Inicio Análisis y Coyuntura ¡Brutas, la Policía! 

¡Brutas, la Policía! 

Por Yuli Gaona
154 Visitas

*Por Paola Intriago

La discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ ha sido un tema de trascendencia histórica. En el Ecuador la persecución hacia la comunidad LGBTQ+ desde sus inicios ha sido resultado del abuso de poder por parte de fuerzas del orden, junto con una coyuntura discriminatoria y violenta. Si bien “eran otros tiempos”, recordarlos debe ser el primer paso para no repetirlos y conmemorar los derechos obtenidos por medio de la lucha. 

Es así que podemos ver en una novela popular colombiana –estrenada en 1999- a uno de los protagonistas principales personificar, a través del drag queen, la discriminación por parte de la fuerza pública y la ciudadanía hacia una persona sexo-diversa, en un país (Colombia) donde la despenalización de la homosexualidad ocurrió en 1980.  

Para esa época, en Ecuador recién se daba la despenalización de la homosexualidad. En esos años, lo que más evidenciaban los medios de comunicación y novelas eran los asesinatos de personas sexo-diversas y la mofa que aquello provocaba en la ciudadanía. En esa escena, el protagonista grita: ¡Brutas, la Policía! mientras corre para no ser detenido por el mero hecho de estar en la vía pública. Y aquí, en cambio, no solo corrían el riesgo de ser detenidas por la Policía sino por el “Escuadrón de la Muerte” para luego ser torturadas y asesinadas, en muchos casos. 

La homosexualidad en Ecuador fue penalizada por primera vez en 1871, durante el gobierno de García Moreno. Pese a que la homosexualidad era una “práctica” prohibida, la década de 1970 representó un momento de mayor visibilidad para las personas LGBTQ+, debido a eventos coyunturales internacionales. Los ‘Disturbios de Stonewall’, por ejemplo, fueron los más representativos en cuanto a la lucha de la comunidad LGBTQ+ frente un sistema que perseguía a personas no normativas. Es así como se dio paso a una época de empoderamiento y visibilidad para la comunidad en distintas partes del mundo, sin ser Ecuador una excepción pese a su sociedad conversadora.   

Durante la década de los 80 y 90 se reforzaron las fuertes expresiones de violencia y abuso por parte de la sociedad y cuerpos policiales hacia las personas no alineadas a parámetros heterosexuales. En nuestro país las prácticas abusivas por parte de la policía se caracterizaban por la irrupción en bares y discotecas para intimidar a hombres homosexuales y personas trans; mismos que resultaban ser víctimas en casos de arresto e inclusive tortura.   

Es importante mencionar que la brutal agresividad en materia de represión policial se incrementó durante la presidencia de León Febres-Cordero (1984 – 1988). Es así como se hace referencia a una violencia sistemática y estructural por parte de instituciones de gobierno de la época. Entre estos escenarios se encuentra el accionar del intendente del Guayas, Abdalá Bucaram, el cual con redadas policiales detuvo a cientos de trabajadoras sexuales. “No permitiremos que nuestro país se convierta en Sodoma y Gomorra”, dijo Bucaram en 1985. Con esta perspectiva, es evidente identificar que por parte del Estado no existía una garantía con respecto a la seguridad ni a la vida de quienes pertenecían a la comunidad LGBTQ+.  

Durante el gobierno de León Febres-Cordero era riesgoso formar parte de la creciente visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en el Ecuador, dado que por medio del famoso escuadrón de la muerte se perseguía a las personas trans para aprehenderlas y violentarlas. Por esta razón, se recalca que «el gobierno de León Febres Cordero (1984-1998) y del ministro Luis Robles Plaza diseñó una política de Estado para perseguir y reprimir a la minúscula insurgencia y comunidad GLTBI en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades»(Cabral, 2017). Los abusos incluían desde detenciones arbitrarias, abuso sexual, tortura hasta ejecuciones extrajudiciales, bajo la vaga justificación de que aquellos apresados eran calificados como delincuentes o degenerados. 

Según registros de la Comisión de la Verdad, durante 1984 y 1988, la presidencia de León Febres-Cordero cometió un 55% de las violaciones de derechos humanos. En la actualidad son las víctimas de esa persecución quienes intentan, a través de sus vivencias, resaltar la importancia de que esta secuela histórica de violencia no quede en el olvido y en la impunidad de la sociedad ecuatoriana. 

