* Por Jhon Guevara y Karol Jaramillo
Durante el 16 al 21 de agosto de 2026, Puyo, provincia de Pastaza, se convirtió en el punto de encuentro de pueblos, comunidades y organizaciones que defienden la Amazonia desde sus territorios. Esta es la primera vez, en más de dos décadas de existencia, que el Foro Social Panamazónico (FOSPA) llega a Ecuador bajo el lema «Adoke Öme: Amazonia, un solo territorio», reuniendo a alrededor de 2.500 personas de más de 32 países. [1]
El FOSPA es un proceso territorial, autónomo y plural que desde 2002 concentra a quienes habitan, defienden y construyen el futuro de la Amazonía. Antes de Puyo pasó por Belén, Cuidad Guayana, Manaos, Santarém, Cobija, Macapá, Tarapoto, Mocoa y Rurrenabaque. [2] En esta duodécima edición participaron pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y montubias, organizaciones sociales, movimientos ambientales, de derechos humanos, juventudes, academia de los nueve países que conforman la cuenca amazónica: Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa.
Al centro del debate estuvieron los conflictos que atraviesan actualmente la región: la expansión de la minería y de los hidrocarburos, la deforestación, la contaminación de ríos por derrames petroleros, la criminalización de defensores de territorios y la disputa por la libre determinación de los pueblos. El trabajo se organizó en cuatro casas temáticas: territorios libres de extractivismo; soberanía y libre determinación, economías para la vida y justicia climática, resistencia de mujeres y diversidades; más un espacio autónomo de juventudes.
La propuesta oficial planteó construir el Plan de Acción de Puyo 2026, capaz de integrar las luchas de los distintos territorios y traducir los acuerdos acumulados por las anteriores ediciones del FOSPA en acciones concretas frente al extractivismo, la crisis climática y la vulneración de derechos.
Detrás de cada declaración existieron historias y testimonios concretos. Las voces de quienes viven en los territorios donde las comunidades continúan defendiendo sus formas de vida son imprescindibles para entender la realidad a la que se enfrenta toda la cuenca amazónica. Durante el XII FOSPA recogimos algunas de estas voces y testimonios que nos permiten mirar la Amazonía desde las experiencias y propuestas de quienes la habitan.
Mariana Vargas: la mujer que organiza a las Achuar de Pukuan
Mariana Vargas tiene 45 años, es madre de seis hijos y artesana de la comunidad Achuar Pukuan, en la provincia de Pastaza. Es integrante de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) y se desempeña como síndica de su comunidad. Actualmente, es presidenta de la Asociación de Mujeres Achuar Productoras Agroecológicas ARAK.
Desde su territorio, Mariana alza su voz para hablar sobre las principales amenazas que enfrentan las comunidades Achuar de Pukuan. Entre ellas identifica la contaminación del agua, la minería ilegal, las empresas petroleras y la tala de árboles. Su provincia es además el escenario de uno de los conflictos petroleros más largos del país, el de la Ronda Suroriente, cuyos bloques se superponen a territorios ancestrales de las siente nacionalidades. [3]
Para Mariana, la apertura de vías sin estudios adecuados ha provocado graves afectaciones en el territorio. Explica que la contaminación del agua ha hecho que las comunidades pierdan la seguridad de consumirla directamente. También ha afectado a los niños, quienes ya no pueden bañarse en los ríos porque se enferman con dolores estomacales, diarrea y afectaciones a su piel.
Su preocupación también se extiende al bosque. La tala de árboles representa una pérdida que va más allá de la destrucción de la vegetación, porque muchas de esas especies son utilizadas como plantas medicinales y como materia prima para elaborar artesanías. A esto se suman la minería ilegal y actividades petroleras, que para ella ponen en riesgo directamente los territorios de las comunidades y, con ello, su forma de vida.
