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Comunicación |
14/12/2017 |
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Informe no más minería en la Cordillera del Cóndor – Ecuador |
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Gloria Chicaiza, Acción Ecológica; Harold Burbano, Inredh; William Uyaguari, Cascomi; Elsie Monge, Cedhu; Liliana Ramón, Cascomi; y Alicia Granda, Cedhu.
París, Quito, 14 de diciembre de 2017.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) junto con sus organizaciones miembro en Ecuador, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Acción Ecológica solicitan al nuevo gobierno ecuatoriano declarar la caducidad de las concesiones y anular las licencias, autorizaciones y permisos extendidos a los proyectos Panantza-San Carlos, Mirador y Fruta del Norte, ya que éstos han causado violaciones a los derechos humanos y del territorio de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como daños a la naturaleza. Nuestras organizaciones exigen que se haga cumplir la obligación de restaurar los ecosistemas y reparar integralmente a las personas y comunidades afectadas desde hace aproximadamente 20 años.
«Esperamos que el gobierno de Lenin Moreno cumpla el anuncio hecho al movimiento indígena el lunes 11 de diciembre de suspender la entrega de nuevas concesiones mineras y atienda de forma prioritaria las graves violaciones de derechos humanos y de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor.”, señalaron las organizaciones.
La Cordillera del Cóndor tiene una de las concentraciones de biodiversidad más ricas del mundo y allí habitan sociedades amazónicas, entre ellas la nacionalidad Shuar que constituye el grupo amazónico más numeroso de Ecuador. En esos territorios se han instalado los proyectos mineros Panantza-San Carlos y Mirador propiedad del consorcio Chino CRCC-Tongguan Investement Company con casi 50000 mil hectáreas concesionadas y el proyecto Fruta del Norte de propiedad de la empresa sueco canadiense Lundin Gold Corp con 75000 hectáreas concesionadas.
Estos proyectos de extracción de recursos no renovables fueron autorizados y mantenidos incumpliendo el derecho a la participación y a la consulta previa libre e informada y a pesar de que el Mandato Minero No. 6 de 2008 debió llevar a la extinción de las concesiones sobre las que se desarrollan estos proyectos.
Durante la última década organizaciones no gubernamentales
han documentado el impacto de la expansión e intervención minera a gran escala en la Cordillera del Cóndor en los derechos humanos y en la naturaleza, a través de los trabajos que han sido compilados en un Informe que se publica el día de hoy: “Vulneración de derechos humanos y de la naturaleza en la Cordillera del Cóndor”.
En este informe las organizaciones solicitan la extinción de los proyectos mineros a causa del acaparamiento de la tierra irregular e ilegal de las empresas y los graves impactos que han tenido sobre la naturaleza, ríos, bosques y suelos. Esto afecta a la vez a las poblaciones locales, lesionando su soberanía alimentaria y salud; sus actividades ocupacionales -agricultura, ganadería, recolección y pesca-, sus prácticas culturales, todo lo cual sostiene su identidad y tejido socio-organizativo.
Estas vulneraciones se traducen en un acumulado de violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en particular los derechos humanos a una vivienda adecuada (incluyendo la tierra/territorio), a la alimentación, al agua, a la salud, a la cultura, la educación, al trabajo, a la seguridad de las personas, a la seguridad de un hogar, a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad de circulación, a la autodeterminación de los pueblos, entre otros.
A lo anterior se suma la represión y criminalización constante a través de la interposición de denuncias y juicios desde el Estado y empresas, en contra de dirigentes, líderes y demás personas que se han organizado para la defensa de sus comunidades y territorios, especialmente en zonas de influencia de los proyectos mineros Mirador y Panantza-San Carlos. Las organizaciones solicitan al gobierno continuar con la suspensión de los procesos judiciales, iniciados en julio de este año, y que se garantice un entorno favorable para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Ecuador.
Finalmente, las recomendaciones del informe vienen en complemento al proceso actual de negociación de un instrumento internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, para que dicho proceso sea acompañado, tanto en los países de origen de las empresas como en Ecuador, por el fortalecimiento de los marcos jurídicos nacionales para garantizar la protección de los derechos humanos y los y los defensores que trabajan en el contexto de operación de empresas extractivas.