Conflicto shuar: la publicidad y la construcción de una realidad alterna

Ahora que tenemos un gobierno que está dando muestras de ser diferente, es necesario plantearse también el darse un baño de verdad y preguntarse si la forma en que el gobierno anterior trató el conflicto shuar fue la correcta o si solo fue un elemento más de la publicidad oficial que construyó una realidad alterna sobre varios hechos que han sido parte polémica de los diez años de su gobierno; quizá el más tergiversado y menos investigado es el conflicto que la nacionalidad shuar ha vivido durante la pasada década. 

En este ensayo no vamos a hablar de los desalojos para dar paso a la gran minería, que de por sí ya constituye una grave afrenta a la nacionalidad shuar, sino que deseamos preguntarnos sobre sus víctimas más visibles y, en este caso, sobre los muertos shuar en hechos violentos que involucra al Estado o son derivados de su política. Pero también preguntarnos sobre otra muerte, sufrida en el bando oficial, específicamente en la Policía; y otros heridos en los órganos estatales armados. Planteémonos las siguientes preguntas: 

¿Quién mató a Bosco Wisum?

¿Quién mató a Freddy Taish?

Quién mató a José Tendetnza?

¿Quién mató a José Luis Mejía Solórzano?

¿Quién atacó a una patrulla militar en el río Zamora?

Son cuatro muertes, tres de ellas shuar y una de un joven policía. 

Existió una verdad oficial construida desde el gobierno de Rafael Correa y ahora los fiscales locales siguen el curso que les señaló la publicidad oficial, pero los actores sociales que participaron en los hechos tienen otras versiones y probablemente son las que más se acer
can a la verdad que no se quiere descubrir.

Se mataron entre ellos mismo

La historia de Nankints es conocida: empezó con el despojo de territorio shuar, luego una recuperación del territorio por parte de las comunidades shuar y la fundación de Nankints en el 2006. En agosto del 2016,  un nuevo desalojo, un nuevo intento de recuperación territorial por parte de los shuar que desemboca en confrontaciones con la fuerza pública y luego en la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano. ¿Quién lo mató? El gobierno identificó inmediatamente un culpable: el pueblo shuar. 

El gobierno movilizó su maquinaria publicitaria y posicionó la idea de que el pueblo shuar es violento, que en su interior existen grupos armados y bien organizados con apoyo político externo; dictó el estado de excepción, con el que ratificó la peligrosidad del pueblo shuar. Esta maquinaria gubernamental silenció la posibilidad de descubrir la verdad; la Fiscalía y los servicios de inteligencia también siguieron la directriz gubernamental y, al terminarse los dos periodos de excepción, se quedaron con las manos vacías: no han encontrado a los violentos y no han encontrado al responsable de la muerte del policía manabita Luis Mejía, pues tampoco el gobierno obtuvo resultados con el plan de recompensas anunciado para quien de información sobre los responsables de la muerte del policía, ni tuvo resultado alguno con las detenciones realizadas, en las que se incluyó al entonces presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) Agustín Wachapá; tampoco parece que tendrá resultados con el plan de detenciones que tiene programado, en cuya lista están más de sesenta líderes shuar que ahora están en la clandestinidad, algunos de ellos ya están enfermos y se preguntan hasta cuándo van a tener que soportar esta situación.   

La publicidad fue tan potente que opera hasta en el imaginario del actual presidente Lenin Moreno, pues asegura que no dará amnistía si existen muertos, como es el caso del policía muerto en Nankints.

En un video publicado por el diario El País, de España, como parte del artículo titulado “Las despojadas de la correa del cobre” () a partir del minuto 5 se presenta otra faceta de los shuar, a propósito de la entrega de los militares que estaban retenidos en sus comunidades. Un shuar dice: “Nosotros no queremos desquites ni venganzas… nos dicen que somos incivilizados, pero vamos a demostrar que somos más allá de civilizados, con altura, con educación”; luego en el video se puede ver y escuchar la apreciación que tienen los militares sobre el pueblo shuar. Esto desmiente la versión belicista que tuvo el gobierno central, aun cuando en la confrontación de Nankints existió intercambio de disparos, pero de una asimetría escandalosa.

