En los exteriores de la Fiscalía General del Estado, la mañana del miércoles 25 de febrero, se llevó a cabo la rueda de prensa de ASFADEC para exigir acciones concretas frente a la problemática de desapariciones en el país. Durante la jornada, familiares de personas desaparecidas señalaron que, a seis años de la vigencia de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, la normativa no ha garantizado justicia ni resultados efectivos en la búsqueda.
La ley fue emitida en 2020, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación estatal para la búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas o extraviadas, bajo un enfoque humanitario y de género. Además, contemplar la prevención de la desaparición y la atención, asistencia y protección de las víctimas indirectas durante los procesos de investigación.
Según expusieron los familiares de personas desaparecidas y personal técnico de ASFADEC, su implementación no ha respondido a las necesidades reales de las familias ni ha logrado reducir los tiempos de respuesta o asegurar procesos eficaces. También señalaron que, desde la vigencia de dicha ley, no se ha incorporado la participación de familiares en la construcción de la política pública.
En este contexto, ASFADEC presentó formalmente ante la Fiscalía General del Estado un oficio solicitando la creación de la Dirección Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas. La propuesta plantea que esta Dirección sea una instancia técnica y especializada que cuente con autonomía operativa, presupuesto propio y recursos asignados exclusivamente a la política pública en materia de desapariciones. Asimismo, que pueda articular de manera efectiva a las instituciones involucradas, fortalecer los procesos de investigación y garantizar un enfoque integral que incluya los casos en contextos de movilidad humana.
Sofía Cando, parte del equipo jurídico de ASFADEC, señaló que la creación de esta Dirección constituye una medida estructural necesaria. “La creación de la Dirección Nacional de Personas Desaparecidas no es una petición simbólica, es una medida estructural necesaria para cumplir la Constitución, la ley y los estándares de derechos humanos”, afirmó durante la rueda de prensa.
Por su parte, Mónica Guamán, familiar de una persona desaparecida, hizo un llamado al Estado a brindar respuestas para todas las personas desaparecidas y a agilizar los trámites correspondientes, indicando que las familias no pueden continuar esperando sin avances concretos.
Finalmente, las familias reiteraron que continuarán impulsando acciones para que el Estado y adopte medidas estructurales que permitan una respuesta articulada, eficiente y con enfoque de derechos humanos frente a la desaparición de personas en Ecuador.
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