¿Qué sucedió el 14 de junio de 1997?  

En la ciudad de Cuenca sucedió una de las agresiones hacia la comunidad LGBTQ+ más conocidas a nivel nacional. Se trata de la redada policial del Bar “Abanicos” -un bar para público LGBT que fue intervenido violentamente por la policía el 14 de junio de 1997-. Aquella noche, durante las detenciones, se ejecutaron abusos, torturas y violaciones por parte del cuerpo policial. A partir de este acontecimiento se marca un hito que promueve el inicio de una incesante lucha por el respeto a la comunidad LGBTQ+. Lucha a la que se sumaron organizaciones afines con el objetivo de denunciar la inconstitucionalidad del inciso 516 del Código Penal que plantea: “Cuando el homosexualismo se cometiere por el padre u otro ascendiente, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años y privación de los derechos y prerrogativas que el Código Civil concede sobre la persona y bienes del hijo”. 

Entre las organizaciones que formaron parte de la lucha por estos derechos en los años 90 se reconoce a la Asociación Coccinelle –que posee una trascendencia histórica-. La Asociación de Gays, Travestis y Transgéneros Coccinelle fue un colectivo LGBT ecuatoriano creado en 1997. Esta fue la primera organización de personas transgénero en la historia de nuestro país, y la precursora y actora principal en la lucha por lograr la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. De modo que, es importante reconocer el rol de las integrantes del colectivo de mujeres trans “Coccinelle” como gestoras de la despenalización de la homosexualidad. 

Durante septiembre de 1997, luego de varios meses de movilización, colectivos LGBTQ+, grupos feministas, y defensores de derechos humanos presentaron ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad para despenalizar la homosexualidad, logrando su despenalización el 25 de noviembre de 1997.  

¿Y la justicia para las víctimas del pasado? 

Las sobrevivientes de este violento régimen de persecución a día de hoy no han obtenido reparación ni justicia alguna por parte del Estado ecuatoriano. Pero ¿por qué debería el gobierno hacerse cargo de víctimas de políticas del pasado? Se debe tener en claro que estas personas vivieron la penalización en carne propia, lo cual perpetró en su vida diaria serios conflictos de discriminación y desventajas en diversos aspectos. Por lo cual, el Estado debe reconocer que penalizar la homosexualidad fue negligente, y que a raíz de ello se generó desigualdad histórica, prejuicios y estigmas que afectaron la vida de las personas de la comunidad LGBTIQ+.  

Hasta la fecha las “sobrevivientes del 516” no han recibido reparación o apoyo por parte del Estado ecuatoriano que las mantenga fuera de una vulnerable situación de vida. Un claro ejemplo es el fallecimiento de la lideresa Ana Carolina Alvarado -mujer trans, activista, y precursora de la lucha por la despenalización homosexual en el Ecuador- quien nunca logró recibir ningún tipo de reparación por parte del Estado pese a su delicada condición de salud, consecuencia de las agresiones físicas que recibió durante las persecuciones de los años 80’s al 2000. Ana Carolina jamás pudo deslindarse de su situación de subalternidad y discriminación, al igual que sucede con el caso de muchas mujeres trans.  

Es importante comprender a la violencia transfóbica como el conjunto de prácticas de marginación, expulsión y exclusión que pueden darse desde el Estado y la sociedad. Este tipo de violencia transfóbica que enfrenta la población transfemenina y población LGBTQ+ es tipificada dentro de las categorías como el crimen de odio (ILGALAC, 2020) que contempla como víctimas a lesbianas, gays, bisexuales, trans y queer; crimen por prejuicio (CIDH, 2018); el travesticidio (Rueda y Maffìa, 2017) referente a las víctimas travestis; transcidio (Sileuta X, 2013); el transfeminicidio (Sánchez & Arévalo, 2020), y transfemicidio (Rueda, 2017) que contempla como víctimas a las mujeres trans. 

