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La madrugada del 1 de marzo de 2008, una brigada de helicópteros y aviones del Ejército colombiano bombardeó un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encontraba en territorio ecuatoriano, en la zona de Angostura, provincia de Sucumbíos.
La denominada operación ‘Fénix’ dejó como resultado la muerte de 25 personas y otras 3 gravemente heridas. Entre los cadáveres se encontraba el de Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, segundo comandante de las FARC y 18 guerrilleros más.
En el ataque también fallecieron: Franklin Aisalla, ciudadano ecuatoriano; cuatro jóvenes mexicanos, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quienes se encontraban en lugar de los hechos por asuntos académicos, ya que realizaban investigaciones como parte de una actividad extracurricular, que consistía en participar en un congreso internacional que se desarrolló en Ecuador, a inicios de marzo del 2008.
De esta incursión quedaron tres sobrevivientes: Doris Torres de 21 años, Martha Pérez de 24 años de nacionalidad colombiana, y Lucía Morett, estudiante mexicana de la UNAM.
Después de los bombardeos, el Ejército colombiano ya en tierra, volvió a ejecutar a los demás sobrevivientes, así lo relató la joven estudiante, Lucía Morett.
A horas de este hecho, el expresidente Rafael Correa recibió una llamada telefónica de parte de su homólogo colombiano Álvaro Uribe, donde le indicaba que se había registrado un enfrentamiento y una persecución entre el Ejército colombiano y las fuerzas de las FARC.
En ese momento el presidente Correa ordenó la investigación de los sucesos para una verificación de lo ocurrido, dispuso que el Ejército ecuatoriano se traslade a la zona de conflicto, donde se hallaron 15 cuerpos y tres mujeres heridas. Esto evidenció que el bombardeo fue una “masacre” ejecutada con “tecnología de punta”, ya que pese a la oscuridad de la noche y la tupida vegetación de la zona, dieron al objetivo con una precisión que las armas convencionales con las que contaba el ejército colombiano no lo hubieran hecho posible.
A raíz de dicha investigación se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, a lo que se sumaron acusaciones mutuas entre los dos gobiernos. Aquí también debe cuestionarse si esta posición corresponde verdaderamente a una lucha por la soberanía del territorio Ecuatoriano o es un discurso establecido por un sistema de poder.
Posteriormente en la Cumbre del Grupo de Río, el 7 de marzo del 2008, el ataque fue condenado y Uribe ofreció disculpas a Rafael Correa sin solucionar el problema, puesto que autoridades de Bogotá intentaron vincular a colaboradores del gobierno ecuatoriano con la guerrilla, sin embargo, la falta de investigaciones y voluntad política de los Estados han dejado hechos sin resolver.
Dos años y nueves meses después, los nexos bilaterales se restablecieron con el arribo de Juan Manuel Santos a la Presidencia. Al momento del bombardeo, Santos era ministro de Defensa.
Las familias de los cuatro estudiantes mexicanos fallecidos exigen respuestas ante los Estados colombiano, ecuatoriano y mexicano, sin embargo esta lucha no ha tenido respuesta de su parte, pues los mandos policiales y militares colombianos involucrados en la llamada “Operación Fénix”, como el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, el ex secretario de defensa Juan Manuel Santos, el ex director de la Policía Nacional de Colombia Óscar Naranjo, no han sido llevados a juicio en ninguno de los países directamente involucrados.
Debido a la falta de respuesta de los Estados mexicano, colombiano y ecuatoriano, en 2014, los familiares de los estudiantes asesinados Verónica Velázquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Avilés, con el apoyo de Inredh en Ecuador y por Limeddhh en México formulan una petición ante la CIDH, por la vulneración al derecho a la vida, a la integridad personal y la tutela judicial efectiva.
1 de marzo de 2008
El campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue bombardeado.
Estudiantes mexicanos se encontraban en el campamento, horas después sus cuerpos fueron encontrados con disparos a quemarropa. Solo, Lucía Morett, estudiante mexicana, junto a dos mujeres más sobrevivieron al ataque, quienes fueron dejadas a su suerte por el ejército colombiano pese a la gravedad de sus heridas
2 de marzo de 2008
El Ejército ecuatoriano después de varias horas se desplaza a la zona de conflicto, donde fueron encontradas las tres mujeres
heridas.
Se inició la investigación penal por los hechos ocurridos en Angostura.
3 de marzo de 2008
El Estado ecuatoriano rompió las relaciones diplomáticas con el país vecino. Este quebrantamiento se mantuvo hasta el 26 de noviembre del 2010.
