Cuatro días de movilización por las personas desaparecidas y encontradas sin vida se desarrollan entre exigencias y compromisos

En el cuarto día de la Segunda Caravana por las personas desaparecidas y encontradas sin vida, las familias de personas desaparecidas se concentraron en los exteriores de la  Dirección de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) de Machala y de la Fiscalía de El Oro. En este recorrido iniciado el 28 de marzo se ha denunciado, entre otras cosas,  los cambios constantes de fiscales y agentes investigadores en los casos. 
En este plantón, desarrollado en la mañana de este jueves, 31 de marzo, se recordó a Luzmila Ramírez, joven de 18 años, que desapareció el 10 de octubre de 2016, cuando se dirigía a Machala para acudir a la Universidad Técnica Estatal de Machala, con el objetivo de inscribirse en la Facultad de Ciencias Médicas.
Para Alexandra Suárez, hermana de Luzmila, no se justifica la inacción de las autoridades, por eso, en la tarde de ayer, presentó un escrito que permitiría a la familia conocer cuál ha sido la actuación de la Fiscalía dentro de la investigación por la desaparición de la joven, quién cumplirá 24 años el próximo lunes, 4 de abril de 2022. 

En ese sentido, Suárez le explicó a la representante del departamento  de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal de la Fiscalía de El Oro, durante una reunión, que debido a los cambios de fiscales y agentes investigadores no se ha logrado, en estos cinco años, identificar una línea de investigación que aporte respuestas ni realizar una reconstrucción de los hechos.
Suárez sostuvo que dentro de la investigación han realizado tres exámenes de ADN, ya que el primero se dañó y el segundo se perdió. «Estás negligencias hacen que mi madre pase por tres veces un proceso muy doloroso».
Asimismo, en los exteriores de la Dinased denunció que hace dos semanas le comunicaron que había un cambio de agente investigador en su caso. Mencionó que la investigadora no conocía los hechos ni las diligencias realizadas.
«No es justo que me digan que mi hermana abandonó su sueño de estudiar por irse con un novio cuando yo vi cómo ella se desvelaba estudiando para sacar un buen puntaje para lograr ingresar a la universidad», enfatizó su hermana frente a la Dinased.
Dinased, ¿camino sin salida?
Desde hace 18 años, René Valenzuela no conoce el paradero de su padre, cuando manejaba el carro de la empresa para la que trabajaba entregando mercadería a tiendas.
La última persona que vio a su papá fue la pareja de ese entonces. «Existía un testigo -contó René- que podría dar información de los hechos, en los que podría estar involucrada la pareja, pero lo asesinaron».
Este miércoles, en la ruta desarrollada en la ciudad de Cuenca, René Valenzuela resaltó que «son más de dos años que no he tenido comunicación con un agente investigador».

Con la reunión gestionada en la Dinased de Cuenca, luego del plantón, pudo conocer que le fue reasignado un agente investigador. 
Por su parte, en la Fiscalía del Azuay, la nueva fiscal María Ledesma se comprometió a empaparse de los casos y conocer las líneas de investigación en el lapso de dos semanas para iniciar con el caso de la familia Valenzuela y luego de la familia Montenegro. 
Dayuma Amores, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), quien acompañó a los familiares a esta reunión, exhortó a las autoridades a que cumplan sus compromisos, que sigan con las líneas de investigación y que haya una coordinación con Dinased. «Es importante el trabajo interinstitucional como la ley establece. Además, es preciso aportar con respuestas claras que permitan conocer a las familias la verdad, hacer justicia y rescatar la memoria de sus seres queridos».
En la misma situación se encuentra Mariela Montenegro, quien busca a su familia desde hace 14 años. «Queremos respuestas, ya necesito respuestas, son 14 años que estoy en esta lucha y hasta cuándo tengo una respuesta de Fiscalía y Dinased». 
Su papá de 57 años, su mamá de 56 y su hermano de 37 fueron vistos por última vez en la casa de un tío en la ciudadela El Paraíso, en Cuenca, el 27 de junio de 2008. Desde entonces, no han regresado a su casa.
Para Rosita Bolaños, la Dinased también tiene un papel directo en la colaboración y en la recomendación de las actuaciones y diligencias. «Está coordinación debe ser de manera directa para continuar con la línea de investigación y avanzar en la búsquedas de las personas».
La familiar que tiene que buscar y notificar a la principal sospechosa
Mientras se desarrollaba el plantón en los exteriores de la Fiscalía de Chillanes, Gladys Villalba, madre de Smith Muñoz, denunció que la Policía le pidió que realice la citación para la toma de versión a la ex suegra de Smith.
Villalba, en su afán de que la investigación avance, fue al sector con los policías para entregarle la citación y no la encontraron. Luego, fue otras veces pero nadie le atendió en el domicilio.
Su hijo de 41 años, desapareció el 18 de marzo del 2017, en el recinto Santa Rosa de Agua Clara, cantón Chillanes, provincia de Bolívar, cuando supuestamente fue junto a tres amigos a una mina de oro.
Y la denuncia por su desaparición se receptó un año después de los hechos, debido a que la circunstancia en que desaparece Smith. El proceso está en investigación previa y el fiscal del caso ha llamado a versiones al padrastro de la ex esposa y el pasado miércoles tenía que acudir la ex suegra de Smith.
«Me preocupa que no la haya encontrado para entregarle la citación porque hasta esperar a que las autoridades la busquen no va a avanzar la investigación», resaltó Villalba.  
Dayuma Amores, asesora legal de Inredh, enfatizó que la notificación de las diligencias es obligación del trabajo interinstitucional de la Fiscalía y la Policía.
«Deben realizar las notificaciones de forma adecuada e investigar dónde están estas personas, pero llevar a la familiar a que le notifique a la principal sospechosa, eso es revictimizante», concluyó Amores. 

Cómo Asfadec e Inredh, organizadora de la Segunda Caravana, consideramos que a dos años de vigencia de la Ley Orgánica de Actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas, la revictimización sigue siendo un problema en la mayoría de casos. La falta de capacitación es preocupante y se ve reflejada en el trato que las víctimas indirectas reciben cuando exigen respuestas en sus casos.
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