Pero qué pasa con el policía muerto ¿Quién lo mató? Con toda la parafernalia que se armó en su nombre y los listados de sospechosos a ser arrestados, se dejó de lado el análisis del hecho desde una mirada más lógica y de sentido común, tampoco se siguieron los indicios que brotaron de la investigación fiscal, pobre técnicamente, pero que ya daba algunas pistas interesantes y diversas al discurso oficial. 

Una primera pista lo da el comunicado que lanza “al país y al mundo” el pueblo shuar Arutam, el 4 de enero de 2017. Un párrafo de este comunicado dice lo siguiente:

“Por eso, hace 9 años les dijimos a la empresa que se vayan y recuperamos Nankints. Nueve años después, alguien le manipula al Presidente y le convence que antes de irse nos desaloje por la fuerza. Como no nos dejamos viene la violencia. Nos han culpado de la tragedia del compañero policía asesinado, pero nosotros no hemos dado ninguna orden de matar a nadie. En cambio el Gobierno, en lugar de conversar, mete miles de policías y militares a nuestras casas, a nuestra tierra, aterroriza y amenazan a nuestros hijos. Hasta donde yo sé, ninguno de nuestra tierra es francotirador ni posee armas que perforen cascos de ese tipo. ¿Por qué no investigan a fondo antes de perseguirnos, poner orden de captura a todos los jefes de familia? ¿Por qué en lugar de conversar con nosotros para investigar, detener e impedir la violencia, cerrarle las puertas a manos oscuras, nos ponen en Estado de excepción como las terribles dictaduras del Plan Cóndor, que el Presidente dice se está planeando de nuevo?”  ()

El planteamiento de Arutam es concreto: “dejen de perseguirnos y hablemos”. ¿Por qué el gobierno de Correa no mostró interés en conversar? Contrario a este pedido, se esforzó por mantener preso a Agustín Wachapá en una helada zona de la Sierra central ecuatoriana. La prisión de Wachapá desmoralizó a los dirigentes y muchos de ellos se alejaron de las posibilidades de diálogo, a pesar de que tenían evidencias que aclararían la muerte del policía Mejía.

Lo único que se logró conocer es que la bala que provocó su muerte solo podía provenir de un fusil de alto poder. El Ejército mostró huellas de balas en sus carros blindados y consolidó la idea de un “grupo armado” con una dotación de armas de grueso calibre. Así, el escenario favorable a la tesis gubernamental se había consumado. 

A pesar de la intención gubernamental de solo mostrar su versión, la real situación del pueblo shuar de Nankints se empezó a conocer cuando un grupo de periodistas de organizaciones sociales y de derechos humamos acompañados por periodistas extranjeros llegaron a la zona, sorteando el control militar y policial; también lograron entrar a la zona de Taisha en donde los shuar tenían retenidos a dos militares.

Los testimonios recogidos dan cuenta de que el enfrentamiento entre policías, militares y shuar tiene otro escenario. Los shuar no niegan que portaban escopetas de perdigones y que dispararon; también usaron carabinas que se cargan al viejo estilo de los arcabuces que vemos en las películas de piratas y usan balas caseras confeccionadas con latas de atún o sardina; balas que no tienen la fuerza suficiente para penetrar un casco policial y menos para provocar la herida que ocasionó la muerte del policía José Mejía. Las balas caseras de los shuar pueden provocar la muerte de una persona a una corta distancia y sin que la persona tenga equipo de protección, como los cascos o chalecos antibalas.

¿Entonces quién mató al policía? Los shuar también dicen que cuando huían luego de la frustrada retoma de Nankints, los policías disparan mientras los perseguían, pero añaden algo importante: los militares estaban detrás de los policías y también disparaban. Ellos aseguran que la bala que mató al policía es de dotación militar y fue disparada desde atrás. “Ellos fueron los que mataron al mismo compañero”, se asegura en un video en el que se presenta el testimonio de un shuar y que fue recogido por el grupo de periodistas que entró en Taisha (). En este video, a más de dar cuenta de cómo se disparaba desde atrás de los policías, y de que la bala traspasó el cráneo del agente de Estado de atrás hacia adelante, también da cuenta del uso de armas no convencionales por parte de los militares: “no sé qué tipo de arma es, pero una llamarada, que en unos cinco minutos quemaron todo eso, quemaron unas hectáreas”, dice el testimonio. 

¿Los militares usaron lanzallamas? ¿Qué usaron los militares? ¿Qué tipo de combustible usaron?

