Ante la nueva dilación de la reconstrucción de los hechos en el caso Fredi Taish

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se pronuncia ante la opinión pública sobre la suspensión, ocurrida por tercera vez, de la reconstrucción de los hechos prevista para hoy, viernes 18 de marzo  de 2022, por los hechos ocurridos el 7 de noviembre del 2013, cuando Fredi Taish, joven shuar de 28 años, falleció a causa de un impacto de bala en su cabeza durante un operativo militar realizado por el Ejército ecuatoriano junto a la Agencia de Regulación y Control de Minas (Arcom), en la isla Tutus, en la comunidad Shiram Entza, cantón Gualaquiza, al sur de la Amazonía.
Esta diligencia fue planteada para diciembre de 2018, pero ante la falta de voluntad por parte de las Fuerzas Armadas en participar de la misma no se la practicó, lo que vulneró el debido proceso y el acceso a la justicia sobre todo porque no se volvió a fijar nueva fecha y hora hasta cuatro años después.
Más bien, durante ese tiempo, la Fiscalía de Gualaquiza prefirió avanzar con el proceso contra Johnny Q., principal testigo de los hechos, por terrorismo con resultado de muerte de Fredi Taish, antes que realizar una diligencia fundamental -como lo es la reconstrucción de los hechos- para esclarecer los hechos y las acciones de todas las personas involucradas, en especial de los miembros de las Fuerzas Armadas y ARCOM.
Pese a este antecedente, el fiscal Franklin Guartasaca volvió a diferir la diligencia que estaba prevista para el pasado 11 de marzo, sin brindar argumento alguno para tal decisión y la pospuso para hoy, viernes 18 de marzo a las 09:00. En esta nueva convocatoria, se pretendía esclarecer los hechos del 7 de noviembre de 2013 con la participación de un perito en planimetría y animación forense del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Zona 8, un investigador de muertes violentas y un perito en balística.
Pericias importantes para el avance de la investigación ya que según la autopsia, Fredi murió por un disparo en su rostro realizado por una munición de calibre 9mm., de dotación militar. El proyectil ingresó por el pómulo izquierdo y salió por la parte posterior de su cabeza. Y la trayectoria de la bala es inclinada de abajo hacia arriba y dejó un orificio de entrada de 10 mm y uno de salida de 20 mm.
Por eso, es importante recalcar y evidenciar que apenas a unas horas de la diligencia, la defensa técnica del caso recibió una notificación que señala que «POR ULTIMA VEZ, se difiere la diligencia y se CONVOCA a las partes, Peritos y agentes policiales a acudir a la diligencia de Reconstrucción de los Hechos el día 28 DE MARZO DE 2022 a las 09h00». En ese sentido nos preocupa que estas acciones respondan a un ejercicio de hostigamiento judicial y una revictimización a la familia de Fredi y al testigo clave, Jhonny Q.
Ya que, tanto como la viuda de Fredi, Susana Ankuash, quien en el momento de los hechos se encontraba en reposo después de un parto; Domingo Ankuash, suegro y líder histórico del movimiento indígena; como Johnny Q., quien presenció los hechos, están prestos a participar en las diligencias, posponer sus actividades diarias y acudir al lugar de los hechos, pese a sus limitaciones económicas.
Sin embargo, por tercera ocasión la Fiscalía no puede garantizar que el personal experto y necesario para la realización de la diligencia esté confirmado. Acaso esta es la respuesta de la Fiscalía a la postura tanto de la familia de Fredi Taish y Johnny Q. como de Inredh, organización que acompaña el caso, de rechazar la disposición de que la familia, indígenas de escasos recursos económicos, paguen la cantidad de cinco mil dólares para efectuar un peritaje sobre el uso progresivo de la fuerza aplicada por el ejército en este incidente; además del pago de dos salarios mínimos por un peritaje antropológico para evidenciar la pertenencia comunitaria y actividad del principal testigo de este asesinato.
Como defensa técnica nos preocupa la vulneración de derechos constitucionales como el derecho a la tutela judicial efectiva, la falta de debida diligencia y plazo razonable que significa el no gestionar, con antelación, las condiciones para que esta diligencia se realice.
Desde sociedad civil, estaremos vigilantes de las diligencias que se realicen en este caso y exigimos que se cumplan y respeten el derecho a la tutela judicial efectiva y la debida diligencia dentro de un plazo razonable, mucho más cuando, desde el 2013, Susana Ankuash y sus dos hijos -en el momento de los hechos, Fredi de un año y Kelly de 15 días de nacida- continúan sin medidas de reparación.
 
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