Hoy, 17 de mayo de 2019, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, el Frente de Transfemeninas y Gays del Ecuador – ‘Nueva Coccinelle’, con apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentó la denuncia al Estado ecuatoriano por el delito de lesa humanidad y el de persecución a las víctimas de represiones policiales intensificadas desde la década de los 80 hasta 2000, mediante una marcha hacia la Fiscalía General del Estado.
La jornada inició, aproximadamente a las 10:30, con la concentración de las ‘Coccinelle’, activistas, organizaciones de derechos humanos y otros colectivos trans, en el parque La Alameda, centro de Quito. El recorrido avanzó por la Av. Gran Colombia hacia la Plaza de la Memoria de la Fiscalía General del Estado.
Archivo Inredh
Cerca de las 12:00, Purita Pelayo y Nebraska, representantes de la ‘Nueva Coccinelle’, conjuntamente con Pamela Chiriboga, asesora legal del colectivo y de Inredh, ingresaron a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia. Esta delegación mantuvo una reunión con miembros de la Comisión de la Verdad de este organismo. A la par, en los exteriores de la Fiscalía General, colectivos trans y organizaciones de derechos humanos apoyaban la denuncia con consignas de ¡Por la lucha de las personas trans del colectivo Coccinelle, sobrevivientes de graves violaciones por parte del Estado ecuatoriano, nadie se cansa!
El delito de persecución y lesa humanidad sanciona el ataque general y sistemático a una población civil, específica por razones de identidad y género, se encuentran tipificados en los artículos 86 y 89 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Para Pamela Chiriboga, asesora legal de Inredh, las historias que se encuentra en la denuncia configura el delito de lesa humanidad y persecución, es decir, “en el delito de lesa humanidad se nombran ciertos delitos que por separado prescribirían, pero dentro de este marco de ataque general y sistemático cobran mayor importancia y no prescriben; como por ejemplo la privación de la libertad arbitraria e ilegal. Mucho de ellas fueron privados de su libertad sin ser advertidos de sus derechos, ni en presencia de un abogado, ni con partes policiales que pudieran constituir como prueba de la privación, ni órdenes de detención. También fueron víctimas de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes amparados bajo un discurso estatal de peligrosidad, falta de moralidad y buenas costumbres. En la denuncia se registra relatos de violencia sexual como el haber sido acosado, violados con toletes u otras herramientas.
La activista trans Mary (nombre ficticio), es una de las sobrevivientes de estas vulneraciones, tal como la sufrió en 1987, en el gobierno de León Febres Cordero.
“Me encontraba como todo fin de semana en el Bar “Don Carlos”, situado frente al Coliseo Julio César Hidalgo junto a muchos gays y travestis conocidos y cerca de la media noche noté movimientos irregulares que venían desde la parte exterior del lugar, cuando sorpresivamente aparecieron un grupo de agentes policiales que con voz prepotente e injuriosa ordenaban a todos los presentes salir hacia la calle, ante lo cual y en forma apresurada muchos se deslizaron por una puerta trasera con dirección al vecindario; yo por mi parte me sorprendí al verme sostenida fuertemente del brazo por un policía nacional que inmediatamente me condujo hacia un vehículo con balde color celeste que en su parte lateral tenía una inscripción que decía “ Escuadrón Volante”. Inmediatamente me encontré al frente de otro agente, al parecer de grado superior que igualmente daba muestra de intolerancia hacia todas las presentes, al cual presenté mi cédula de identidad con la intención de que me dejara libre y él la tomó de mala gana para inmediatamente arrojarla cerca de un sifón; fue entonces cuando tuve que balancearme y subir estrepitosamente al balde del mencionado vehículo que ya se encontraba abarrotado de detenidos, porque en el ambiente solo se escuchaba trillar una voz que decía : “Suban maricones de mierda”.
En el trayecto hacia lugar “desconocido”, a todos nos colocaron boca abajo con la consigna de cerrar la boca y no decir ni mirar nada, y en ocasiones recibiendo algún puntapié y acompañado de malas palabras.
Ya en el CDP de la calle Rocafuerte formamos todos los detenidos fila india frente al portón antes de ser ingresados a los calabozos. Cuando ingresé al lugar, nos ordenaron continuar por un tétrico pasillo que terminaba en una puerta de celda de 2 x 3 metros, la cual al cruzar el umbral de la misma la encontré llena de detenidos que se encontraban acostado en el piso y no había dónde poner un pie ni tampoco dar un paso; no me quedó otra opción que ganar inmediatamente un espacio en el cuartito del baño donde había un taza húmeda y mal oliente, para sentarme y amanecer encogida y con dolor a los huesos hasta las seis de la mañana, hora en la cual alcanzamos a escuchar unos golpes en la puerta acompañada de una voz que decía: “ Salgan a la lista…cagas huevos””. Pasé ochos días detenida, sin que nadie me auxiliaría o me permitiera hacer alguna llamada telefónica. Al salir libre me sentí desvalida y sin fuerza, que hasta deseaba no haber nacido nunca”.