7 de marzo de 2008
En la Cumbre del Grupo de Río, el ataque fue condenado y el ex presidente Álvaro Uribe ofreció disculpas al Ecuador.
Marzo de 2008
Los padres de los cuatro fallecidos junto con la superviviente del ataque, Lucía Andrea Morett, presentaron en la entonces Procuraduría General de la República de México (PGR) una denuncia de hechos por el asesinato de sus hijos; de igual manera acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Embajadas de Colombia y de Ecuador en México y la CNDH, pero jamás obtuvieron respuesta.
21 de mayo de 2008
Los cuerpos no identificados de los guerrilleros fueron enterrados en tumbas dobles como NN, en el cementerio de San Diego, en Quito.
25 de febrero de 2010
El Juez Tercero de lo Penal de Sucumbíos dictó el sobreseimiento provisional de los sindicados, pero el 09 de abril del 2010, se declaró la nulidad de gran parte del proceso penal; iniciándose nuevamente la instrucción fiscal con el Nº 032-2010 y en el Juzgado Primero de lo Penal de Sucumbíos con el Nº 297-2010, se reinició el proceso penal en contra de Juan Manuel Santos Calderón.
21 de marzo de 2011
Se dicta el Auto de Llamamiento a Juicio en contra de Freddy José Padilla de León, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Mario Montoya Uribe, Guillermo Enrique Barrera Hurtado, Jorge Ballesteros, como autores intelectuales, y a Camilo Ernesto Álvarez Ochoa como autor material del delito de asesinato, todos miembros del Ejército colombiano que participaron en la Operación Fenix.
7 de febrero de 2014
Colombia accedió a otorgar una indemnización de 35.000 dólares a la familia del ecuatoriano Franklin Aizalla, muerto en este bombardeo; con ello se da por superado este conflicto.
24 de marzo de 2014
Los familiares de los jóvenes fallecidos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentaron una petición en contra de Ecuador, México y Colombia.
24 de octubre de 2014
Un reporte es enviado a la CIDH, por los familiares de los estudiantes asesinados con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) en Ecuador y por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en México.
1 de marzo de 2018
Se cumplen 10 años del bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la localidad de Angostura, Sucumbíos. Ese día, la guerrilla fue atacada por el Estado de Colombia en territorio ecuatoriano.
4 abril de 2018
La Corte Provincial de Sucumbíos dispone la prisión preventiva en contra de los procesados por el bombardeo en Angostura.
29 de abril de 2019
La Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero solicita a los familiares se brinde las nuevas pruebas sobre los hechos, quedando pendiente una solicitud de asistencia jurídica.
23 de agosto de 2019
Desde el Ministerio Público de la Federación de México se solicita el apoyo de Asistencia Jurídica Internacional de la Fiscalía General de la República de México, con el fin de recabar del gobierno de Colombia diversas probanzas necesarias para integrar la indagatoria.
17 de enero de 2020
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México anunció que apoyará a las familias de los cuatro estudiantes mexicanos fallecidos durante el ataque de 2008.
La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, recibió en sus oficinas a los integrantes de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, a quienes «ofreció su intervención para que accedan a la justicia y a la verdad de los hechos».
7 de julio de 2020
Se realiza un Oficio dirigido al Doctor Alejandro Jiménez Ramírez Director de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia solicitando información en relación a Juan Manuel Santos, Freddy Padilla, Oscar Naranjo, Mario Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros y Camilo Álvarez y al operativo denominado “Fénix”.
1 de diciembre de 2020
La CIDH entregó un informe sobre la aplicación del artículo 36.3 de su reglamento, en concordancia con su Resolución 1/16 sobre “medidas para reducir el retraso procesal” y que no impida que las decisiones de la Comisión tengan un efecto útil, tomándose en cuenta la necesidad de actuar con mayor agilidad en los casos de gravedad y urgencia.
28 enero de 2021
La CIDH informó a los peticionarios que resolvió unir fase de admisibilidad y fondo en relación al Estado mexicano, debido a su incumplimiento sobre la presentación de respuestas a la admisibilidad y observaciones sobre la fase de fondo. De esta manera, la CIDH decidió activar medidas para reducir el retraso procesal.
1 de marzo de 2021
Las familias de los cuatro jóvenes mexicanos que fueron asesinados hace 13 años en el bombardeo en Angostura, Sucumbíos, se concentraron en los exteriores del Consulado de Colombia en México para continuar con la exigencia de justicia y de judicialización a los responsables.
3 de agosto de 2021
La Fundación INREDH presenta en la CIDH un escrito de fondo en contra del Estado mexicano.