Con los testimonios recogidos podemos pensar que la maquinaria publicitaria del gobierno de Correa se movilizó para ocultar la acción gubernamental, en primer lugar el haber usado tácticas prohibidas en tratados internacionales que regulan los conflictos armados, como el uso de combustibles para desbrozar la selva aplicando una estrategia a la vieja usanza andina de quemar el páramo para cazar al conejo, parafraseada la frase sería como quemar la selva para cazar al shuar. 

Los militares pueden argumentar cualquier cosa o esbozar un escenario de máximo riesgo para su integridad física, pero eso no les da el derecho de usar armas incendiarias con el fin de desbrozar la selva para capturar a sus supuestos agresores. 

Un shuar está quemado en gran parte de
su cuerpo. El alega que volvió a la comunidad de donde fue desalojado y, entre muchos desperdicios militares, encontró una lata de combustible que pensó era gasolina, roció un poco en madera para hacer una fogata pero el combustible explosionó, quemándolo el 40% de su cuerpo. ¿El gobierno de Correa deliberadamente quiso que esto no se conozca y por eso echó a andar su maquinaria publicitaria?    

Por otra parte, nos quedan rondando preguntas sobre la muerte del policía: ¿Se sabe que la bala entró por atrás y salió por el frente de la cabeza del policía? ¿La autopsia puede corroborar esta versión? ¿Se ha encontrado la bala en cuestión? ¿Se trata de un accidente militar?

Si estos elementos están en poder de la Fiscalía, al menos queda una duda razonable sobre la no responsabilidad material de los shuar en esta muerte, aun cuando la confrontación se haya iniciado con un intento de recuperación de las tierras que les pertenecen.

Si hay esta duda razonable sería importante que la Fiscalía enrumbe la investigación de forma debida y llame a los shuar para dar sus versiones con las garantías suficientes de no ser criminalizados de manera previa. Mucho aportarían quienes están en la clandestinidad si el actual gobierno deja de verlos como delincuentes o como parte de un grupo armado que no existe.

Pero si todo esto se quiere ocultar, la mejor manera de hacerlo fue endosando a las comunidades shuar el apelativo de grupos violentos, con tal carga de publicidad que hizo mella también en los mismos policías que quedaron a la custodia de Nankints, pues pasan temerosos de que ellos puedan ser las próximas víctimas: “Yo no me saco el chaleco antibalas ni para dormir”, manifestó un joven policía, entre tanto otro dijo que si llegaban los shuar él saldría corriendo así le cueste la “baja” (salida deshonrosa de la Policía).Además, él se quejó que por el conflicto les habían suspendido las vacaciones de navidad y no pudo ir a ver a su familia.  

Ahora, a propósito del diálogo instaurado con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es necesario también enfrentar este tema con decisión, voluntad política, independencia y poniendo un equipo de trabajo que desee actuar con estas condiciones y objetivos, y con delegados que el gobierno ya envío anteriormente a esclarecer varios conflictos y no esclareció nada.

¿Será que el nuevo gobierno deja de lado el enmascaramiento de la verdad y se compromete con apoyar investigaciones que realmente tengan como objetivo el aclarar lo sucedido en esta confrontación?  También es necesario que el nuevo Ministro de Defensa y la nueva cúpula militar se comprometan con la búsqueda de la verdad. El saber la verdad puede llevar a la calma a los diversos grupos en conflicto y puede bloquear el interés de ciertos grupos que quieran beneficiarse políticamente de una nueva confrontación entre los shuar y el nuevo gobierno.

El oficial se volvió loco

En Nankints no fue la primera vez que el gobierno de Correa acudió a su maquinaria publicitaria para crear una verdad oficial, la que tuvo incluso voz en off propia, la de Douglas Arguello, que se volvió creíble a costa de diez años de cadenas oficiales de televisión.

La muerte de Freddy Taish se produjo el 7 de noviembre de 2013. Freddy fue joven shuar, padre de un niño de 15 días de nacido en ese entonces y esposo de una mujer casi ciega, de quien era su único sustento. Murió durante un operativo militar mal organizado y peor ejecutado, cuando una patrulla realizaba un operativo para requisar dragas con las que se efectúan labores mineras en el río Zamora, en la parroquia Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago. La bala que mató a Freddy es de dotación militar, de 9mm, y corresponde a una de las armas que llevaron los oficiales del Ejército en ese día. Aquí no hay como decir que los shuar se dispararon entre ellos, como en el caso de la muerte de Bosco Wisum, que lo trataremos más adelante.

