Este martes, 1 de noviembre de 2022, a través de una rueda de prensa, las organizaciones Equidad, Surkuna, Fundación Dignidad, Care Ecuador, Caritas Ecuador, Alas de Colibrí, Sacalabrinianas, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas -CESA, Fundación AVSI Ecuador y Alianza Migrante, presentaron su contribución en el proceso de elaboración del Examen Periódico Universal (EPU).
Esta contribución se enfocó en temáticas como el uso progresivo de la fuerza, discriminación a la población LGBTIQ+, derechos de las mujeres, derechos humanos y naturaleza, esclavitud moderna, justicia indígena, igualdad y no discriminación y movilidad humana.
Durante el evento, se contó con la presencia de representantes de la sociedad civil, embajadores, así como de Ana Vera, integrante de la organización Surkuna, Efraín Soria de la Fundación Equidad, Patricia Galves de la CEDEAL y Rosa Bolaños, abogada de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos, quienes intervinieron con varios hallazgos y recomendaciones.
La formación de la coalición fue un espacio de incidencia internacional importante para visibilizar la realidad y sensibilizar las problemáticas que atraviesa el Ecuador en Derechos Humanos, así lo manifiesto Vera. Por otro lado, Rosa Bolaños aseguró que la coalición es “la voz de las organizaciones y es la que cuenta en estos espacios”. Las necesidades encontradas en el informe recopilan observaciones entorno al acceso de justicia, demandas hacia las instituciones públicas por la violencia dentro de las mismas, la exigencia de mecanismos de respaldo, reparación sobre la violación de los derechos humanos, entre otras.
Las distintas organizaciones aportaron desde sus enfoques sociales para la elaboración del informe del EPU 2022. Por ejemplo, tanto Surkuna y la Red Latinoamericana del Caribe para la Democracia, realizaron hallazgos en temas sobre la violencia de género. Los aportes de su organización trataron temas sobre “salud sexual, salud reproductiva y violencia contra las mujeres”; Vera considera que la situación sobre el alto índice de violencia contra las mujeres es “indigente e impactante”, además de «la incapacidad del Estado de tomar mediadas reales para parar esta alerta”, aseguró Vera. En este sentido, las medidas recomendadas al Estado son “asegurar el acceso de las mujeres y niñas a servicios de salud y reproductiva de calidad, y culturalmente adaptados a sus necesidades”.
Por otro lado, Patricia Galves, de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, recalcó las observaciones similares y existentes durante el levantamiento del informe actual con el de 2017, puesto se identificó el incumplimiento del Estado ecuatoriano en “proteger, garantizar, avanzar, reparar servicios esenciales”, específicamente, para prevenir la violencia contra las mujeres.
Efraín Soria de la Fundación Equidad comentó la preocupación existente en el sistema educativo frente a las personas de la diversidad sexual “muchas de ellas por el bullying homofóbico, transfóbico, lesbofóbico” han sido obligadas a abandonar en tempranas edades el sistema educativo “justamente porque no existe un sistema de protección que permita que las personas culminen satisfactoriamente su educación”. Además, expresó la necesidad de la inversión para garantizar una salud de calidad.
Finalmente, en la intervención de Rosa Bolaños, se identificó como el uso progresivo de la fuerza es “uno de los temas más polémicos debido a que instituciones como la Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Ecuador” y son generadores de violencia, de detenciones extrajudiciales. De acuerdo con Bolaños, las recomendaciones realizadas en el mismo se enfocaron en “la cooperación internacional de los Estados, criminalización en la justicia indígena y protección de defensores de derechos humanos” esto a causa de la construcción insuficiente de políticas públicas en el sistema de justicia.
De este proceso participativo, las organizaciones de la coalición esperarán hasta el 7 de noviembre de 2022 para la sesión del Examen Periódico Universal que se desarrollará en Ginebra, donde se espera que estos hallazgos y recomendaciones sean consideradas de tal manera que esta sea una garantía para presionar al cumplimiento del Estado ecuatoriano en sus obligaciones y también recordar los compromisos en materia de derechos humanos.
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