de Conflicto Armado No Internacional (CANI) en el Ecuador, es inevitable hacernos un sin número de preguntas sobre la situación de las mujeres en este contexto. Puesto que, esta aparente «guerra» no es contra los «terroristas» sino que se ha convertido en una criminalización de la pobreza, de las personas en situación de vulnerabilidad, NNA, mujeres, pueblos y nacionalidades, de los invisibles y olvidados. En el presente artículo y de acuerdo con la teoría de Segato (2014) «la violencia contra las mujeres ha dejado de ser un efecto colateral de la guerra y se ha transformado en un objetivo estratégico de este nuevo escenario bélico»(p.16); lo cual, como veremos a continuación, ya está en el radar de la periodista Jéssica Zambrano que con su trabajo ha levantado la voz de resiliencia e indignación de mujeres organizadas por la defensa de las infancias en territorios donde el crimen organizado ha impuesto su voluntad. 
Cortesía: Indómita
Es común escuchar la idea de que, la creación de leyes y marcos legales que amparen a las mujeres mejorará significativamente las condiciones de vida de estas; no obstante, en Ecuador las estadísticas de feminicidio desdibujan esta apuesta política. Cada 27 horas, en nuestro país, asesinan a una mujer por razones de género, con lo que es -tristemente- cotidiano toparse con noticias de esta índole en medios hegemónicos, donde se proyectan como hechos aislados sin nexos entre sí. Esto hace que nos preguntemos ¿por qué el Estado no hace nada al respecto? y ¿qué está pasando realmente? Aunque, antropólogas, periodistas y sociólogas ya han identificado la responsabilidad del Estado en la impunidad con la que la criminalidad opera, y que, ambos interactúan en un universo invisible (para la sociedad civil) de redes de corrupción con el mismo objetivo presente: el capital ilegal donde la permisión de toda violencia exacerbada es parte de una misma estrategia. Antes de continuar, es necesario contextualizar brevemente como llegamos a un «Conflicto Armado no Internacional» (CANI). Desde el 2019 hasta el 2023, los niveles de criminalidad y narcotráfico se vieron en ascenso, solo en el 2023 el número de homicidios llegó a 7.878 y el 81,93% de muertes violentas se registraron solo en cinco provincias. El nivel de inseguridad llegó al punto más crítico cuando el 7 y 9 de enero se desarrollaron varios hechos violentos que provocaron pánico colectivo, razón por la cual el presidente Daniel Noboa decreta el estado de excepción en todo el territorio nacional por «grave conmoción interna». El 8 de enero, con la fuga de alias Fito y la toma del canal de televisión TC por grupos criminales, el presidente emite el Decreto ejecutivo No. 111 en donde se declara un conflicto armado no internacional llamando a 22 grupos delincuenciales como grupos no estatales beligerantes. Desde nuestra postura, consideramos este decreto como desproporcionado e inconstitucional ya que no cumple con ninguna de las características para nombrarlo como tal. Ramiro Ávila (2024) menciona que es necesario que existan al menos dos requisitos, el primero es que el bando no estatal debe tener capacidad organizativa reflejado en un cuerpo organizado militar y que disponga de tácticas militares para enfrentar al «otro». El bando para estatal debe tener una ideología política que le lleve a disputar el poder del Estado para convertirse en el nuevo gobierno, y gozar con la gobernanza de un territorio donde el Estado no llega. En nuestro contexto, las bandas narcodelictivas no demuestran ninguno de estos elementos. Hay que aclarar que, aunque consideramos que no existe un CANI -porque no hay una ideología política ni una organización paraestatal organizada que controle un territorio-, para este ensayo obviaremos estos elementos para demostrar nuestro objetivo de relacionar el CANI con la violencia hacia las mujeres. Para esto, debemos comenzar explicando los conceptos de Rita Segato (2014) quién nos habla de las nuevas formas de la guerra, esas que no tienen precedentes. Este tipo de guerras cuyas razones son difusas y que son sincrónicas con muertes y desapariciones, son el resultado de una instancia llamada el «Para-estado». La autora usa este concepto para retratar la parte oscura de las instituciones que actúa en complicidad con el crimen organizado, que es el segundo estado o estado criminal. Este segundo estado toma cada vez más poder por su relación antagónica con las fuerzas del orden, alimentando así el negocio de la guerra. Esta interacción entre Estado y estado criminal resulta en un espacio intersticial llamado Para-estado, donde existe una dicotomía en el actuar de las fuerzas policiales y militares, pues son ellos quienes a consciencia protegen y a la vez matan a quienes, en el discurso oficial, son los enemigos en la guerra contra el crimen organizado. Por otro lado, la violencia desatada por las fuerzas