Luego de la muerte de Freddy, el presidente Rafael Correa se refirió a ella, la calificó de “confusa” y no dio detalles, solo dijo:  “habrá que investigarse”. De ahí hasta su salida no volvió a referirse a la muerte de Freddy y se puso en marcha la propaganda oficial.

Por su parte, los militares y la ministra de Defensa de ese entonces, María Fernanda Espinosa, intentaron configura
r la existencia de un enfrentamiento entre Freddy y un pelotón de militares: uno contra veinte, al menos. La Conaie y las organizaciones shuar de la zona rechazaron la versión militar. Pasado el escándalo, los militares tampoco volvieron a pronunciarse sobre el tema y dejaron que la propaganda hable.

La propaganda empezó en la cadena sabatina del sábado 9 de noviembre de ese año conducida por el vicepresidente Jorge Glas en la que ya se da cuenta de una versión que se convertiría en el hilo conductor de las investigaciones y el discurso oficial. Glas también ofrece realizar una investigación: “nos comprometemos a investigar profundamente y con total transparencia esos hechos” dice Glas. Cuatro años después no ha pasado nada con las investigaciones ofrecidas.

En el video que se presenta en esta sabatina (), a partir del minuto 9, se encuentra ya un culpable a la que se la presenta en fotografía y de la que Douglas Arguello dice “después tendrá la participación más activa en el ataque armado” y que en las “imágenes inéditas se entiende qué mismo ocurrió”. A la final no se entiende nada, no se dice lo que ocurrió y ni tampoco se presenta a la persona en el ataque armado al que se refiere. La publicidad miente.

En las siguientes semanas se pasaron una serie de cadenas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en la que explican, a su manera, los hechos del 7 de noviembre de 2013 y promocionan los beneficios de la minería y la bondad de la empresa minera china Ecuacorriente.

El problema de la publicidad engañosa es que llega un momento en que se cae y aflora la verdad que se desea ocultar. Hoy en Gualaquiza, en la provincia de Morona Santiago, se sabe con lujo de detalles cómo fueron los incidentes que provocaron la muerte de Freddy Taish, se sabe del joven oficial que disparó; solo el fiscal del caso no lo sabe o se hace el que no lo sabe.

En los bares de Gualaquiza, basta tomarse un par de cervezas con cualquier militar que tenga franco para enterarse de los pormenores de la muerte de Taish. Ellos comentan cómo el joven militar que disparó paseaba desesperado junto al cadáver mientras sus compañeros intentaban calmarlo; comentan cómo lo sacaron esa misma noche en un auto negro, relatan cómo luego fue a un curso de comandos para su ascenso. Es interesante hablar con el motorista de una de las embarcaciones militares que participaron en el operativo, cuyo testimonio no ha sido requerido por el fiscal en su proceso investigativo.  

Lo que no está claro es quién atacó a los militares en el río Zamora, pero es evidente que fueron atacados con escopetas de perdigones y se quiso endilgar de este ataque a Jonhy Quiñónez, joven afro que ejercía la minería artesanal en la zona, pero Jonhy bajaba detrás de los militares y según los testimonios recabados el ataque fue desde una lancha que iba río arriba ( minuto 16).  Hay que insistir también en este hecho que, al igual que la muerte de Freddy Taish, no puede quedar en la impunidad.

Entonces, con un fiscal que no sabe nada y con los mandos militares que no colaboran con las pocas pericias que el fiscal intenta realizar, la verdad que se difundió en la publicidad oficial se ha transformado en una verdad que oculta la realidad y da paso a la impunidad. 

Al igual que en el caso Nankints, la pregunta que queda ahora es si el nuevo gobierno y la nueva cúpula militar dejan de lado el enmascaramiento de la verdad y se comprometen con una investigación seria e independiente.