Data recogida por la Asociación Silueta X del Ecuador expone que entre 1990 y 2019 han existido muertes violentas desagregadas por orientación sexual e identidad de género. Se contabilizaron 82 muertes violentas de personas LGBTI+, de las cuales 64 víctimas fueron mujeres trans (79% del total).  En el año 2014, las muertes violentas sumaron nueve casos, de los cuales, ocho fueron mujeres trans. En 2015, se registraron ocho muertes violentas seis fueron de mujeres trans. En 2016, existieron cuatro muertes violentas, sin determinar el género de las víctimas. En el 2017, se registraron cinco muertes violentas, cuatro correspondían a mujeres trans. En el 2018, se registraron dos muertes violentas de personas LGBTIQ+, sin desagregar casos de mujeres trans. En el año 2019, del registro total de muertes violentas, 12 correspondían a mujeres trans.  

Según datos de la Fundación ALDEA, en el año 2020, se registraron seis muertes que correspondían a mujeres trans. En el año 2021, se registraron siete transfemicidios. Y en el presente año desde el 1 de enero hasta el 3 de septiembre del 2022 existe un registro de seis transfemicidios.  

Cabe recalcar que en el contexto de la sociedad ecuatoriana las mujeres trans no son percibidas como víctimas, denunciantes o testigos, sino que son encasilladas como sospechosas, en reiteradas ocasiones, por su condición de trabajadoras sexuales. Esta estigmatización condiciona sus oportunidades de vida, de manera que perpetúa la producción de muerte prematura y violenta para las personas trans. Es así que, a pesar de la despenalización de la homosexualidad en 1997, las condiciones de vida de las mujeres trans, así como de otras fracciones de la comunidad LGBTQ+, no han mejorado.  

Han pasado 25 años desde que se logró la despenalización de la homosexualidad y pese a vivir en una actualidad en la que la sociedad ecuatoriana se hace llamar “inclusiva”, esta se mantiene bajo una visión heternormativa y binaria de sexo/género. Esto permite evidenciar escenarios de discriminación en el discurso social, en la práctica cotidiana y en lo estructural.  

En consecuencia, se continúan reproduciendo prácticas de violencia sistemática, por lo que la lucha por erradicar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género tiene un largo camino por recorrer, y el reto de garantizar la vida y memoria digna para sus víctimas. 

 

Bibliografía:  

Garrido Álvarez, R. J. (2017). La despenalización de la homosexualidad en Ecuador: el legado de la acción colectiva LGBTI. 

Jaramillo, Geovanny, Estrella Estévez y Ximena Ruíz. 2019. Caso Coccinelle. Entrevista producida por Tatiana Jiménez y Jessenia Tello. Quito, Ecuador: Flacso Radio. 

Corte Constitucional de Ecuador. 2018. https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/boletines-de-prensa/item/3878-corte-constitucional-informa-sobre-la-decisi%C3%B3n-adoptada-en-el-caso-no-1692-12-ep.html  

Garrido, Rafael (2017). La despenalización de la homosexualidad en Ecuador: el legado de la acción colectiva LGBTI. Universidad Andina Simón Bolívar.  

Jaramillo, Geovanny; Estévez, Estrella; Ruíz, Ximena (2019-06). Caso Coccinelle. Flacso Ecuador. Consultado el 23 de noviembre de 2022. 

Los GLBTI aún pagan una condena moral. El Telégrafo. 24 de noviembre de 2017. Consultado el 22 de noviembre de 2022. 

Sobrevivientes transgénero demandan al Estado por abusos policiales. Primicias. 23 de mayo de 2022. Consultado el 24 de noviembre de 2022.  

Especial: Relatos de Clósets. La periódica.5 de noviembre de 2017. Consultado el 22 de noviembre de 2022.  

¿Por qué los femicidios de mujeres trans no son considerados femicidios? Ethnodata. Consultado el 28 de noviembre de 2022. 

 

 

*Paola Intriago, actualmente cursa el octavo semestre de la carrera de Sociología en la Universidad Central del Ecuador. Dentro de su experiencia, aporto en la Asamblea Nacional en temas como género, cárceles y otros. Entre sus intereses se encuentra conocer otras culturas y llevar un aprendizaje constante, así como el compartir los conocimientos que adquiero con otrxs. Actualmente forma parte de un programa de voluntariado en la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos-Inredh en el área de Fortalecimiento. 

Post Relacionados