criminales, como pudimos apreciar a inicios del año, fue el argumento principal para legitimar la militarización de la seguridad, mostrando la «efectividad» de los operativos policiales y militares, lo que analizaremos más adelante. Por consiguiente, esta situación ha sido extendida por el presidente hasta el 7 de abril del presente año, quién afirmó: «Todavía no hemos resuelto todos los problemas…» pero nosotras hemos identificado un problema restante y es el posible incremento de la violencia contra las mujeres debido a la ideología de guerra. Considerando que el gobierno de Daniel Noboa es de derecha y que tan solo tienen 17 meses para ejercer su cargo, es posible inferir que el CANI es una estrategia para ganar la reelección en las próximas elecciones presidenciales. Su gobierno capitalista, necesita mostrar a Daniel Noboa como el único que puede hacer frente a esta guerra, por lo tanto, necesitan legitimarla mediante el miedo de la sociedad y financiarla a través de la subida del IVA al 15%, el Tratado de libre Comercio con China y la solicitud de bases militares estadounidenses en el territorio ecuatoriano ya que, como dijo el mismo presidente, «Una guerra cuesta y cuesta dinero» Si consideramos el supuesto CANI como algo que efectivamente está pasando, la violencia en la que podrían incurrir ambos actores durante esta guerra sería una violencia que no es instrumental sino expresiva, una violencia cuyo fin es exhibir la crueldad para mantener el control de los territorios, es una violencia en la que se enseña y practica que lo vivo puede ser entendido como un objeto, anulando su característica de vida. Con esto nos referimos a la pedagogía de la crueldad, una estrategia de una fase capitalista-imperialista la cual necesita la guerra para sostenerse para enviar señales a los enemigos sobre el poder que ejercen sobre la población en general y donde las mujeres pueden ser el lienzo donde se plasma la desfiguración (desensibilización) humana que crean los conflictos armados. Con esto, queremos poner sobre la mesa que las personas en condición de vulnerabilidad abandonadas por el Estado -en especial las mujeres- son quienes más riesgo tienen de ser blanco de estas manifestaciones violentas por parte de ambos actores. Por lo tanto, este discurso de la existencia de un CANI es peligroso ya que, por un lado, el Estado alienta las manifestaciones de discriminación y violencia para ir en contra de los «terroristas» -enemigos mal delimitados- y por otro lado olvida que hay problemas sociales a los que el Estado no ha dado respuesta como es el caso de la violencia de género, violaciones, desapariciones y los femicidios. Desde el lado beligerante, las mujeres también son la carne de cañón puesto que el narcotráfico va de la mano con la explotación sexual y la violencia de género. Las mujeres quedamos en medio de una guerra capitalista patriarcal dejándonos en una posición de doble vulnerabilidad al estar frente un Estado indolente y a su vez a merced de las bandas criminales; ya no somos consideradas como «daños colaterales» sino más bien somos blancos deseados, botines de guerra para demostrar el estereotipo de masculinidad frente al enemigo. 
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A pesar de la espectacularización del supuesto CANI, solo el 5% de las personas detenidas han sido procesadas, un porcentaje bastante bajo para la magnitud del problema que se pretendía visibilizar. A pesar de esto, desde el gobierno se ha querido difundir el discurso de que esta guerra ha rendido grandes frutos regresándole al Estado el control sobre la sociedad gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a Policía Nacional. Esta idea se fortifica aún más cuando observamos el discurso manejado por parte del gobierno en la que se glorifica el accionar patriótico de los agentes de control. Las publicaciones en redes sociales por parte del gobierno nacional y del partido oficialista han abierto la puerta al sentimiento de unión nacional polarizando a la sociedad ecuatoriana entre los buenos (los que apoyan la guerra) y los malos (quienes están en contra).
En esta misma línea, una publicación realizada por el partido Acción Democrática Nacional (quienes respaldaron la candidatura de Daniel Noboa) mencionaba que las personas que han cometido un delito no deben gozar de derechos humanos. Esta publicación, que fue borrada minutos después, estuvo llena de comentarios de aceptación de la ciudadanía, de los cuales se puede observar que en su gran mayoría llamaban a combatir a los grupos delincuenciales con más violencia, es decir, la sociedad ecuatoriana exigía más represión e incluso pedían la ejecución de las personas detenidas. Entonces, estamos frente a una sociedad insensibilizada que demanda la ejecución de personas y un gobierno que reafirma estos ideales que van en contra de los derechos humanos.
