Inicio Nacional Como alguna vez dijo Purita Pelayo: “ya mismo nos morimos todas y no vamos a tener justicia”

Como alguna vez dijo Purita Pelayo: “ya mismo nos morimos todas y no vamos a tener justicia”

Por Yuli Gaona
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El 17 de mayo de 2019 (Día Internacional conta la homofobia) se presentó la denuncia por  delitos de lesa humanidad en razón de la violación sistemática, estructural y la persecución que sufrieron las personas de diversidades sexo genéricas durante la década de los 80s a 2000, especialmente por el gobierno de León Febres Cordero, cuando se inauguró un régimen de violencia instaurado por el Estado dirigido no solo a opositores políticos sino también a aquellas personas que “no encajaban” en la sociedad. En aquel tiempo, las mujeres trans, por su identidad de género visible, fueron víctimas de torturas, privaciones ilegales y arbitrarias de libertad, agresiones y abusos sexuales, violaciones y e incluso desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

El Colectivo “Coccinelle” fue uno de los grupos de personas transfemeninas más golpeado por la violencia sistemática y estructural de aquel tiempo, a través de la resistencia y la lucha impulsaron avances esenciales en los derechos de la población LGBTIQ+ como la despenalización de la homosexualidad. Su lucha no ha cesado y fue así que crearon un colectivo llamado las “Nueva Coccinelle” y el año pasado, en acompañamiento de la Fundación INREDH, se interpuso la denuncia respectiva en la Fiscalía General del Ecuador, esperando que se investigue, se procese y se judicialice a los responsables de las graves violaciones a sus derechos humanos, así como también se materialice una reparación integral que permita restituir de alguna manera los derechos que les fueron vulnerados.

Actualmente, todas ellas superan los sesenta años de edad y en su mayoría, son personas adultas mayores, formando así parte de los grupos de atención prioritaria previsto en la Constitución. A pesar de esa situación, antes y durante el contexto de Covid-19, la situación de precariedad, consecuencia de un Estado que carece de políticas públicas que permitan ofrecer oportunidades laborales para personas de diversidades sexo genéricas, se acrecentó y con ello las amenazas a su salud ya que para subsistir debían salir a la calle para buscar un sustento. Fue así que desde que inició la pandemia, cinco compañeras militantes de los derechos humanos y de la población LGBTIQ+, activistas políticas de la Fundación Transgénero “Nueva Coccinelle” fallecieron, todas ellas a consecuencia del Covid-19:

  • Jacinta Almeida, nació en Chone, provincia de Manabí, el 08 de junio de 1959. Falleció a los 61 años de edad en Quito, el 27 de junio de 2020, quien además fue parte de las cinco compañeras trans que presentar la denuncia que apertura el presente caso.
  • Rita Eleuteria Vera Morán, nació en Milagro, provincia de Guayas, el 30 de abril de 1954. Falleció a los 63 años de edad, el 05 de abril de 2020 en su lugar de origen.
  • Pepita La Motosa, nació en la provincia de Guayas. Luego de la persecución hacia la población LGBTIQ+ durante la década de los noventa, decidió migrar a Francia, lugar donde falleció. Su muerte tuvo lugar el 14 de abril de 2020.
  • Vanesa López Zambrano, nació en Chone, provincia de Manabí. Murió en la ciudad de Quito el 08 de agosto de 2020.
  • Gaby Pazato Pérez, oriunda de la provincia de Azuay, murió en Quito el 23 de junio de 2020.


Todas estas muertes demuestran que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en la década de los ochenta y noventa, actualmente son adultas mayores y luego de décadas de esperar justicia aún no hay ninguna luz que se derive de la presente investigación. Ha pasado más de un año y el papel de la Fiscalía como institución encargada de investigar ha sido insuficiente. Además, ha presentado un sinnúmero de dilaciones en diligencias (pericias) que fueron solicitadas en el 2019.
Manifestamos nuestra inconformidad ante la falta de celeridad para la entrega del informe resultado de la experticia de entorno social con enfoque de derechos humanos denominada “Análisis del Contexto Social y Político de las Vulneraciones a los Derechos Humanos de la Población LGBTI en Ecuador, entre los años 1980-2000”. Ha pasado más de un año desde la designación del perito en psicología social encargado de la experticia y hasta el momento no se ha presentado el informe pericial respectivo que evidencia las vulneraciones sistemáticas de las cuales fueron víctimas las personas de diversidades sexo genéricas como el Colectivo “Coccinelle y Nueva Coccinelle”.
En un inicio, el informe de la experticia del entorno social debía ser entregado el 25 de febrero de 2019. Sin embargo, se han solicitado tres prórrogas para la entrega del informe, la primera por un plazo de 90 días cuya fecha límite fue el 28 de mayo de 2020, la segunda por un plazo de 30 días cuya fecha límite fue el 06 de agosto de 2020 y la tercera por un plazo de 90 días cuya fecha límite sería el 02 de noviembre de 2020.
Si bien es cierto que la pandemia de Covid-19, que azotó al mundo entero, provocó que la modalidad de trabajo cambie a modo virtual y que haya una dilación en el despacho de diligencias, ésta NO puede ser una excusa para que se haya incumplido con la entrega del informe respectivo, teniendo presente que el 16 de enero se realizó el peritaje. Sumado a ello, es competencia de la Fiscalía cumplir con una investigación diligente que evite vulnerar los derechos de las víctimas y que sobre todo se encamine a buscar la verdad.
Sumado a ello, en el 2019, Fundación INREDH solicitó a la Fiscalía que se realicen peritajes psicológicos, médicos legales y del entorno social a aquellas víctimas que aun hoy en día sufren de las secuelas de las vulneraciones a su integridad personal. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ninguna de ellas y, es más, se ha dispuesto, el 28 de agosto del 2020, que se realicen estas experticias a algunas compañeras. En dichas diligencias  ni siquiera se tomó en cuenta a las compañeras que denunciaron, Coccinelles, ni al resto de compañeras de la Nueva Coccinelle que ya han dado su versión. Resulta inentendible porqué se ha dado paso solo a un grupo de compañeras trans y no a la totalidad, mucho más cuando no se encuentran las principales víctimas (al ser denunciantes) de este proceso.
Con todos estos antecedentes, las compañeras del Colectivo “Nueva Coccinelle” y la Fundación INREDH exigimos que:

  1. La Fiscalía General del Estado realice con celeridad y debida diligencia las diligencias en este proceso, no solo por el deber que recae sobre la Fiscalía, sino porque las víctimas de graves violaciones de derechos humanos se encuentran actualmente en condiciones precarias, enraizadas también en los hechos que se investigan en el proceso. Si no existe el impulso necesario para la investigación de este caso, podría constituirse en una cifra más de impunidad de los casos en los que el Estado es directamente responsable.
  2. La Defensoría del Pueblo pueda ejercer la vigilancia al debido proceso de las investigaciones que está llevando la Fiscalía, tomando en consideración la competencia que radica en el artículo 6 literal h de la Ley Orgánica de esta institución del Estado. Asimismo, es indispensable que pueda emitir un informe sobre las omisiones de la Fiscalía para garantizar el derecho a la verdad y de esta manera que se haga justicia.

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género realice observancia de los derechos de las personas transfemeninas del Colectivo “Nueva Coccinelle” que han presentado su denuncia por graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, el Consejo deberá asegurar la plena vigencia y ejercicio de quienes forman parte de la población LGBTIQ+ y que sumado a ello son adultas mayores.

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