Violeta (nombre ficticio), era una travesti oriunda de Guayaquil, había llegado a la capital en1998 y ejercía la prostitución en el sector de La Mariscal y la “Y”, también se desempeñaba en el activismo político de la organización Coccinelle y Fundación Femis luego de lograr la Despenalización Homosexual. Ella fue asesinada y no se realizó una investigación pertinente.
“(…) era una travesti muy social y amiguera con quienes se rodeaba. Una madrugada del 2010 apareció un vehículo desconocido desde donde detonaron un disparo con arma de fuego, que le impactó en la cabeza, y la hizo desplomar inmediatamente al suelo desfallecida. No se supo de investigación alguna realizada por parte de las autoridades respectivas. Su muerte quedó en completa impunidad”.
Lucrecia (nombre ficticio), quien actualmente sigue luchando por justicia y verdad relata que también fue víctima de tortura:
“Empezaba el gobierno de Abdalá Bucaram y un sábado a la media noche me encontraba sirviéndome unas “canelas” con alcohol bajo el puente del Guambra, cuando súbitamente aparecieron dos patrulleros que en forma rápida y ordenada rodearon a tod
os los presentes; yo había logrado salir corriendo en la confusión y refugiarme a media cuadra del lugar dentro de un pequeño garaje, pero más veloz fue el agente policial afro ecuatoriano que me perseguía y me agarró de los cabellos y a empellones me sacó del lugar y yo desesperado me despojé de mi reloj pulsera y lo puse en sus manos con la esperanza de que me dejara libre, y me respondió : “¡Marica sucio… no ves que mi Sub, nos está observando!”. Luego tres travestis y yo fuimos embarcados a los patrullero y trasladados con dirección a los túneles de San Juan y antes de ingresar a ellos se escuchó una voz que gritó: “¡Aquí! Paren aquí… que a estos maricones los vamos a bañar” y ya cerca de la laguna artificial que se encuentra a un costado, nos hicieron bajar y sumergir a todo el grupo, bajo amenazas apuntando siempre su Gas pimienta hacia nuestros cuerpos, que de no introducir hasta las cabezas seríamos gaseados, ante lo cual y tiritando de frío; no nos quedó otra opción que obedecer. En el ambiente de la laguna y sus alrededores solo se escuchaban burlas y carcajadas de los agresores, para luego de algún tiempo dejarnos abandonados en el lugar con la consigna de no salir de la laguna después de un tiempo, caso contrario nos trasladarían a los calabozos del CDP de la ciudad”.
Esto se puede constatar, a partir de informes de organizaciones no gubernamentales, tales como Amnistía Internacional, por los testimonios del colectivo ‘Coccinelle’ o a través de los casos registrados por la prensa.
Frente a esto, Chiriboga afirma que la justicia ecuatoriana no ha dado una respuesta efectiva a las víctimas, dado que no se encargó de las investigaciones, de la judicialización ni de la sanción a los responsables, ya sean agentes estatales o privados. “La denuncia en el marco de graves violaciones de derechos humanos es la forma en que las víctimas pueden acceder a una justicia que les fue negada, a que conozcan la verdad de los hechos, que se sancionen a los responsables y que sean reparadas integralmente por vulneraciones que les afectan hasta el día de hoy”.
Se necesita “justicia, memoria y verdad no sólo para las víctimas sino para la misma sociedad ecuatoriana”, concluye la abogada.
Es por eso, que el colectivo Coccinelle exige, mediante esta denuncia, que se reconozca a los presentes hechos como una grave violación a los derechos humanos y que se la ponga en conocimiento a la Dirección de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General del Estado, en calidad de organismo competente en tratamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
Contexto:
En la década de los 80, 90 y 2000 las personas trans fueron víctimas de una persecución sistemática, estructural y continua. La violencia institucional se focalizó en las mujeres trans, por ejemplo, el Plan de Prevención de la delincuencia llamada “Más Seguridad”; de la fuerza pública acusaba a los grupos GLBTI+ de cometer “atentando al decoro y las buenas costumbres”, lo que se sancionaba con imposición de multas y no con privaciones arbitrarias a la libertad.
En respuesta a esta necesidad política de visibilizar la discriminación hacia las personas trans, travestis y gais, el colectivo ‘Coccinelle’, que lleva su nombre en honor a la actriz y cantante transexual francesa, Jacqueline Charlotte Dufresnoy (primera celebridad en cambiarse de sexo), exigió junto a otras activistas y defensoras/es de derechos humanos, que se eliminara el primer inciso del artículo 516 del Código Penal, que sancionaba con cárcel de 4 a 8 años las relaciones entre personas del mismo sexo.
Es así que, en agosto de 1997, las Coccinelle se organizaron y protagonizaron la toma pacífica de la Plaza de la Independencia y la recolección de las firmas que respaldaron la demanda ante el Tribunal Constitucional Ecuatoriano; acción que permitió que el 25 de noviembre de ese mismo año, el Tribunal de Garantías Constitucionales mediante Sentencia No. 111-97-TC declarara inconstitucional este artículo del Código Penal, presente desde 1938.
Producto de esto, las personas trans fueron víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e ilegales, violencia sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes, dentro de un ataque general y sistemático. A partir de estos eventos, varios de sus miembros emigraron y no hay mucha información sobre su paradero, pero de lo que se conoce las tres cuartas partes que conformaban la organización han muerto.