Captura hecha por Equipo Inredh
Estos pensamientos profundizan en los estereotipos, prejuicios y estigmas de la sociedad ecuatoriana respecto a sus prenociones machistas, que influyen en el imaginario de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes, respaldados por los actores mencionados, durante sus funciones en los territorios en conflicto, se convierten en juez y parte para establecer -de forma subjetiva- a quienes detengan e incluso determinen la continuidad de la vida de las personas.
En estos conflictos, si bien es cierto que nos afecta a todos en diferentes grados, las mujeres son quienes más incertidumbre viven. En contextos de normalidad las mujeres ya son objetivadas, pero en procesos beligerantes -que no presentan límites temporales- esta cosificación se intensifica ya que en el cuerpo de las mujeres es en donde se plasma la beligerancia reduciéndolas a simples mercancías. Esta cultura de la violencia, a la que la sociedad ecuatoriana se ha suscrito, incentiva la crueldad sobre los cuerpos no guerreros perpetuando la Pedagogía de la crueldad. Un claro ejemplo de esto lo observamos en un video difundido en redes sociales en donde militares ridiculizan a un detenido varón maquillándolo y feminizándolo para aleccionarlo. Las prácticas tradicionalmente relacionadas con la mujer son formas de castigar a una persona, lo que se equipare a lo femenino con lo ridículo y como una forma de emascular a los hombres.
La captura de pantalla del video de TikTok no pretende aseverar que esto efectivamente ocurrió y que agentes de control hayan cometido estos actos, sino que se pretende evidenciar como el machismo interiorizado tanto en la sociedad como en las estructuras represivas del Estado consideren a la violencia sexual como un chiste, lo cual refuerza el pensamiento de que los cuerpos femeninos pueden ser poseídos a manera de objeto.
Captura hecha por Equipo Inredh
La glorificación de la violencia recae en el cuerpo y en las prácticas de las mujeres convirtiéndolos en el blanco deseado de las manifestaciones de violencia física y sexual para demostrar la superioridad de un bando frente a otro.
Estos actos insensibilizados se intensifican contra mujeres de diversidades sexo genéricas o diversidades sexuales, de etnias no hegemónicas y estratificación social, o sea, la interseccionalidad se convierte en un factor de riesgo en las mujeres puesto que la disonancia con lo que estructuralmente se considera «lo femenino de bien», complejiza el rol de la mujer en este estado beligerante.
Es decir, una mujer blanca heterosexual con un nivel adquisitivo elevado no estará en igualdad de condiciones que una mujer lesbiana afrodescendiente de escasos recursos. No se pretende afirmar que las mujeres con mayores privilegios quedan sin peligro de enfrentamientos entre el Estado militarizado y las bandas delincuenciales organizadas, sino que las características diversas en los grupos tradicionalmente excluidos representan un mayor riesgo.
Mujeres con piercings y/o tatuadas, chicas de género diverso, mujeres trans, trabajadoras sexuales, personas queer y no binarias, todas ellas son consideradas sospechosas y etiquetadas como una amenaza y por esta misma condición, se las piensa como productos desechables, esto lo observamos con la cantidad de femicidios y sicariatos a mujeres relacionados a organizaciones delictivas. Ejemplo de esto es como agentes metropolitanos agredieron reiteradamente a una trabajadora sexual por el robo de pertenencias a una persona. En el video que evidencia estas agresiones se observa que, pese a estar neutralizada la mujer, los agentes de control le propinan varias cachetadas y denigraciones. Como se mencionó antes, el enaltecimiento de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ha incentivado que estos comportamientos sean aceptados y aplaudidos, es más, son deseables (Segato, 2014).
Los centros de rehabilitación social se convirtieron en centros de operación para organizar a las bandas narcodelictivas fuera de ellas. La guerra comenzó desde mucho antes de que se materializara en las calles, y el cuerpo de las mujeres privadas de libertad ha sido utilizado como moneda de cambio entre los funcionarios y las redes narcodelictivas para obtener favores sexuales para la distribución de la droga debido a la amenaza en contra de su integridad física o el de sus familias o porque su situación de abandono en algunos casos -a raíz de su encarcelamiento- no les ha dejado más opciones que subsumirse a esta lógica delictiva y de obediencia, por lo cual los conflictos armados las han dejado vulnerables frente a estos actores. Del mismo modo, mujeres familiares de los PPLs han sufrido agresiones por parte de los policías y de militares que -solicitando que se cumplan los Derechos humanos dentro de los centros de rehabilitación social- les han arrojado gas pimienta para evitar que ejerzan su derecho a la protesta social. Es así que los estragos del aparente CANI sobre estas mujeres son vitoreados pues se las estigmatiza por su relación con los PPLs considerándolas cómplices de actos criminales.
