Veinte y tres comunidades indígenas kichwas del Triángulo de Cuembi, ubicado en el cantón Putumayo, frontera con Colombia, asistirán a la audiencia por la acción de inconstitucionalidad presentada en contra del Acuerdo 080 del Ministerio de Ambiente que busca transformar esta zona en bosque protector, a pesar de estar habitada. Esta audiencia se desarrollará el lunes, 2 de septiembre de 2019, a las 10:00, en la sala de audiencias de la Corte Constitucional (José Tamayo E10 -25 y Lizardo García).
El Acuerdo 080, del 13 de mayo de 2010, declara a las 104.238 hectáreas del Triángulo de Cuembi como Bosque y Vegetación Protector sin consentimiento de las comunidades indígenas de la zona. Este acuerdo vulnera el derecho a la vivienda, a la alimentación, al territorio ancestral, la identidad cultural y tradiciones ancestrales; así como el derecho a la consulta previa, libre e informada garantizada en la Constitución.
Además, el acuerdo estipula en su artículo 6: que «la protección y control del Bosque y Vegetación Protector «Triángulo de Cuembi» la efectuará el Ministerio de Defensa Nacional a través de los respectivos convenios de cooperación interinstitucional que se suscriban para este efecto con el Ministerio de Ambiente».
Una vez que entró en vigencia el Acuerdo Ministerial, el Triángulo de Cuembi pasó a ser custodiado por el Ejército Nacional, produciéndose una militarización de la zona bajo el argumento de «protección y control», lo cual es totalmente prohibido incluso por el artículo 18 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señala: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas”.
Paco Chuji, secretario de derechos humanos de la Fonakise, dice que el acuerdo sigue afectando a las comunidades y ha provocado el desplazamiento de varias familias.
Entrevista completa
Según Pamela Chiriboga, abogada del caso y asesora jurídica de Inredh, esta audiencia es una respuesta con desmedida tardanza por parte de la Corte Constitucional. Dicho Acuerdo Ministerial ha estado en vigencia 9 años, lo que ha provocado no solo la alteración de los modelos de vida de las comunidades, en su mayoría Kichwa, en términos de vivienda, alimentación y tradiciones; pues además ha provocado desalojos por parte del Ejército, es decir, la desvinculación de las comunidades con sus territorios ancestrales, incumpliendo con los derechos colectivos garantizados en la Constitución y los Tratados Internacionales.
Se espera que la Corte Constitucional pueda responder al incumplimiento estatal de obligaciones internacionales, así como que pueda dictar la reparación integral necesaria para estas comunidades que luego de 9 años, se siguen viendo sumamente afectadas por la vigencia del Acuerdo, el cual no ha mostrado ni efectividad en la protección a nivel de Bosque y Vegetación Protector ni mucho menos, en la protección a las comunidades indígenas que habitan en el Triángulo de Cuembí.
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