Historia
La madrugada del 1 de marzo de 2008, una brigada de helicópteros y aviones del Ejército colombiano bombardeó un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encontraba en territorio ecuatoriano, en la zona de Angostura, provincia de Sucumbíos.
La denominada operación ‘Fénix’ dejó como resultado la muerte de 25 personas y otras 3 gravemente heridas. Entre los cadáveres se encontraba el de Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, segundo comandante de las FARC y 18 guerrilleros más.
En el ataque también fallecieron: Franklin Aisalla, ciudadano ecuatoriano; cuatro jóvenes mexicanos, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) quienes se encontraban en lugar de los hechos por asuntos académicos, ya que realizaban investigaciones como parte de una actividad extracurricular, que consistía en participar en un congreso internacional que se desarrolló en Ecuador, a inicios de marzo del 2008.
De esta incursión quedaron tres sobrevivientes: Doris Torres de 21 años, Martha Pérez de 24 años de nacionalidad colombiana, y Lucía Morett, estudiante mexicana de la UNAM.
Después de los bombardeos, el Ejército colombiano ya en tierra, volvió a ejecutar a los demás sobrevivientes, así lo relató la joven estudiante, Lucía Morett.
A horas de este hecho, el expresidente Rafael Correa recibió una llamada telefónica de parte de su homólogo colombiano Álvaro Uribe, donde le indicaba que se había registrado un enfrentamiento y una persecución entre el Ejército colombiano y las fuerzas de las FARC.
En ese momento el presidente Correa ordenó la investigación de los sucesos para una verificación de lo ocurrido, dispuso que el Ejército ecuatoriano se traslade a la zona de conflicto, donde se hallaron 15 cuerpos y tres mujeres heridas. Esto evidenció que el bombardeo fue una “masacre” ejecutada con “tecnología de punta”, ya que pese a la oscuridad de la noche y la tupida vegetación de la zona, dieron al objetivo con una precisión que las armas convencionales con las que contaba el ejército colombiano no lo hubieran hecho posible.
A raíz de dicha investigación se produjo la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, a lo que se sumaron acusaciones mutuas entre los dos gobiernos. Aquí también debe cuestionarse si esta posición corresponde verdaderamente a una lucha por la soberanía del territorio Ecuatoriano o es un discurso establecido por un sistema de poder.
Posteriormente en la Cumbre del Grupo de Río, el 7 de marzo del 2008, el ataque fue condenado y Uribe ofreció disculpas a Rafael Correa sin solucionar el problema, puesto que autoridades de Bogotá intentaron vincular a colaboradores del gobierno ecuatoriano con la guerrilla, sin embargo, la falta de investigaciones y voluntad política de los Estados han dejado hechos sin resolver.
Dos años y nueves meses después, los nexos bilaterales se restablecieron con el arribo de Juan Manuel Santos a la Presidencia. Al momento del bombardeo, Santos era ministro de Defensa.
Las familias de los cuatro estudiantes mexicanos fallecidos exigen respuestas ante los Estados colombiano, ecuatoriano y mexicano, sin embargo esta lucha no ha tenido respuesta de su parte, pues los mandos policiales y militares colombianos involucrados en la llamada “Operación Fénix”, como el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, el ex secretario de defensa Juan Manuel Santos, el ex director de la Policía Nacional de Colombia Óscar Naranjo, no han sido llevados a juicio en ninguno de los países directamente involucrados.
Debido a la falta de respuesta de los Estados mexicano, colombiano y ecuatoriano, en 2014, los familiares de los estudiantes asesinados Verónica Velázquez, Juan González, Fernando Franco y Soren Avilés, con el apoyo de Inredh en Ecuador y por Limeddhh en México formulan una petición ante la CIDH, por la vulneración al derecho a la vida, a la integridad personal y la tutela judicial efectiva.
Cronología
1 de marzo de 2008
El campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue bombardeado.
Estudiantes mexicanos se encontraban en el campamento, horas después sus cuerpos fueron encontrados con disparos a quemarropa. Solo, Lucía Morett, estudiante mexicana, junto a dos mujeres más sobrevivieron al ataque, quienes fueron dejadas a su suerte por el ejército colombiano pese a la gravedad de sus heridas
2 de marzo de 2008
El Ejército ecuatoriano después de varias horas se desplaza a la zona de conflicto, donde fueron encontradas las tres mujeres
heridas.
Se inició la investigación penal por los hechos ocurridos en Angostura.
3 de marzo de 2008
El Estado ecuatoriano rompió las relaciones diplomáticas con el país vecino. Este quebrantamiento se mantuvo hasta el 26 de noviembre del 2010.