Otro ejemplo de esto se observa en la retención de agentes penitenciarios dentro de las cárceles durante los momentos de mayor tensión durante el CANI. Entre los agentes penitenciarios retenidos en las cárceles de varones se encontraban mujeres que no hace mucho se habían convertido en madres. Estas mujeres quedaron en medio del conflicto ya que la falta de recursos en el sistema penitenciario las obligaba a custodiar a presos varones lo cual aumentaba el riesgo de sufrir una agresión sexual. Tanto para el Estado como para las bandas delictivas, las mujeres son carne de cañón cuyo perjuicio a su integridad física y psicológica no es relevante.
El contexto conflictivo que atraviesa el país no es un proceso del cual haya que sorprenderse puesto que es el resultado del olvido estatal en varios sectores de la sociedad. Fue un mal anunciado con antelación, pero que los gobiernos decidieron dejar de lado debido a su poca voluntad política para generar proyectos o políticas públicas que hagan frente al verdadero problema enraizado en la ciudadanía ecuatoriana, a estos problemas solo implementaron medidas paliativas para sostener su gobernabilidad.
La respuesta militar del gobierno no solo ha traído una paz temporal -cuestionable que se sostenga en el tiempo- sino también evidencia la misoginia que hace parte de la sociedad ecuatoriana que incentiva a que lo femenino y las mujeres sean blanco de las explosiones de violencia ya que la declaratoria del CANI solo ha sido una excusa para incentivar esta violencia y dejar en la indefensión a las mujeres. En un CANI real estas expresiones se verían intensificadas a niveles catastróficos, por lo que el discurso manejado por el gobierno vuelve más probable este futuro.
Para revertir la pedagogía de la crueldad es imprescindible que evidenciemos la influencia del sistema patriarcal en la estructura de la sociedad. Este sistema no solo afecta a las mujeres -que como hemos señalado en los párrafos anteriores, las separa de su condición de seres vivos mercantilizándolas- sino que también afecta a los hombres puesto que el pacto corporativista del mandato masculino a el que se encuentran subsumidos, no les permite identificar sus sentires y sufrimientos teniendo que amoldarse a los estereotipos impuestos. Esta estructura de poder anula la compasión e incentiva las prácticas de actos crueles que se reafirman a través de los medios de comunicación y los discursos reproducidos. En contextos de conflictos armados, las mujeres se ven especialmente afectadas por la violencia sexual, la trata de personas y los tratos inhumanos. Esta realidad es inaceptable y requiere una respuesta decidida y coordinada que no solo tiene que ser pensada desde el Estado, sino también debe exigirse desde la ciudadanía mediante la vigilancia social de la política.
Tenemos el deber y el derecho de desafiar activamente la narrativa de la crueldad como método de guerra y en su lugar solicitar que esta sea remplazada por una pedagogía de la empatía y la solidaridad. La pedagogía de la crueldad solo perpetúa el ciclo de violencia evitando que encontremos soluciones efectivas a la violencia de género a la que las mujeres nos vemos enfrentadas en nuestra cotidianeidad.
El 8 de marzo es una fecha para tomarse los espacios públicos y digitales con el fin de visibilizar los alcances de los derechos de las mujeres impulsados históricamente por los movimientos feministas alrededor del mundo, y a la vez, es la oportunidad para poner en la palestra pública, las condiciones de vida por las que atraviesan cada año mujeres, mujeres trans, mujeres en movilidad humana, mujeres privadas de libertad, mujeres con capacidades diferentes, niñas, adolescentes y mujeres adultas mayores las cuales marchan por las principales avenidas de las capitales exigiendo el respeto a sus derechos, entre los cuales figura una vida plena y libre de violencias.
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Este año Ecuador viene cargado de declives en temas de género, como vimos el conflicto armado interno con el que iniciamos 2024, solo ha generado mayor incertidumbre sobre la seguridad de la población y con mayor énfasis en mujeres. Esto acompañado de recortes presupuestarios de carteras de estado claves para los derechos de las mujeres y el inminente encarecimiento de la vida. La suma de estas cuestiones hace que nos resulte aterrador coincidir con la conclusión de (Ramos, Saucedo, & Saltijeral, 2016) de su estudio de caso situado en varios estados federales mexicanos donde la «guerra contra el narcotráfico» dejó a las mujeres en una certidumbre de desprotección ocasionada por un Estado ausente que busca recuperar bélicamente un territorio apropiado por los carteles mexicanos. Esta certidumbre se puede palpar en las mujeres ecuatorianas, basta con escuchar una conversación casual en el transporte público, en las aulas de clase o en la fila del banco, el tema es el mismo, las mujeres caminan con el miedo constante de ser violentadas de cualquier forma y en cualquier espacio.
