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Alertamos sobre nueva detención de joven que denunció actos de tortura cometidos por agentes policiales

Por Yuli Gaona
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La noche de ayer, 14 de enero de 2021, Mateo S., joven que denunció actos de tortura cometidos por agentes policiales, fue detenido a raíz de un confuso incidente en el barrio La Roldós.
Esto se da el mismo día que la Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía Nacional del Ecuador dispuso el inicio del sumario administrativo seguido en contra del agente policial Juan R., quien estaría involucrado en actos de uso excesivo de la fuerza en contra de dos jóvenes, durante un operativo de control en el norte de Quito y que la Fiscalía iniciara la toma de versiones en una investigación por el delito de tortura.
La familia del joven sostiene que la detención se dio de forma arbitraria e ilegal, ya que no había ningún indicio concreto de que Mateo S. haya cometido algún delito; sin embargo, lo aprehendieron alrededor de las 21:00 y no fue hasta las 23:00 que lo llevaron a la Unidad de Flagrancia; de hecho, lo llevaron primero a dos destacamentos policiales antes de conducirlo a flagrancia, lo que ratificaría su detención ilegal.
Como organización de derechos humanos, nos mantendremos vigilantes del debido proceso y la tutela judicial efectiva, en la audiencia de calificación de flagrancia, así como en las posibles investigaciones posteriores por el delito del que se le acusa. Además, estaremos vigilantes de las acciones de la Policía, mucho más cuando hay fuertes presunciones de que esta detención es una represalia por la denuncia presentada con anterioridad.
Pamela Chiriboga A., asesora jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada de Mateo S. en la denuncia de tortura, explica que la investigación administrativa notificada por la Policía Nacional el día de ayer, inició luego de que la madre de uno los jóvenes afectados, Nancy G., interpusiera una queja ante la Policía Nacional, el 14 de diciembre de 2020,  con el objetivo de que se inicie una investigación dentro de la institución y se establezca sanciones administrativas para los agentes responsables.
Para ello, en la queja escrita se incluyó el relato de los dos jóvenes, quienes señalaron haber reconocido a uno de sus atacantes, el policía Juan R.; copias de los exámenes médicos legales; certificados del vehículo en el que movilizaba el funcionario público, entre otros.
La notificación de esta investigación administrativa especifica que el accionar del policía Juan R. podría adecuarse a lo señalado en el artículo 120, numeral 27 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), que señala: “Hacer uso excesivo de la fuerza que provoque afectaciones a la integridad física de las personas…”.
A la par, la familia de Daniel S. y Mateo S. presentaron en la Fiscalía de Garantías y Personas la denuncia por el delito de tortura contra los agentes de la Policía Nacional, bajo el delito de tortura, con sus agravantes constitutivas del delito en los numerales 1 y 2 del mismo artículo, así como las circunstancias agravantes de la infracción 5, 6, 7, 12, 14, 19 establecidas en el Art. 47 del COIP; así como el delito de privación ilegal de la libertad establecido en el Art. 160 del mismo cuerpo normativo.
LOS HECHOS
El pasado 28 de noviembre del 2020, Daniel S. y Mateo S. fueran detenidos durante un operativo de control en el norte de Quito. Los dos jóvenes fueron subidos al patrulleros y trasladados a la Unidad Policial Comunitaria de Pisulí, norte de Quito.
En la UPC fueron víctimas de golpes con toletes y palos de madera, asfixia con bolsa plástica y gas pimienta, baldes de agua para empeorar el efecto del gas pimiento, fueron ingresados a la cajuela del patrullero asimismo amenazados de muerte en el caso de denunciar, tratos denigrantes e inhumanos cometidos presuntamente por los agentes estatales aún no identificados. Dos días después de estos hechos, el día 30 de noviembre, Daniel y Mateo intentaron presentar la denuncia en Fiscalía, no obstante, la funcionaria encargada no recibió la denuncia, aduciendo que los implicados necesitan un abogado para presentarla.
Según los testimonios de los dos jóvenes estos actos de violencia policial no son casos aislados, porque uno de los policías presuntamente agredió a otro menor de edad, el año anterior causando la pérdida de piezas dentales por golpe con piedras en la cara.

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