El miércoles 25 de marzo de 2026, en un hecho histórico la Asamblea General de las Naciones Unidas, conformada por 193 Estados parte, aprobó con 123 votos a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Argentina e Israel) y 53 abstenciones (Reino Unido, Japón, entre otros). El Estado ecuatoriano ejerció su derecho al voto debido a su deuda con ONU. Esta resolución califica la trata transatlántica de esclavizados y la esclavización racializada de africanos como «el crimen de lesa humanidad más grave» de la historia.
Esta resolución fue presentada por el presidente ghanés, John Dramani Mahama, que fue respaldada por 40 países de la Unión Africana (UA), junto a países caribeños y latinoamericanos. Con el fin de reconocer el sistema de explotación en la que traficaban a millones de seres humanos desde África hacia América del Norte, Central y del Sur, esto perduró a lo largo de cuatro siglos.
El texto menciona que la instauración del sistema de trata de personas no tenía precedentes históricos, ya que fue “el primer régimen mundial que codificó a los seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, enajenable y perpetua”. Existieron varios instrumentos legales que permitían que estas acciones sean llevadas a cabo como: Las bulas papales de 1452 y 1455 que autorizaban la “esclavitud perpetua” de africanos, el Código de Esclavos de Barbados de 1661 y el Código Negro francés de 1685, que establecían legalmente a los africanos como “bienes muebles” o el principio legal de partus sequitur ventrem, en el que se determinó que la condición de esclavo se heredaba biológicamente a través de las madres africanas y mediante este se forzaba a las mujeres a reproducirse para generar “mano de obra”.
De igual forma, la Asamblea General confirmó que este tipo de delitos no tienen prescripción, debido a que los Estados son los principales responsables de ejecutar estos hechos internacionalmente ilícitos. Para esto se insta a los Estados a entablar un diálogo en el que se ofrezca disculpas formales, garantizar la no repetición, creación de programas para educar, conmemorar e investigar sobre la esclavización.
La resolución reconoce que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada constituyen una de las mayores injusticias de la historia por su magnitud, brutalidad y carácter sistemático. Además, señala que sus efectos siguen presentes hoy, influyendo en desigualdades sociales, económicas y políticas a través de estructuras racializadas.