Audiencia de acción de protección por falta de agua en Urbanización Canoa Miduvi se reanudará el 24 de julio luego que se practiquen nuevas pruebas

Después de escuchar a las partes procesales, cerca de las 14:15 de este martes 15 de julio de 2020, la jueza ponente del Tribunal de Garantías Penales, María Kuffó, suspendió la audiencia de acción de protección y ordenó que se practiquen nuevas pruebas, a fin de obtener más elementos que le permita al Tribunal formar un debido criterio sobre la violación o no del derecho constitucional al agua y otros en la Urbanización Canoa-Miduvi, en Manabí.

La audiencia que se instaló a las 09:00, en el Complejo Judicial Sucre, ubicado en la ciudad de Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí, se reanudará el viernes 24 de julio de 2020 a las 08:15, tiempo en el cual se practicarán nuevas pruebas que serán revisadas por el Tribunal.
La Jueza ponente señaló que una comisión de la Defensoría del Pueblo, delegación Manabí, deberá visitar a la Urbanización los días viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio de 2020 en diferentes horarios para constatar el servicio de dotación de agua por el tema de tuberías de agua potable a las viviendas y elaborar un informe prolijo sobre la evidencia recogida.
Asignó a la médica perito del Complejo Judicial de Sucre la visita a la Urbanización con la finalidad de verificar, a través de un muestreo al azar, la existencia de posibles afectaciones cutáneas que presenten las personas que residen en el reasentamiento y, luego, con la elaboración de un informe, tendrá que establecer las posibles causas de estas afectaciones, principalmente, si fueron producidas por el agua proporcionada a esta población específica.
Solicitó un informe por parte de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Agua Potable de los cantones Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua – EMMAP-EP sobre: 1) Frecuencia, periodicidad, el volumen y la forma en la que se efectúa el suministro de agua potable a la Urbanización Canoa Miduvi; 2) el tratamiento químico del agua potable que se suministra a la parroquia Canoa, sobre todo, a la Urbanización demandante; 3) el trámite que se realiza para ser abonado y/o usuario de la EMMAP-EP, la persona que proporciona los medidores correspondientes y el tiempo que demora este procedimiento; y, 4) las afectaciones o daños que se registraron en la red de tuberías que permiten la dotación de agua potable a la Urbanización Canoa Miduvi, mediante un informe pormenorizado con documentación de respaldo.
Estos 4 puntos del informe deberán ser analizados temporalmente, desde la declaratoria de emergencia sanitaria y posterior emisión de los decretos de estado de excepción en Ecuador hasta la fecha de entrega del informe.
En cuanto al GAD Municipal del cantón San Vicente, deberá emitir un informe sobre los siguientes proyectos: 1) Repotenciación de la planta de la planta de tratamiento “La Estancilla” y construcción de las nuevas líneas de impulsión desde la planta a los cantones: Bolívar, Junín, San Vicente, Sucre y Tosagua de la provincia de Manabí; 2) Rehabilitación de la red intradomiciliaria de distribución de agua potable de la parroquia Canoa del cantón San Vicente; y, 3) Ejecución de la red de agua potable de la parroquia Canoa del cantón San Vicente, especificando la siguiente información: la fecha de aprobación, autoridad que ejecuta, fecha de inicio, fecha de culminación, fecha de operatividad, entrada en funcionamiento, personas beneficiadas de la parroquia Canoa del Cantón San Vicente con especial relevancia en lo que respecta a la Urbanización Canoa Miduvi.
Para la entrega de estas pruebas documentales, la jueza Kuffó dispuso, amparada en el art. 16 de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que la misma comisión de la Defensoría del Pueblo, delegación Manabí, acuda a las citadas instituciones públicas, recoja la información requerida y elabore un informe sobre el cumplimiento. A este informe se le anexará la documentación de cada institución en mención y se deberá entregar al Tribunal 24 horas antes del 24 de julio, día de la reanudación de la audiencia.
Los hechos en la audiencia
En la audiencia, uno de los accionantes, Luis Ayala, presidente de la Urbanización Canoa Miduvi, señaló que algunos habitantes de la Urbanización pertenecen a grupos vulnerables como tercera edad, niños/as, mujeres embarazadas y con niños en brazos. También indicó que las personas del sector vivían del turismo y el comercio y, ahora, debido a la pandemia se quedaron sin sus ingresos económicos que les permitía comprar el agua de tanqueros privados.
La asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y abogada del caso, Pamela Chiriboga, mencionó que, desde el terremoto hasta la actualidad, se han dirigido fondos para la reconstrucción de la infraestructura, sobre todo, para la distribución del agua a las y los habitantes, como por ejemplo, según lo afirmado por la Secretaría de la Reconstrucción y Reactivación Productiva, “en el 2016 se invirtieron USD 2,2 millones para una obra de saneamiento ambiental para Canoa y San Vicente, que empezó el 10 de junio del 2016 y que debía entregarse en 90 días. Esta consistía en un sistema reserva de agua potable, y un sistema de bombeo alcantarillado sanitario”. Para Chiriboga “llama la atención que aún no se cuente con este servicio público”.
Además la jurista se refirió a las gestiones que realizó la presidenta de la Mancomunidad Centro Norte, de ese entonces, Rossana Cevallos, -actual alcaldesa del GAD de San Vicente- para la asignación de un crédito concedido por el Banco de Desarrollo, por un monto de más de 15 millones de dólares para la ejecución de obras de repotenciación en planta “La Estancilla”, que debía incrementar la producción diaria de agua de 30.000 a 60.000 m3, garantizando que San Vicente reciba agua potable de forma ininterrumpida y, por ende, la parroquia Canoa, sin embargo, esto no sucede.
El Tribunal también pudo escuchar los testimonios de cuatro residentes de la Urbanización y uno fuera de ésta, quienes acudieron en calidad de testigos y relataron cómo sus vidas son afectadas por la falta de agua. Ilda Y. comentó que para comprar agua, “el tanquero cuesta entre 35 a 40 dólares, la cisterna dura 15 días, tuve que poner canales en mi casa para recoger el agua de lluvia, esa temporada que estaba baja económicamente […] El agua de los camiones dicen que viene de San Vicente y me viene con basura y con tierra cuando yo limpio mi cisterna […] No hay turismo con la pandemia , el pueblo está abandonado y el dinero para comprar comida y agua no es suficiente”.
De la misma forma, Jorge A., habitante de la Urbanización mencionó que la falta de acceso al agua complica sus condiciones de vida, “sin agua no hay nada. Para lavarse, bañarse, lavar los platos usamos agua, aunque sea del pozo, pero compramos bidones de agua para beber y cocinar […] El agua de tanquero llega como roja no sé de dónde la llenan o consiguen, llega roja y con espuma, no es potable, no sé de dónde viene”.
El abogado defensor de la alcaldesa del GAD de San Vicente, Rossana Cevallos, indicó que la acción de protección debería ser inadmitida, debido a que ya existiría una acción presentada anteriormente ante el mismo Tribunal y por la misma vulneración de derechos. Luego de estas afirmaciones, presentó una serie de oficios que afirma fueron enviados a EMMAP-EP para que doten de agua potable o tanqueros para solucionar los problemas de agua en Canoa, hasta señaló que el 10 de mayo 2019 se envió un oficio al presidente Moreno, donde se declaraba que los tanques de agua no funcionan de la forma correcta.
Respecto a la EMMAP-EP, su defensa técnica afirmó que la empresa contaba con un cronograma para la dotación de agua, según el cual, la población de la parroquia Canoa podía obtenerla los días jueves, viernes, sábado y domingo; pero, a pesar de estas aseveraciones, de acuerdo a los testimonios dados en la audiencia, el agua no ha llegado en meses a las casas.
 Además, pidió al Tribunal que se inadmitida la acción de protección presentada a favor de la Urbanización Canoa Miduvi, ya que, según sus alegatos, la falta de agua se debe a que los habitantes no han hecho el trámite para obtener los medidores de agua y a los daños que existen en las tuberías.
Ante esto, el Tribunal decidió suspender la audiencia para ampliar la información del caso que tendrá que ser remitida a las Juezas a cargo de esta causa, hasta un día antes de la reanudación de la audiencia que se desarrollará el viernes 24 de julio de 2020 a las 08:15. Se prevé que ese día se conozcan las nuevas pruebas documentales y el Tribunal pueda llegar a una decisión. 
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