El territorio es el espacio donde las comunidades desarrollan sus actividades y conservan los conocimientos que son transmitidos de generación en generación para sembrar el saber ancestral y la identidad Achuar. Por eso su pregunta está puesta en las nuevas generaciones: qué futuro tendrán los niños si el territorio sigue destruido y contaminado. En esa defensa, Mariana destaca el papel de las mujeres, quienes deben organizarse para impedir la tala de árboles y la extracción ilegal de madera, que en ocasiones llega a comercializarse dentro de las propias comunidades. Su motivación también nace de los conocimientos heredados de sus abuelas y de los lugares naturales que forman parte de su territorio. Por eso considera importante continuar trabajando junto a otras mujeres en la producción, las artesanías y los emprendimientos, así como fortalecer el trabajo comunitario mediante la minga. Para Mariana, la defensa del territorio requiere la participación conjunta de hombres y mujeres, quienes deben involucrarse tanto en el trabajo comunitario como en los espacios donde se toman decisiones.
“El territorio es nuestra vida. Es el futuro de nuestros hijos.”
“Sí nosotros dejamos enfermo nuestro territorio, los niños ¿dónde van a vivir, de que van a vivir?”
~ Mariana Vargas
Penti Baihua: el guardián de la selva Baihuaeri en el Yasuní
Penti Baihua, líder tradicional del pueblo originario Baihuaeri de Bameno, vive en el corazón del Yasuní, en un territorio ancestral que su pueblo considera su casa. A sus 59 años, habla de una preocupación que, para él, no es nueva: la presión de la actividad petrolera y la colonización sobre la selva que sostiene su vida, su cultura y su comunidad.
Bameno está sobre el río Cononaco, en el territorio ancestral Baihuaeri que se superpone con la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane. [4] Baihua ha sido una de las voces que más ha insistido en poner límites claros a la expansión petrolera dentro del Yasuní, y en 2025 impulsó con su comunidad un sistema propio de patrullaje y monitoreo territorial. [5]
Para explicar su temor, acude a la historia recordando lo ocurrido en otros territorios de la Amazonía con la llegada de la actividad petrolera. En 1964 la Junta Militar entregó al consorcio Texaco-Gulf entregó una concesión de más de un millón de hectáreas en la Amazonía. El primer pozo productivo, Lago Agrio 1, se perforó en marzo de 1967, y la producción a gran escala arrancó en 1972 con el oleoducto que une Largo Agrio con Balao.[6] La apertura de carreteras vinculadas a la actividad petrolera facilitó posteriormente la llegada de colonos y la expansión de la agricultura y la ganadería. Donde había árboles y animales, dice Baihua, terminó habiendo petroleo. Por eso teme que esa historia vuelva a repetirse en el territorio Baihuaeri.
Recuerda que la defensa del territorio viene desde antes del contacto. Cuando él era niño, su padre defendía la tierra para impedir que las petroleras llegaran. Esas acciones forman parte de la historia de su pueblo y demuestran que la defensa de la selva no comenzó ahora.
También cuestiona la forma en que el Estado presenta al Yasuní como un área protegida. Enumera los bloques 43 (ITT), 31 (Apaika-Nenke), 16 (Iro), 17 (Hormiguero), 55 (Armadillo) y 66 (Tigüino), que evidencian la presencia de la industria petrolera sobre el territorio Waorani y zonas vinculadas al Yasuní. [7]
Su preocupación también está relacionada con los pueblos en aislamiento. Baihua advierte sobre el riesgo de que la expansión de estas actividades provoque nuevas situaciones de violencia y aislamiento. Para él, hablar del Yasuní como un territorio protegido no refleja completamente lo que ocurre dentro de la selva. En septiembre de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado ecuatoriano responsable por la vulneración de los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane y ordenó, entre otras medidas, el desmantelamiento del proyecto petrolero del Bloque 43-ITT. [8]
El 20 de agosto de 2026, mientras el foro ocurría en Puyo, se cumplieron tres años de la consulta popular en la que casi el 60% de los votantes decidió dejar bajo tierra el crudo del ITT. Ese día el bloque seguía produciendo alrededor de 40.000 barriles diarios y la Nacionalidad Waorani del Ecuador presentó un reclamo formal ante la Gobernación de Pastaza por el incumplimiento del mandato popular. [9] La marcha waorani que recorrió Puyo durante el FOSPA reclamaba exactamente eso.