Es obvio que las investigaciones de la Fiscalía encargada de los casos de Nankints y Taish no pueden avanzar en medio de la publicidad ya dada y por la presión militar ejercida, ya que en los dos casos está de por medio la acción militar; entonces, una forma de esclarecer la verdad se podría hacer a través de una comisión en la que participen fuerzas armadas, gobierno y sociedad civil, pero una comisión que de verdad quiera llegar a establecer hechos y responsabilidades para trasladarlas luego a la acción fiscal y no una comisión para ocultar los hechos o encontrar un chivo expiatorio, como lo fue la comisión en el caso de la muerte de Bosco Wisum, en septiembre del 2009.

Comisiones para ocultar todo

Como se recordará, en febrero 2009, la cuadragésima sexta asamblea anual de la Federación Shuar que convocó a 50 asociaciones que reúnen a más de 500 comunidades acordaron protestar por la implementación de las nuevas leyes de educación, minería y agua, y plegar a la movilización nacional convocada por la Conaie y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) ene se año.

El 30 de septiembre de 2009, durante el bloqueo de la carretera Macas – El Puyo, en el puente sobre el río Upano, provincia de Morona Santiago muere Bosco Wisum, profesor shuar muy reconocido por las comunidades. Cinco días después, en una reunión de la dirigencia indígena con el gobierno (), en donde se evidencia cómo la mal
a traducción que posee el gobierno tergiversa la propuesta shuar (minuto 20 en adelante), se acuerda investigar la muerte de Wisum y formar una comisión.

Luego de esta reunión se conformó la comisión con delegados del Ministerio de Justicia, la Conaie y la Comisión de la Verdad. Esta comisión no pudo concluir su mandato, pues el gobierno no acató las disposiciones y empezó a hacer público datos tergiversados, como los resultados del informe de autopsia realizada por técnicos extranjeros.

El informe en mención asegura que no es factible determinar el origen del disparo y solo se puede establecer la trayectoria interna del perdigón que mató a Wisum, pero el gobierno divulgó que fueron los shuar quienes mataron a Wisum y enjuició a su dirigente, Pepe Acacho, en clara venganza por la firme participación de Acacho en la reunión de Carondelet, en donde él evidenció como se tergiversa el discurso shuar.

Paralelamente, el gobierno de Correa enrumbó las investigaciones a su conveniencia y presentó dos testigos falsos que no pudieron sostener su versión durante las investigaciones y luego desaparecieron del proceso.

La falsedad de este proceso es otra de las afrentas que todavía sufre la nacionalidad shuar que reivindica los nombres de Bosco Wisum, Freddy Taish y José Tendentza como sus muertos, los que no han recibido una debida justicia.

Desde entonces, cada asunto grave ha merecido una comisión en la que ineludiblemente ha participado un delgado del Ministerio del Interior encabezando la supuesta investigación y ofertando soluciones para que la gente se calme, pero el asunto es que a la larga las ofertas de este funcionario no han llegado a nada.

En el caso de José Tendetza, asesinado el 3 de diciembre de 2014, también llegó esta comisión y ofreció una investigación diligente, pero es más que aberrante la forma cómo se llevó el proceso judicial para llegar a ninguna parte y dejar este crimen en la impunidad.

José Tendetza fue el más importante líder antiminero de la amazonia sur del país, su labor y ejemplo se había posicionado no solo entre las comunidades shuar, sino entre todas las organizaciones ecologistas del país. En esos días, Tendetza tenía previsto participar en una cumbre ecológica en Lima – Perú, en donde denunciaría las actividades ilegales de la empresa china Ecuacorriente que explota cobre en Cóndor Mirador, en la provincia de Zamora ().

Los principales sospechosos del asesinato de José Tendetza fueron dos trabajadores de la empresa china que fueron defendidos inicialmente por abogados de esta empresa. La Fiscalía fue tan negligente que invalidó pruebas que vinculaban a los sospechosos con el crimen. No sabemos nada del informe o la investigación que pudo elaborar el delgado del ministerio del interior y la comisión de ese entonces.

Es necesario ahora, con un nuevo gobierno y con una nueva cúpula militar, volver la mirada a estos sucesos y esclarecerlos, como un acto de justicia con el pueblo shuar y como una muestra de que realmente tenemos un gobierno que desea dar un giro a la prepotencia y apuesta a la paz, alejándose del odio que caracterizó a Rafael Correa.

Acción urgente de desplazamientos a comunidades indígenas del Ecuador 

Informe preliminar de la Misión in situ de Inredh a San Juan Bosco, Morona Santiago

23 a 27 de enero del 2017