El segundo día de la audiencia de Acción de Protección, presentada por el pueblo afroecuatoriano y las organizaciones Fundación Azúcar, la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE), la Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE) y la Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA), contra el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), tuvo una duración de cinco horas. Los demandantes acusan que, en los resultados del Censo 2022, se ha cometido un caso de «etnocidio estadístico».
La audiencia se reanudó el 24 de enero a las 10:00 en la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer y la Familia No. 1, bajo la dirección del juez Edison Quishpe, quien dio inicio a la jornada con palabras de bienvenida. Durante esta sesión, se presentaron pruebas probatorias por parte del INEC, así como réplicas de los demandantes y accionantes.
Durante la etapa de presentación de pruebas probatorias, Roberto Castillo, director nacional del INEC, defendió la gestión del Censo 2022, asegurando que se llevó a cabo con transparencia en todas sus fases, desde la planificación hasta la difusión de los resultados. Castillo presentó documentos que, según él, respaldan el cumplimiento de cada una de estas etapas.
Sin embargo, las organizaciones demandantes cuestionaron esta declaración, argumentando que los documentos presentados por el INEC no demuestran que se hayan garantizado los derechos del pueblo afroecuatoriano durante el proceso censal. Para ellas, la falta de inclusión y consulta al pueblo afrodescendiente refleja un grave incumplimiento que no puede ser respaldado con una simple exposición de procedimientos técnicos.
En la audiencia también estuvieron presentes las carteras de Estado implicadas en la realización del Censo 2022, entre ellas la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Secretaría Nacional de Planificación. Estas instituciones sostuvieron que el censo no debe usarse como herramienta para planificación nacional y solicitaron al juez excluirlas de la demanda constitucional, argumentando que no se estaba vulnerando ningún derecho constitucional.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado, dio sus observaciones manteniéndose que no existe una violación de derechos y que no ha sido demostrado. Además, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades solicitó que la acción de protección sea declarada nula, señalando su improcedencia.
Posteriormente, en el proceso de réplica, las abogadas Diana Salomé León y Elodia Borja señalaron que existía una «omisión censal» que vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la identidad, la igualdad, el acceso a la educación y la protección contra la discriminación. Resaltaron que esta omisión afecta directamente la autodeterminación del pueblo afroecuatoriano. Por ello, solicitaron al juez que apruebe la acción de protección y reconozca los derechos legítimos del pueblo afroecuatoriano, subrayando la gravedad de las vulneraciones cometidas por el INEC.
En el marco de estas intervenciones, Diana León, abogada de la Fundación INREDH, argumentó ante el juez la necesidad de aceptar la acción de protección a favor del pueblo afroecuatoriano. León señaló que parece evidente que los abogados del INEC no han prestado la debida atención a todas las pruebas presentadas. «Si esto no es discriminación y si esto no representa una vulneración de los derechos humanos, no sé qué más podría representar», afirmó. También destacó que más de 325.000 personas fueron eliminadas del censo, lo cual calificó como un «etnocidio estadístico».
León argumentó que no es posible recurrir al contencioso administrativo para solicitar la inclusión de la población eliminada. Subrayó que este caso no responde a un proceso de autodeterminación, sino a una serie de actos sistemáticos que comenzaron desde la planificación del censo hasta la emisión de los resultados del Censo 2022. «Se ha cometido un etnocidio estadístico», afirmó, destacando que han respaldado esta acusación mediante la presentación de más de 1.000 hojas de documentación, que incluyen 960 páginas previas y 360 adicionales. León señaló que la información proporcionada por el INEC resultó repetitiva, que no se socializó de manera adecuada y que se negó la participación activa del pueblo afroecuatoriano en todo el proceso.
A esto se suma la intervención sobre el reconocimiento del Estado plurinacional. De acuerdo con León, el INEC, mediante la documentación presentada durante la audiencia, desconoció que Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural. «Si esto no es discriminatorio y no constituye una vulneración de derechos, cabe afirmar que este Estado ha fallado en reconocer la presencia histórica del pueblo afroecuatoriano, que lleva más de 500 años en el país», afirmó.
Finalmente, en el cierre de la audiencia, el juez Édison Quishpe dio por terminada la sesión tras escuchar las réplicas de todas las partes. Explicó que, en conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, todos los amicus curiae presentados antes de la emisión de la sentencia serán tomados en cuenta para lograr una resolución adecuada. Además, indicó que se evaluarán las pruebas presentadas de manera oportuna debido a su extensión. La audiencia se suspendió, y se convocará una nueva fecha una vez que se cuente con el análisis completo y detallado de los argumentos expuestos.
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