Lo que lo motiva, explica Baihua,, es el deseo de vivir en un ambiente sano, sin petroleras y sin daños a la naturaleza. Para él, la vida humana no puede separarse de la selva, por eso, su defensa del territorio es también una defensa de la vida que existe dentro de él; y su pedido es mantener una selva sana y conservar el territorio originario Baihuaeri antes de que sea demasiado tarde.
“Queremos vivir en un ambiente sano, sin petroleras, sin daño, porque vivimos el humano y la naturaleza. El humano necesita tierra, los animales necesitan tierra, los seres vivos necesitan tierra.”
~ Penti Baihua
Erica Canóe: la defensora del río que se volvió sujeto de derechos
Erica Canóe Oro Mon, de 31 años, pertenece a los pueblos Kanoé y Oro Monm, en el oeste de Brasil, y forma parte del Comité de Defensa de la Vida Amazónica en la Cuenca del Río Madeira (COMVIDA), una organización binacional entre Brasil y Bolivia que trabaja en la defensa de los ríos y de la casa común. Erica nos explica que en Rondônia existen más de 54 pueblos indígenas y en Guajará-Mirim más de 24 pueblos, distribuidos en seis territorios indígenas demarcados. Uno de los principales problemas que enfrenta su pueblo es la invasión de los territorios por parte de madereros que ingresan para talar y extraer madera ilegalmente. Lo que más le preocupa es a veces que son los propios indígenas quienes facilitan su entrada, lo que genera divisiones dentro de las propias comunidades.
Otro de los problemas en la amazonia brasileña es el avance del cultivo de soja: pasó de unas 369.000 hectáreas en la cosecha 2021/2022 a más de 717.000 en la de 2025/2026, con un crecimiento promedio anual del 12,3 % en la última década. [10] Además, el uso de agroquímicos afecta al río Laje, al que llegan estos productos. Aunque la intensidad de los cultivos ha disminuido en algunos periodos, la soja continúa presente.
En la región también existen dos grandes centrales hidroeléctricas, Santo Antonio y Jirau, sobre el río Madeira [11], que afectan directa e indirectamente a las comunidades. Érika relaciona estas alteraciones con los cambios que ha experimentado en el clima. En 2014, la región enfrentó la mayor crecida registrada hasta entonces, que inundó varias comunidades y afectó incluso a la ciudad de Guajará-Mirim y Porto Velho; ese año los ministerios públicos federal y estadual demandaron a las dos hidroeléctricas por los efectos de la inundación. [12] En 2024, paso lo contrario: el estado sufrió una sequía extrema: el río Laje quedó completamente sin vida, varios ríos se secaron, disminuyó el agua y cambió su temperatura. El Madeira tocó su nivel más bajo en casi sesenta años de registros y el gobierno federal declaró emergencia en 18 municipios de Rondônia. [13]
Durante ese mismo periodo los incendios cubrieron el cielo de humo. Érika recuerda que el paisaje parecía no tener vida. Señala que estos cambios continúan y que el clima ya no responde a los ciclos que antes podían reconocer. Antiguamente, explica, podían saber cuándo habría sol y cuáles eran los periodos adecuados para cultivar; ahora el tiempo puede cambiar drásticamente de un momento a otro.
Para ella, la continuidad de esta defensa está relacionada con la espiritualidad y con la conexión ancestral que los pueblos indígenas mantienen con la Madre Tierra. Considera que los territorios necesitan ser protegidos y sostiene que no es la naturaleza la que necesita de las personas, sino las personas de la naturaleza.
Esa relación también está presente en la defensa del río Laje. La comunidad se organizó para protegerlo y en junio de 2023 la Cámara Municipal de Guajará-Mirim aprobó una ley que lo reconoce como ente vivo y sujeto de derechos, la primera de su tipo en Brasil. El río lleva el nombre de Komi-Memem, “agua de frutas” en legua wari oro mon, y desemboca en el Madeira. [14] Érika señala que fue el resultado de un proceso de lucha, articulación y movilización en el que participaron pueblos indígenas, entre ellos el pueblo Oroari de Guajará-Mirim, organizaciones sociales, comunidades tradicionales, activistas, pescadores y habitantes de las riberas.