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Ante todo, lo dicho, finalmente, ¿Qué más podemos hacer? Decimos entre nosotras al llegar a esta conclusión, cuando le hemos dedicado páginas y páginas exhortando al Estado que cumpla con su rol de garantista de derechos, pero será que, ¿Existe responsabilidad en el tercer actor (sociedad civil)? Y la respuesta es sí. Segato (2018) vio esta corresponsabilidad, por lo cual ella propone una contra-pedagogía que le haga frente a la enseñanza de la crueldad, la cual consistiría en la demostración de afectos y emociones, el establecimiento de vínculos de confianza y reciprocidad, la naturalización de la diversidad y la diferencia. Por ello queremos finalizar este ensayo con 3 acciones que podemos realizar TODXS por el derecho de las mujeres a una vida sin violencia.
- Quitar del imaginario colectivo la idea de «casos aislados»: Es hora de interrumpir conversaciones en el comedor, aulas de clase, reuniones de trabajo o de amigxs, hay que dejar claro que, las agresiones, desapariciones y asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres son resultado del como esta dispuesta la estructura, lo que significa que «No podemos entender la violencia como nos la presentan los medios, es decir, como dispersa, mediatizada como anómala y, en algunos casos, como esporádica.» (Segato, 2014, pág. 85) Por lo que es necesario tomarnos el tiempo de explicarles a nuestros allegadxs la dimensión sistémica de la violencia expresiva patriarcal.
- Proteger la comunidad: «La violencia militar y la violencia criminal se confunden porque ambas fragmentan severamente los lazos sociales y cada una es un replicador de la otra.» (Pereyra, 2012, pág. 452) Por lo que nuestra principal preocupación es la ruptura del tejido social y la destrucción de lo comunitario, para muestra de aquello podemos observar a las mujeres guayaquileñas de barrios urbano-marginales las cuales ante la ausencia estatal se refugiaron en la comunidad, la cual ha permitido sobrellevar la convivencia con las bandas criminales. Esto nos deja una idea clara, debemos integrar y fortalecer a la comunidad, para lo cual invitamos a todxs a inmiscuirse en temas barriales, comunitarios, asamblearios y organizacionales que permitan hacerle frente a la individualización impuesta por el orden capitalista y la violencia que trae consigo.
- Nuevas Masculinidades: Los estereotipos de la masculinidad son utilizados como requisitos para entrar en sociedad como «hombre válidos o suficientes». Todo esto se da por el mandato de masculinidad hegemónica que hace que nuestros compañeros varones se sometan a ciertos rituales riesgosos y violentos (en su mayoría) para poder ser reconocidos como tal. Por lo cual hacemos un llamado a nuestros compañeros varones, maestros, padres, hermanos, tíos, primos, vecinos, etc. (Que estén en interacción con N.N.A.) a ser nuevos referentes masculinos, ya que es la única forma de ganarle terreno a la atrofia emocional a la que fueron sometidos y que reproducen al no mostrarse vulnerables, al no hablar de lo que siente y, sobre todo, no realizar demostraciones de afecto.
Referencias
Pereyra, G. (2012). México: Violencia Criminal y «Guerra contra el narcotráfico». México D.F. : UNAM.
Ramos, L., Saucedo, I., & Saltijeral, M. (2016). Crimen organizado y violencia contra las mujeres: discurso oficial y percepción ciudadana. México D.F.: Revista Mexicana de Sociología 78,núm. 4.
Segato, R. (2014). nuevas formas de la guerra. México DF: Pez en el árbol.
Segato, R. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad . Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Prometeo Libros.
Autoras:
Carla Criollo
Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador y estudiante de Maestría en Gestión Pública en IAEN. Apasionada por las causas sociales, los derechos humanos, el feminismo y la igualdad social. Actualmente, voluntaria en el área de fortalecimiento de Inredh.
Nicoll Espinoza
Estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Central del Ecuador. Me apasiona la lectura, la historia, el enfoque comunitario, el feminismo y la expresión social. Actualmente soy voluntaria de la Fundación Inredh en el área de Fortalecimiento.