7 de marzo de 2008
En la Cumbre del Grupo de Río, el ataque fue condenado y el ex presidente Álvaro Uribe ofreció disculpas al Ecuador.
Marzo de 2008
Los padres de los cuatro fallecidos junto con la superviviente del ataque, Lucía Andrea Morett, presentaron en la entonces Procuraduría General de la República de México (PGR) una denuncia de hechos por el asesinato de sus hijos; de igual manera acudieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Embajadas de Colombia y de Ecuador en México y la CNDH, pero jamás obtuvieron respuesta.
21 de mayo de 2008
Los cuerpos no identificados de los guerrilleros fueron enterrados en tumbas dobles como NN, en el cementerio de San Diego, en Quito.
25 de febrero de 2010
El Juez Tercero de lo Penal de Sucumbíos dictó el sobreseimiento provisional de los sindicados, pero el 09 de abril del 2010, se declaró la nulidad de gran parte del proceso penal; iniciándose nuevamente la instrucción fiscal con el Nº 032-2010 y en el Juzgado Primero de lo Penal de Sucumbíos con el Nº 297-2010, se reinició el proceso penal en contra de Juan Manuel Santos Calderón.
21 de marzo de 2011
Se dicta el Auto de Llamamiento a Juicio en contra de Freddy José Padilla de León, Oscar Adolfo Naranjo Trujillo, Mario Montoya Uribe, Guillermo Enrique Barrera Hurtado, Jorge Ballesteros, como autores intelectuales, y a Camilo Ernesto Álvarez Ochoa como autor material del delito de asesinato, todos miembros del Ejército colombiano que participaron en la Operación Fenix.
7 de febrero de 2014
Colombia accedió a otorgar una indemnización de 35.000 dólares a la familia del ecuatoriano Franklin Aizalla, muerto en este bombardeo; con ello se da por superado este conflicto.
24 de marzo de 2014
Los familiares de los jóvenes fallecidos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y presentaron una petición en contra de Ecuador, México y Colombia.
24 de octubre de 2014
Un reporte es enviado a la CIDH, por los familiares de los estudiantes asesinados con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) en Ecuador y por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) en México.
1 de marzo de 2018
Se cumplen 10 años del bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la localidad de Angostura, Sucumbíos. Ese día, la guerrilla fue atacada por el Estado de Colombia en territorio ecuatoriano.
4 abril de 2018
La Corte Provincial de Sucumbíos dispone la prisión preventiva en contra de los procesados por el bombardeo en Angostura.
29 de abril de 2019
La Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero solicita a los familiares se brinde las nuevas pruebas sobre los hechos, quedando pendiente una solicitud de asistencia jurídica.
23 de agosto de 2019
Desde el Ministerio Público de la Federación de México se solicita el apoyo de Asistencia Jurídica Internacional de la Fiscalía General de la República de México, con el fin de recabar del gobierno de Colombia diversas probanzas necesarias para integrar la indagatoria.
17 de enero de 2020
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México anunció que apoyará a las familias de los cuatro estudiantes mexicanos fallecidos durante el ataque de 2008.
La presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, recibió en sus oficinas a los integrantes de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, a quienes «ofreció su intervención para que accedan a la justicia y a la verdad de los hechos».
7 de julio de 2020
Se realiza un Oficio dirigido al Doctor Alejandro Jiménez Ramírez Director de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación de la República de Colombia solicitando información en relación a Juan Manuel Santos, Freddy Padilla, Oscar Naranjo, Mario Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros y Camilo Álvarez y al operativo denominado “Fénix”.
1 de diciembre de 2020
La CIDH entregó un informe sobre la aplicación del artículo 36.3 de su reglamento, en concordancia con su Resolución 1/16 sobre “medidas para reducir el retraso procesal” y que no impida que las decisiones de la Comisión tengan un efecto útil, tomándose en cuenta la necesidad de actuar con mayor agilidad en los casos de gravedad y urgencia.
28 enero de 2021
La CIDH informó a los peticionarios que resolvió unir fase de admisibilidad y fondo en relación al Estado mexicano, debido a su incumplimiento sobre la presentación de respuestas a la admisibilidad y observaciones sobre la fase de fondo. De esta manera, la CIDH decidió activar medidas para reducir el retraso procesal.
1 de marzo de 2021
Las familias de los cuatro jóvenes mexicanos que fueron asesinados hace 13 años en el bombardeo en Angostura, Sucumbíos, se concentraron en los exteriores del Consulado de Colombia en México para continuar con la exigencia de justicia y de judicialización a los responsables.
3 de agosto de 2021
La Fundación INREDH presenta en la CIDH un escrito de fondo en contra del Estado mexicano.