Para su pueblo, el río tiene además un significado espiritual. Érika explica que creen que el río es su cielo, el lugar al que regresan sus seres queridos y sus espíritus eternos para descansar. Las comunidades mantienen su organización, participan en movilizaciones y buscan formas de defender los derechos que, según Érika, son constantemente amenazados, principalmente por gobernantes y políticos de la zona que consideran que los indígenas no necesitan territorios o que sus territorios representan un obstáculo para el progreso.
Erica sostiene que los pueblos indígenas llevan más de 1.500 años luchando por su supervivencia y existencia. Señala que sus antepasados lucharon para que ellos pudieran estar presentes hoy y que ahora les corresponde luchar para que su futuro perdure. Aunque una batalla sea ganada, explica, siempre aparecen nuevas luchas.
«Luchamos para que nuestro bosque siga en pie, no solo para nosotros, los indígenas, sino para todos los que viven en el planeta tierra«
~ Erica Canóe
Por qué importan estas voces del territorio
Los tres hablan de la misma defensa desde puntos distintos de la Cuenca: una carretera que abre paso al extractivismo, un río que deja de ser saludable, un clima que de dejo de ser predecible. Ninguno lo aprendió en un informe, lo saben porque el agua que tomaban se volvió tóxica, porque lo niños enfermaron, porque el mes en que llovía ya no llueve.
La Amazonía suele contarse en hectáreas deforestadas, barriles producidos, toneladas de carbono. Son mediciones desde afuera, que llegan tarde y nombran el daño cuando ya ocurrió. Quienes viven adentro lo detectan primero, con otro lenguaje, y sostienen ese conocimiento con el cuerpo. Son el sistema de alerta temprana de la cuenca, y funciona solo mientras alguien los escucha.
Global Witness documentó al menos 146 personas defensoras del ambiente y el territorio asesinadas o desaparecidas en el mundo durante 2024; 117 de ellas son de América Latina, y 2.253 desde que la organización lleva el registro, en 2012. [15] Decir en público quién está entrando a tu territorio, quién compra la madera, qué empresa abrió la vía, es exponerse. Mariana, Penti y Erica lo hacen de todas formas por la defensa de su territorio, así como ellos hay cientos de defensores y defensoras que sostienen esa misma lucha todos los días en sus comunidades.
Ante esta problemática, la región tiene un instrumento importante: el Acuerdo de Escazú, que está en vigor desde abril de 2021. Este es el primer tratado del mundo que incluye disposiciones específicas sobre las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y obliga a los Estados que lo ratifican a garantizarles condiciones seguras y a investigar los ataques en su contra.[16]
A pesar de ello, los mismos Estados que llegan a las cumbres climáticas con compromisos de protección regresan a firmar rondas petroleras, licencias de expansión agrícola y obras de infraestructura sobre territorios que ellos mismos reconocieron, y no cumplen con la consulta previa, libre e informada. Por eso los procesos que sí funcionaron en estos territorios salieron de las movilizaciones sostenidas durante años y de litigios que las comunidades tuvieron que impulsar con su voz.
Reunir en Puyo a quienes comparten la defensa de sus territorios permite intercambiar experiencias y coordinar acciones conjuntas para proteger la cuenca amazónica. La Amazonía no se está quedando sin quien la defienda; se está quedando sin Estados que escuchen a tiempo.
Jhon Guevara
Jhon Byron Guevara Correa, egresado de la carrera de Comunicación Social con énfasis en Periodismo de la Universidad Central del Ecuador. Su trabajo combina la investigación periodística con la producción audiovisual, la creación de contenidos, fotografía y la gestión de redes sociales. Sus intereses se centran en la comunicación política, los derechos humanos, los conflictos sociales y territoriales, el análisis del discurso y las dinámicas de comunicación digital. Actualmente es voluntario en el área de comunicación de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH.
Karol Jaramillo Ayala
Comunicadora social con enfoque en derechos humanos y justicia climática. Se especializa en producción audiovisual y generación de estrategias de comunicación con perspectiva intercultural. Ha complementado su formación con cursos y programas en investigación periodística, comunicación política, análisis de datos, narrativa audiovisual, litigio estratégico, periodismo científico y enfoques de género y diversidad. Actualmente forma parte del equipo de comunicación de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).