El viernes 4 de julio se desarrolló con normalidad la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del caso que investiga la muerte del joven shuar Fredi Taish, ocurrida el 7 de noviembre de 2013 durante un operativo militar en territorio indígena. El proceso tiene como procesados a los testigos clave Jhonny Q. y Domingo T., por el presunto delito de terrorismo con resultado de muerte.
Pese a que se habían planteado nulidades procesales por parte de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), en representación de los procesados, estas no fueron acogidas por el juez, quien dio paso al desarrollo completo de la audiencia.
Durante más de tres horas, el fiscal del caso presentó su acusación formal, en la cual intentó sostener la existencia del delito imputado. Sin embargo, no logró establecer de forma clara los indicios ni las presunciones necesarias que vinculen directamente a Jhonny Q. y Domingo T. con los hechos investigados.
Por su parte, la acusación particular, representante del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas, se reincorporó a la audiencia con más de 20 minutos de retraso. Esta situación fue observada por las abogadas de INREDH, Diana León y Andrea Toapanta, quienes solicitaron al juez que se declare el abandono de parte de las víctimas. No obstante, el juez rechazó la petición y permitió que la acusación particular interviniera en la diligencia.
La defensa de los procesados presentó múltiples elementos que demostrarían la inexistencia de responsabilidad penal por parte de sus defendidos, argumentando además que varias de las pruebas presentadas fueron obtenidas de manera ilegal y en contravención de la Constitución, por lo cual se pidió su exclusión.
Como resultado de la audiencia, el juez resolvió únicamente modificar las medidas cautelares impuestas a los procesados. No se dictó resolución sobre el sobreseimiento o el llamamiento a juicio, decisión que quedó pendiente hasta nuevo pronunciamiento.
La audiencia fue suspendida hasta que el juez emita su resolución final respecto a la situación jurídica de los procesados. Hasta el momento, no se ha fijado una nueva fecha para su reinstalación.
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